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Consideran la decisión un ataque a los indígenas

Organizaciones sociales mexicanas de Chiapas denuncian que el BBVA les obliga a cancelar sus cuentas argumentando luchar contra el lavado de dinero

Fuentes: Rebelión

El pasado 19 de mayo, la asociación Enlace Civil A.C., con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, recibió una notificación notarial del gerente jurídico regional del, Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer, Adulfo Ruiz Hernández, informándoles de la obligación de cancelar sus cuentas bancarias en el plazo de 31 días. El gerente regional sólo dio […]

El pasado 19 de mayo, la asociación Enlace Civil A.C., con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, recibió una notificación notarial del gerente jurídico regional del, Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer, Adulfo Ruiz Hernández, informándoles de la obligación de cancelar sus cuentas bancarias en el plazo de 31 días. El gerente regional sólo dio como explicación que el banco «debía protegerse del lavado de dinero y que él solamente recibía indicaciones de lo que debía de hacer». Y que además «todos los bancos estaban haciendo lo mismo». Un mes antes, el mismo banco, también ordenó la cancelación de la cuenta de la Organización por la salud indígena maya del estado de Chiapas, la OSIMECH, una organización civil que se encarga de la formación de promotores de salud en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Sin razón y explicación alguna les dijeron que tenían que cerrar sus cuenta.

Según informa la propia organización, Enlace Civil es una asociación que trabaja, sin ningún afán de lucro, para apoyar a las comunidades indígenas zapatistas en los proyectos productivos, educativos, de salud, que éstas tienen. Sus actividades son totalmente legales y transparentes, está debidamente notariada, y además registrada ante la Secretaría de Hacienda, que por cierto nunca le ha otorgado el permiso para recibir donativos sin tener que pagar impuestos por éstos, es decir, está bajo un riguroso y permanente escrutinio por parte de las autoridades políticas y hacendarias del país. Toda la ayuda económica que recibe se destina directamente a las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, para ayudar en la construcción pacífica de mejoras materiales para las siempre olvidadas comunidades indígenas. Entre sus donantes se encuentra el gobierno vasco, la embajada de Finlandia, municipios italianos y ayuntamientos catalanes, así como cientos de pequeñas organizaciones solidarias, ongs, grupos culturales, deportivos, y hombres y mujeres de México y el mundo que hacen lo que el gobierno y partidos políticos no hacen, es decir, hermanarse con las comunidades indígenas, aprender de su enorme dignidad y resistencia ante el poderoso y caminar con ellas en la construcción de un México más justo y digno, donde el racismo, la discriminación y la miseria no sean más que una mala historia del pasado.

La organización denuncia que quienes sí aparecen en los diarios metidos en procesos judiciales por malos manejos financieros en México y otras partes del mundo, quienes se han beneficiado una y otra vez de su contubernio con un gobierno que hipotecó el bienestar de la mayoría, con fraudes millonarios que llevan el nombre legal de rescate bancario, acusan a quien nada tiene, las comunidades indígenas, de hacer lo que ellos mismos sí hacen». Según afirma Enlace Civil «con esta actitud racista y prepotente, también están acusando de «lavadores» a todos aquellos que contribuyen económicamente en la construcción de escuelas, de bodegas, de clínicas, de sistemas de agua potable, de electrificación, de bibliotecas, de bloqueras para la construcción de vivienda digna, de proyectos agroecológicos».

Aprovecha la organización para recordar «la forma tan ruin en que el mismo banco contribuyó en el saqueo a los ahorradores argentinos hace unos años, lo importante es dejar claro que ellos son los que mandan y que los indios, las mujeres, los jóvenes, los pensionados, los trabajadores, no son sino una variable prescindible para su grandes negocios».

Enlace Civil califica esta decisión de «pieza clave en la guerra declarada contra los pueblos indios» y acusa al Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer de estar «poniendo su granito de arena en la tarea de matar de hambre a miles de refugiados indígenas que recibían un poco de ayuda para las inhumanas condiciones en que tienen que sobrevivir día a día; para atacar a miles de niños que verán que sus programas de educación, vacunación y control de enfermedades curables se tendrán que suspender; para ir en contra de cientos de mujeres que por primera vez en su vida podían acudir a una clínica comunitaria, a parir o tratarse su salud en condiciones médicas respetables; para hostigar a miles de promotores de educación y salud, que sin recibir sueldo ni beneficio económico alguno, ya no podrán conseguir los materiales escolares y de salud que necesitan para ir cumpliendo con su labor comunitaria; para buscar cerrar las decenas de farmacias rurales que se quedarán sin abasto de las medicinas que se entregan de forma gratuita a los pobladores de las comunidades, para medio paliar las enfermedades de la pobreza que los asola; para buscar exterminar pues a miles de comunidades que se resisten día a día a seguir en el olvido y sin futuro alguno».

Por último, las organizaciones Enlace Civil, el Comité Eureka y el Fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México hacen un llamamiento «a todos aquellos que han apoyado y apoyan en la lucha pacífica de las comunidades indígenas zapatistas por construir un mundo más justo y digno, a todas y todos aquellos que no pueden ver más que con repulsión este escalamiento de la guerra de exterminio contra los pueblos indios, a que se pronuncien públicamente contra el Banco Bilbao Vizcaya-Bancomer, en México y en el mundo».