«En Pakistán apenas se conocían las desapariciones forzadas antes de que empezara la guerra contra el terror dirigida por EEUU; ahora son un fenómeno creciente, se han extendido más allá de los presuntos terroristas y afectan a nacionalistas baloches y sindis y a periodistas». La denuncia la hace Angelika Pathak, investigadora de Amnistía Internacional sobre […]
«En Pakistán apenas se conocían las desapariciones forzadas antes de que empezara la guerra contra el terror dirigida por EEUU; ahora son un fenómeno creciente, se han extendido más allá de los presuntos terroristas y afectan a nacionalistas baloches y sindis y a periodistas». La denuncia la hace Angelika Pathak, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Meridional, cuyo exhaustivo trabajo sobre el terreno es el eje del informe Pakistán, los Derechos Humanos, ignorados en la ‘guerra contra el terror’.
El informe de AI, publicado en todo el mundo, coincide con la aparición de las polémicas memorias del dictador paquistaní, Pervez Musharraf, en las que éste desvela que el Gobierno Bush le amenazó tras el 11-S con bombardear su país hasta devolverlo «a la edad de piedra», si no colaboraba en la guerra contra el terror.
EEUU exigía que rompiera relaciones diplomáticas con Kabul [era uno de los pocos países que había reconocido al régimen talibán] y que colaborara con la persecución de los muchos seguidores de Osama bin Laden asentados en zonas montañosas fronterizas con Afganistán.
En su libro En la línea de fuego Musharraf intenta justificar así la inmersión de lleno de su temible servicio secreto, el ISI (Inter-Services Inteligence) y de sus fuerzas de seguridad, en la guerra contra el terror lanzada por Bush a nivel planetario y por tiempo indefinido tras el 11-S. Dos décadas después de haber armado, financiado y entrenado a miles de muyaidín para que combatieran contra las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán, EEUU inició en ese escenario su guerra contra el terror contra los mismos a los que antes llamaba luchadores por la libertad.
Y tanto en aquella guerra que lideró EEUU en los 80 desde las sombras, sin arriesgar un solo hombre, como en la que lanzó contra el régimen talibán a partir de octubre de 2001, Pakistán estuvo a su lado como aliado clave. Para un país islámico como Pakistán, que su dictador de los 80, el general Muhammad Zia ul-Haq, se prestara a jugar un importante papel para reclutar y permitir el entrenamiento en su territorio de miles de muyaidín para una guerra santa contra el Ejército Rojo ruso, no era ninguna contradicción.
Sin embargo, para el general Musharraf -que llegó al poder a través de un incruento golpe de Estado en 1999- sí fue difícil justificar ante su pueblo que se unía a la cruzada de Bush junior para combatir a islamistas como los talibán o los miembros de Al Qaeda.
Máxime cuando esa participación en la guerra contra el terror supuso, como dice el informe de más de 100 páginas de AImnistía, con pruebas y testimonios, la masificación de las violaciones de los Derechos Humanos.
Las fuerzas de seguridad paquistaníes y numerosos cazarecompensas se sumaron rápidamente a la captura de supuestos terroristas, tras la oferta de cuantiosas recompensas hechas por las tropas de EEUU tanto en Pakistán como en Afganistán. «Más del 85% de las personas detenidas en Guantánamo no fueron aprehendidas por efectivos estadounidenses sino por miembros de la Alianza del Norte afgana [rival de los talibán], y su detención tuvo lugar en Pakistán [hacia donde se estaban pagando entonces recompensas de hasta 5.000 dólares por cada terrorista entregado a EEUU]».
En su informe, AI denuncia el uso sistemático de la tortura en Pakistán, las numerosas desapariciones, la total indefensión legal y la impotencia de los familiares que no tienen dónde acudir para reclamar por los suyos: «Agentes de Inteligencia de EEUU han interrogado o estado presentes […] en centros secretos de detención».
Musharraf, que hoy se declara víctima de las amenazas de Bush, no reconoce las violaciones de Derechos Humanos. Pero reivindica con orgullo que, desde el 11-S hasta junio pasado, ha dado muerte a 500 personas y detenido a 1.000… todas, por supuesto, terroristas.