Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Pakistán se está enfrentando cada vez a mayores presiones internacionales para que amplíe la estancia de los refugiados afganos, a los que trata de obligar a regresar a un país asolado por la guerra. El gobierno se muestra categórico frente a esas presiones. «Cuando el 31 de diciembre expire su estatus de refugiado, tendrán que marcharse», dice por teléfono desde Islamabad Habibulah Khan, secretario del Ministerio para las Regiones y Estados Fronterizos.
«Esto no es algo que llega caído del cielo para haber levantado tanto furor; era una estrategia diseñada y aprobada por el gabinete.»
Pakistán tendría que expulsar a tres millones de afganos, 1,7 millones de ellos registrados y más de la mitad viviendo en campamentos. Las familias de la mayoría de esos refugiados, y alrededor de 1,3 millones de afganos sin registrar, llevan en Pakistán más de treinta años.
Afganistán no está en absoluto preparado para una afluencia tan masiva.
Teniendo en cuenta la retirada de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Fuerza Internacional para la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés) prevista para el año 2014, Afganistán está batallando con toda una serie de problemas: frenando a la insurgencia, tratando de recuperar una economía colapsada e intentando controlar el creciente poder de los señores de la guerra.
Khan ha dicho también que los refugiados se han convertido en una amenaza para la ley y el orden y la estabilidad social.
Hayi Abdullah Bujari, portavoz de los refugiados afganos que viven en uno de los campamentos de refugiados más grandes, Campo Yadid, en la sureña ciudad portuaria de Karachi, se muestra indignado: «Nuestras colonias de afganos son más pacíficas que todo Karachi. Debería comprobarlo antes de hacer esas irresponsables declaraciones que no tienen base alguna», dijo a IPS.
Bujari, un líder tribal afgano ya mayor y muy respetado, lleva en Pakistán treinta años y divide su tiempo entre su tienda de electricidad y el trabajo social que realiza. Tiene esperanzas de que permitan una prórroga, una tercera prórroga. «No estoy diciendo que no nos vayamos a ir pero precisamente en estos momentos Afganistán es débil y no podrá asumir esta carga».
Amanullah Mughal, de 36 años, también refugiado, lleva varios años trasladando a los refugiados hasta la frontera. «No quiero irme a Afganistán», dice a IPS. «Necesitaré de otros treinta años para reasentarme allí».
Tenía alrededor de ocho años cuando llegó a Karachi desde un pueblo en Kunduz, una provincia situada al norte de Afganistán, ahora Mughal tiene nueve niños, todos nacidos en Pakistán. Nunca han puesto un pie en suelo afgano y consideran que Pakistán es su país. Por desgracia, los pakistaníes no lo ven de la misma forma.
Por tanto, cuando su tarjeta de registro expire, les considerarán ilegales si permanecen en Pakistán.
Bilal Agha, alto ayudante de campo de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) dijo a IPS que la devolución de refugiados constituye un grave delito. La ley les garantiza protección para que nadie pueda ser devuelto al país de donde salió cuando su vida o libertad pueda hallarse en peligro.
«Ninguno de los actores internacionales que trabajan con los refugiados va a aceptar esa decisión», dijo Agha a IPS. «El ACNUR tiene muy claro que nadie podrá ser devuelto a la fuerza si no está dispuesto a repatriarse de forma voluntaria».
Agha añadió que el ACNUR tratará de garantizar la seguridad de los refugiados afganos una vez que expiren las tarjetas de registro. Dijo que la agencia para los refugiados seguirá estrechamente la situación a través de sus socios y de las comunidades de refugiados.
«Ya están poniendo tras las rejas a algunos afganos indocumentados», dijo Agha, «en virtud del Acta de Extranjeros de 1956″. Después de cumplir la sentencia se les deporta y entrega a las autoridades afganas en la frontera, en presencia de representantes del consulado afgano en Pakistán».
Bujari se sonríe ante la realidad que hay tras esas medidas. «Las puertas están siempre abiertas, y la gente a ambos lados de la frontera puede ir y venir todo el tiempo», dijo. Pakistán ha tratado de registrar a todos los afganos que viven en su país, pero es incapaz de impedir que la gente entre a través de la porosa frontera.
Mughal vive también en Campo Yadid, en el distrito administrativo de Malir, en Karachi. El campamento está en la ciudad de Gadap, donde vive y está registrado el 80% de los 70.000 refugiados afganos en Karachi.
«A la mayoría de los afganos que viven en él se les contrata a diario como asalariados. Trabajan en el tejido de alfombras, en la industria del cuero, en piscifactorías y en trabajos de reciclado», dijo a IPS Agha Azam, coordinador de la Célula de Repatriación de los Refugiados Afganos del gobierno. Lleva nueve años dirigiendo el Centro para la Repatriación Voluntaria de la ciudad de Gadap y su trabajo consiste en registrar y facilitar la repatriación de los refugiados afganos.
«Porque la repatriación es algo absolutamente voluntario, no podemos animarles a que se vayan», dijo.
Azam dijo que, desde comienzos de año, el centro había enviado a alrededor de 2.600 afganos de Karachi hasta la frontera afgana. A cada uno se le da una ayuda de 150$USA en efectivo. Dijo que no podía decir cuántos refugiados vuelven a través de la misma frontera.
Los refugiados señalan las casas que han ido construyendo con el correr de los años. «En los años de la década de los ochenta, esto era un páramo y vivíamos en tiendas de campaña. Como no había paredes, las serpientes y los escorpiones mordían a menudo a nuestros niños. Solo recientemente hemos podido construir casas de barro», dijo Hayi Abdullah Bujari, señalando la destartalada barriada de Campo Yadid.
Muchos de esos asentamientos de refugiados carecen de unas instalaciones sanitarias y educativas mínimas. Pero a pesar de tan terribles condiciones, la mayoría no quiere irse a un país que puede que sea el suyo pero que apenas conocen.
Fuente: http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/NH07Df02.html