El presente artículo se inserta en el trabajo del Grupo de Investigación de Movimientos Sociales del Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que tiene como objetivo la propuesta de una Agenda Alternativa de Cooperación vinculada a los Movimientos Sociales Emancipadores. Partiendo de la premisa de la relevancia de los movimientos sociales como […]
El presente artículo se inserta en el trabajo del Grupo de Investigación de Movimientos Sociales del Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que tiene como objetivo la propuesta de una Agenda Alternativa de Cooperación vinculada a los Movimientos Sociales Emancipadores. Partiendo de la premisa de la relevancia de los movimientos sociales como sujetos de emancipación, se están dando los primeros pasos en un itinerario de investigación que pretende: definir un marco teórico que identifique las características que potencian la capacidad emancipadora de los movimientos sociales; analizar críticamente las lógicas, parámetros e hitos que marcan la cooperación para el desarrollo presente y futura; analizar en profundidad la relación actual entre cooperación para el desarrollo y movimientos sociales, y, finalmente, establecer y generar parámetros alternativos para una nueva agenda que incida específicamente en fortalecer las capacidades emancipadoras de los movimientos sociales. Este texto es un insumo inicial a todo este proceso.
Los movimientos sociales no sólo se han consolidado como actores políticos significativos en todos los ámbitos -local, estatal, regional, global- sino que son además sujetos estratégicos de todo proceso de cambio social. Así, frente a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, donde la modernidad capitalista y sus agentes están en entredicho (crisis del capitalismo, de la democracia representativa, del Estado-nación, de la idea de progreso), consideramos que son fundamentalmente [1] los movimientos sociales los agentes que están proponiendo nuevos imaginarios y marcos interpretativos para entender y cambiar el mundo, en base a agendas diversas y amplias; que son sujetos con capacidad para movilizar a la ciudadanía, prefigurando y aplicando nuevas formas de democracia participativa; que son entidades que toman parte activa en todas las arenas políticas locales y globales, sin rehuir el conflicto y la confrontación a las que está abocado todo cambio significativo como el que plantean; que son, en definitiva, sujetos clave para transitar hacia sociedades participativas, diversas, igualitarias y equilibradas.
Es precisamente la constatación de la estrecha relación entre cambio social y movimientos sociales la que hace difícil entender el profundo desencuentro que sufren en la actualidad movimientos sociales y cooperación para el desarrollo. Si la cooperación al desarrollo es una política pública internacional que pretende fomentar el desarrollo humano, erradicar la pobreza estructural, avanzar, en defi- nitiva, en términos de transformación hacia escenarios de mayor justicia y equidad, parece extraño que los movimientos sociales no sean un actor prioritario de dicha política. Las razones de este desencuentro pueden ser múltiples y van a ser estudiadas en profundidad en el proceso de investigación. Más que centrarnos en ellas, lo que defendemos en este artículo es que las tendencias actuales en la cooperación para el desarrollo hacen aún más compleja esta relación. Así, parece que entramos en una nueva fase que podríamos caracterizar como «la transición del paradigma del desarrollo humano al paradigma del capitalismo inclusivo» [2], en la que se complementan los tres grandes hitos que marcan la agenda actual: las Alianzas Público-Privadas (APP), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Declaración de Paris sobre Eficacia de la Ayuda (2005). El capitalismo inclusivo «consiste en tratar a los pobres como clientes para ayudarles a mejorar sus vidas mediante la producción y distribución de productos y servicios que sean sensibles a las diferencias culturales, sostenibles ambientalmente y económicamente rentables» [3]. Este concepto nos da las claves para caracterizar la actual cooperación para el desarrollo, con tres lógicas complementarias:
I. Se vuelve a situar al crecimiento económico como variable central -el desarrollo humano no negaba su relevancia, pero preconizaba su interrelación con el conjunto de dimensiones que generaban oportunidades y fortalecían capacidades. Así, se fortalece la prioridad otorgada a las empresas transnacionales, a través de la estrategia de incluir a los y las pobres (la base de la pirámide) [4] en la sociedad de consumo, en una supuesta estrategia win-win de lucha contra la pobreza y de rentabilidad empresarial.
II. Se reduce el ámbito de la cooperación para el desarrollo a las dimensiones menos conflictivas y más vinculadas al crecimiento económico, donde puedan actuar conjuntamente todos los actores prioritarios de cooperación (empresas, instituciones y ONGD). Así, siguiendo los ODM, pudiéramos caminar hacia una ecuación en la que cooperación al desarrollo es igual a crecimiento económico (inclusivo) más necesidades sociales básicas (educación, salud, infraestructuras sociales, etc.), reduciéndose los espacios para procesos de derechos humanos, empoderamiento, participación, investigación crítica, denuncia, etc.
III. Se limita la relevancia de la participación de la sociedad civil organizada en la definición y práctica de la cooperación para el desarrollo, en pos de una supuesta mejora en la calidad y la eficacia de la ayuda -base de la Declaración de París-, de la mano del actuar conjunto de Estados y empresas, y con un papel subordinado de las ONGD.
Para entender las claves de estas lógicas de regresión en la cooperación, podemos situar la génesis de toda esta nueva fase en el peso creciente que las empresas transnacionales han alcanzado en la actual arquitectura económica internacional. Éstas, una vez conseguido su papel prioritario en el marco de la globalización neoliberal, pusieron en marcha una estrategia voluntaria y unilateral de legitimación social, conocida como Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que se aprovechaba de la asimetría entre lex mercatoria internacional -derecho fuerte- y la legislación en torno al marco internacional de derechos -derecho débil- para aparentar compromiso social frente a su objetivo fundamental de maximización de ganancias. Actualmente, y por efecto de la crisis, la RSC avanza hacia una segunda etapa, cuyo enfoque combina las habituales estrategias filantrópicas de marketing solidario con un nuevo reto: extender los negocios empresariales a las comunidades más pobres, con el fin de llegar a un mercado compuesto por las dos terceras partes de la población mundial fuera de la sociedad de consumo. En este sentido, los sectores empobrecidos son tenidos en cuenta por las grandes corporaciones en tanto que potenciales consumidores, para los cuales se diseñan diferentes estrategias y esquemas de negocio. La actual crisis y la sempiterna lógica de acumulación permanente lleva a las transnacionales a buscar nuevos mercados donde obtener ganancias, viendo la potencialidad de las personas en situación de pobreza como consumidoras y clientas, con la pretensión además de que esta inclusión en el mercado les saque de la pobreza.
Es aquí donde entra en juego la cooperación para el desarrollo como herramienta eficaz y necesaria. Las empresas transnacionales amplían su participación en la cooperación para el desarrollo -siempre han estado-, buscando, por un lado, la legitimación y el apoyo institucional que ofrece una política pública de lucha contra la pobreza, para, por el otro, obtener rentabilidad empresarial. Así, además de utilizar los instrumentos habituales de la cooperación, las empresas transnacionales están participando activamente en la gestación de otros nuevos, entre los que destacan las APP, de las que ya hay experiencias piloto y propuestas estratégicas explícitas [5]. Las APP se basan en el trabajo conjunto, complementario y triangular de instituciones públicas, empresas transnacionales y ONGD, pretendiendo sumar identidades diversas, trabajando conjuntamente en pos de la lucha contra la pobreza, pero desde el paradigma del capitalismo inclusivo, en el que todos los actores ganan. Los Estados generan un efecto palanca sobre el resto y, con una pequeña inversión, promueven una cantidad mayor de fondos privados de las empresas transnacionales -frente a los fondos públicos que ahora escasean-; las empresas se benefician de la intervención pública a la hora de tener acceso a mercados y a tener un diálogo más fluido con gobiernos receptores y comunidades locales, y las ONGD acceden no sólo a fondos públicos -en retroceso- sino también a privados -en expansión-, y confieren legitimidad social y saber hacer al conjunto de la alianza.
En definitiva, estos nuevos instrumentos en ensayo, basados en la RSC, restan «significado político al concepto de responsabilidad, despojándolo de la idea de cambio social y de conflicto, con lo que se convierte en grupos de interés a los diferentes actores sociales. Y no sólo eso, sino que también se contribuye a desviar la solidaridad hacia ámbitos que no son conflictivos con las multinacionales, se neutraliza la presión que las ONGD puedan desarrollar a favor de la exigibilidad jurídica de responsabilidades, y se bloquean las reivindicaciones sociales a través de la dependencia de la financiación de proyectos. El pacto tácito entre la empresa financiadora y la ONGD, sobre la búsqueda de asuntos que no sean políticamente sensibles y sobre los que exista un amplio consenso, invisibiliza la existencia de conflictos y los maquilla con proyectos sociales en otros ámbitos» [6].
Ésta es precisamente la segunda característica que apuntábamos anteriormente: la limitación de la cooperación a ámbitos no conflictivos, dinámica reforzada por la hegemonía alcanzada por los ODM en la cooperación para el desarrollo. Estos han tenido un impacto negativo en la consideración de la pobreza, por un lado, como una realidad ahistórica y estrictamente nacional -sin tener en cuenta las dinámicas y estructuras globales que la sustentan- y, por el otro, como algo vinculado únicamente con las necesidades sociales básicas (NSB), núcleo central de los ODM. Sin entrar en profundidad en el análisis de los ODM si queremos apuntar que han influido en la limitación de la cooperación para el desarrollo a las NSB, lógica que, sin estar directamente vinculada al capitalismo inclusivo, entronca perfectamente con éste. En primer lugar, las NSB otorgan legitimidad a la supuesta lucha contra la pobreza a través del crecimiento económico, a modo de compensación social, y, en segundo lugar, no es comprensible ni posible el crecimiento sin formación, sin infraestructuras básicas, etc.
Finalmente, y como tercera tendencia complementaria, destacamos la regresión en la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas e iniciativas de cooperación. No sólo se trata de que los movimientos sociales no tengan cabida en estas dinámicas regresivas, alejadas de su identidad y prácticas, sino que también las ONGD pierden relevancia -no tanto como ejecutoras de iniciativas, pero sí como entidades que inciden en las decisiones- frente a los Estados y las empresas. Precisamente la Declaración de París ahonda en este sentido, ya que, según los cinco principios que dan consistencia a la declaración (apropiación, armonización, alineación, gestión por resultados, mutual responsabilidad) se establecen una serie de metas e indicadores, únicamente relativos a los Estados, que refuerzan el papel de éstos (tanto donante como receptor) a la hora de definir las políticas y las iniciativas de cooperación. De esta manera, se genera un refuerzo de la cooperación interestatal, sin mención alguna a las sociedades civiles organizadas como actores, ni como sujetos necesarios para establecer y definir las prioridades de la cooperación. A su vez, se invisibiliza el conjunto de la cooperación descentralizada, sobre la que no se hace mención alguna, y que, por tanto, desaparece del mainstreaming de la agenda. A pesar de que esta situación se pretendió solventar en el Segundo Foro de Alto Nivel de Accra (2008), con una Agenda de Acción que otorgó más relevancia a la participación activa de la sociedad civil y de las instituciones públicas locales, las metas y los indicadores cuantitativos establecidos en París no se alteraron en absoluto, con lo que Accra no deja de ser una declaración de intenciones, que no ha conseguido revertir el concepto de eficacia emanado de París.
En definitiva, analizando en conjunto las tres tendencias, autónomas pero complementarias, que confieren identidad a esta nueva etapa de capitalismo inclusivo, creemos que la agenda camina hacia la corporativización de la cooperación para el desarrollo, alcanzando las transnacionales, junto a los Estados, un papel prioritario; dirigiendo la agenda hacia ámbitos poco conflictivos (crecimiento económico y NSB), y limitando a su vez la capacidad de incidencia y decisión de la sociedad civil organizada.
Se trata, por tanto, de una coyuntura en la que, si las tendencias se confirman, parece muy poco probable que puedan converger los caminos de la cooperación para el desarrollo y de los movimientos sociales, cuya idiosincrasia no parece ser coherente con dichos rumbos. Así, esta constatación no hace sino más necesaria una completa revisión de la actual agenda de cooperación para, desde los movimientos sociales pero también desde otros actores y enfoques, conferir a la cooperación para el desarrollo un carácter realmente emancipador.
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es integrante del Grupo de Investigación de Movimientos Sociales del Instituto Hegoa.
Este artículo ha sido publicado en el nº 49 de Pueblos – Revista de Información y Debate, especial diciembre 2011.
Fuente: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article2311
Notas
[1] No olvidamos la diversidad de movimientos sociales existentes y su difícil categorización.
[2] Pedro Ramiro, «Alianzas público-privadas para el desarrollo: ¿hacia un capitalismo inclusivo?», XIII Reunión de Economía Mundial, Donostia, 2011.
[3] C.K. Prahalad y S. Hart, «The Fortune and the Bottom of the Pyramid», Strategy+business Magazine, 2002.
[4] Ibidem.
[5] Nos referimos por ejemplo a algunas iniciativas piloto en Perú y a la apuesta estratégica en el Plan Director de la Cooperación Española.
[6] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.), El negocio de la responsabilidad, Barcelona, Icaria, 2009.