Alvaro Saravia, el ex capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña acusado de orquestar el asesinato del arzobispo de El Salvador Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1985, rompió su silencio de 26 años para pedir perdón a la Iglesia por la muerte del popular líder religioso en proceso de canonización. Durante una entrevista exclusiva con […]
Alvaro Saravia, el ex capitán de la Fuerza Aérea salvadoreña acusado de orquestar el asesinato del arzobispo de El Salvador Oscar Arnulfo Romero en marzo de 1985, rompió su silencio de 26 años para pedir perdón a la Iglesia por la muerte del popular líder religioso en proceso de canonización.
Durante una entrevista exclusiva con El Nuevo Herald en un lugar de América Latina que pidió que no fuese mencionado por su seguridad personal, Saravia dijo que está dispuesto a señalar a responsables impunes del magnicidio que desató una sangrienta guerra civil en ese país.
»Ellos están gozando una vida libre de remordimientos habiendo sido los más comprometidos», aseguró Saravia, quien fue lugarteniente de Roberto D’Aubuisson, el fallecido líder ultraderechista creador de los escuadrones de la muerte y fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), actualmente en el poder.
En cuanto a su perdón, afirmó Saravia, «es una obligación moral que tengo como ser humano con la sociedad, con la Iglesia y con mi propia persona»
De ser aceptado su mensaje de arrepentimiento, agregó, se presentará ante el arzobispo de San Salvador, monseñor Fernando Sáenz Lacalle.
Desde San Salvador, Sáenz Lacalle dijo a El Nuevo Herald que recibía con alegría cristiana y sorpresa el mensaje.
»Dios siempre perdona cuando hay verdadero arrepentimiento y deseo de reparar, qué bueno que alguien que tiene sobre sus conciencia una carga tan grande pueda descargarla y encontrar la paz y la amistad de Dios», expresó el prelado.
Las revelaciones del ex militar podrían facilitar la identificación de otros responsables del crimen que no han sido acusados, según Almudena Bernabeu, abogada del equipo del Center for Justice and Accountability (CJA), que en septiembre de 2005 logró que un juez federal de ese estado condenara civilmente a Saravia por su papel en el crimen.
»Si el señor Saravia quiere hacer la paz consigo mismo y con El Salvador, debería cruzar el umbral y decir quién mató a monseñor Romero, quién disparó el arma», afirmó la abogada de esa organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco, California.
Saravia afirmó a El Nuevo Herald que la respuesta a esa y otras interrogantes serán parte de un libro de memorias que está escribiendo.
»Un día hablaré a calzón quitado. Si yo quiero un perdón que sirva tengo que decir la verdad, no voy a decir mentiras, y con las consecuencia que ella tenga», advirtió Saravia.
Monseñor Romero, quien se había convertido en un arrojado y pertinaz crítico de los abusos de los derechos humanos en El Salvador a través de homilías dominicales transmitidas por la radio a todo el país, murió hace justamente 26 años después de recibir un impacto de bala que fue disparada desde un automóvil frente a la pequeña capilla de la Divina Providencia donde celebraba misa. Tenía 62 años.
Las pruebas y testimonios obtenidos por la Comisión de la Verdad designada por Naciones Unidas en 1992 para investigar los crímenes durante la guerra civil de El Salvador, y las que surgieron durante el juicio civil en Estados Unidos, apuntan a que el crimen fue ordenado por D’Aubuisson, quien estaba en pie de guerra contra el comunismo en la región con el apoyo del gobierno de Estados Unidos.
»Quisiera que tomaran en cuenta que estábamos en un período de guerra», explicó Saravia. »Podríamos haber estado muy confundidos en las acciones que hacíamos, pero creíamos fielmente en lo que estábamos haciendo y la cara de enemigo la mirábamos en él, [monseñor Romero]», afirmó.
De acuerdo con los testimonios rendidos durante el juicio, Saravia coordinó importantes aspectos del crimen tales como la asignación de su conductor personal, Amado Antonio Garay, para manejar el automóvil desde el que el sicario disparó, la consecución del arma y el pago de dinero al asesino.
Quizás la prueba más comprometedora en contra de Saravia y que refleja su amplio conocimiento de las operaciones del entorno de D’Aubuisson, es una agenda que fue confiscada al ex militar en un allanamiento a una finca cercana a San Salvador en mayo de 1980.
En ese diario están registrados pagos a militares de línea dura relacionados con los escuadrones de la muerte, contactos con empresarios que respaldaban a D’Aubuisson; compra de armas, chalecos antibalas, silenciadores y miras para visión nocturna, así como nombres y teléfonos de miembros del grupo entre quienes podría estar el sicario que mató a Romero.
Durante las audiencias de la corte de California, el sicario fue descrito por Garay como un hombre alto, de barba, quien durante el recorrido hacia la capilla comentó, según Garay, que »no podía creer» que se dirigiera a «matar a un cura».
Saravia dijo a El Nuevo Herald que conoce perfectamente la identidad del tirador, pero que necesita garantías de seguridad para identificarlo.
Saravia, de 60 años, no afronta cargos penales en ninguna corte de Estados Unidos ni de Centroamérica. En El Salvador está protegido por una cuestionada amnistía general concedida a partir de los acuerdos de paz de 1992 a los actores del conflicto civil que azotó a ese país durante 20 años y que dejó un saldo de más de 75,000 muertos.
El único señalamiento judicial en su contra fue la decisión del 2004 del juez Oliver Wanger del distrito de Fresno, quien lo condenó a pagar una indemnización de $10 millones a familiares del sacerdote no identificados por la demanda por razones de seguridad.
Los familiares se acogieron a una antigua ley estadounidense –promulgada en 1789– que concede a los sobrevivientes de abusos cometidos en cualquiera parte del mundo »en violación de la ley de las naciones» el derecho a buscar un resarcimiento del daño en cortes de este país.
Al momento de iniciarse el proceso civil, Saravia residía en Modesto con una compañera con quien se dedicaba al negocio de la compra y venta de oro y automóviles. Anteriormente había vivido con su esposa Lorena en Miami, donde tuvo diferentes oficios, entre ellos como pizzero en Kendall.
A finales de noviembre de 1987, Saravia fue arrestado en Miami con fines de extradición por petición del gobierno de El Salvador. Pero en enero de 1989 fue liberado como resultado de una controversial decisión de la Corte Suprema de ese país, controlada por D’Aubuisson, que halló ilegal la solicitud de extradición.
D’Aubuisson murió de cáncer en febrero de 1992.
En California Saravia fue juzgado en ausencia dado que, según documentos de la corte, no fue posible entregarle una notificación del juicio en su residencia.
El ex militar explicó que en la época en que se inició el juicio había abandonado Estados Unidos por disputas con su compañera.
El juez Wanger determinó que el asesinato de Romero constituyó »un crimen contra la humanidad», dado que fue parte de un amplio y sistemático ataque contra la población civil por parte de un gobierno que se proponía «perpetuar la oligarquía y el poder militar».
Tras leer algunos de los documentos del juicio durante la entrevista con El Nuevo Herald, Saravia aseguró que si bien él jugó un papel en el crimen, hay varias personas influyentes y poderosas que no han sido señaladas.
»Se van a dar cuenta hasta dónde llega mi participación, y cómo me han involucrado a mí en cosas de las que no fui responsable», afirmó Saravia. «Pero, claro, como soy el único, al perro más flaco se le pegan las pulgas».