Los choques cada vez más frecuentes entre parlamento unicameral de Irán y el presidente, Mahmoud Ahmadineyad, podrían derivar en una profunda crisis política. Por ahora han sido ineficaces los tímidos intentos del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, de distender el conflicto pidiéndole a ambas partes que dejen de lado sus […]
Los choques cada vez más frecuentes entre parlamento unicameral de Irán y el presidente, Mahmoud Ahmadineyad, podrían derivar en una profunda crisis política.
Por ahora han sido ineficaces los tímidos intentos del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, de distender el conflicto pidiéndole a ambas partes que dejen de lado sus diferencias y muestren unidad frente las presiones y los enemigos externos.
Los desdenes de Ahmadineyad a la legislativa Asamblea Consultiva Islámica (los «Mayils») han tomado varias formas, comenzando con su negativa a implementar ordenanzas que según él fueron aprobadas mediante un procedimiento que violó la Constitución.
El proceso legislativo en Irán es en verdad bastante engorroso, pero la objeción de inconstitucionalidad hecha por Ahmadineyad parece infundada. La carta magna de la República Islámica, enmendada en 1989, establece claramente que los Mayils son la fuente de toda legislación.
Por su parte, el Consejo de Guardianes (órgano consultivo integrado por teólogos y juristas) confirma si las normas aprobadas son constitucionales y van de acuerdo con la fe islámica.
Si ese órgano rechaza un proyecto de ley, el parlamento generalmente acata. Pero en caso de una controversia se puede derivar el tema al Consejo para el Discernimiento del Interés del Orden Islámico, también conocido como Consejo de Conveniencia.
Como sugiere su nombre, esa institución puede decidir a favor del parlamento si entiende que la legislación sirve a los intereses generales del país.
El Consejo de Conveniencia ha respaldado leyes en el pasado referidas a diversos temas, desde elevar la edad mínima de matrimonio para las mujeres hasta el fomento de las inversiones externas.
Este complicado sistema se gestó en 1988, cuando el fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, creó el Consejo de Conveniencia para resolver una disputa política entre el parlamento, dominado por la izquierda, y el conservador Consejo de Guardianes. Una revisión constitucional en 1989 ratificó el procedimiento.
Ahmadineyad ahora desafía este proceso negándose a entregar fondos aprobados por los Mayils para el sistema de trenes del país, y que fueron avalados por el Consejo de Conveniencia. Su argumento es que este último órgano no tiene autoridad constitucional para obligar al gobierno central a hacer un desembolso.
Por supuesto, hay también motivos políticos involucrados. Aunque es miembro del Consejo de Conveniencia, Ahmadineyad se ha negado a participar de sus reuniones en los últimos 17 meses debido a un abierto conflicto con el jefe máximo de ese órgano, el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-1997).
Ni lento ni perezoso, Rafsanjani realiza frecuentes sesiones del Consejo e invita a fotógrafos a tomar imágenes del asiento vacío de Ahmadineyad.
El centro de la controversia es un proyecto de ley de 2009 que destina 2.000 millones de dólares a las líneas de tren metropolitano en todo Irán. Aunque el proyecto fue rechazado por el Consejo de Guardianes, el Consejo de Conveniencia respaldó al parlamento en marzo pasado.
El tema ha causado tensión política especialmente porque Mohsen Hashemi, hijo de Rafsanjani, preside la organización que co-administra el metro.
La negativa del jefe de gobierno a entregar los recursos llevó a que Ali Larijani, presidente de los Mayils y enemigo político de Ahmadineyad, transmitiera directamente en julio la aprobación de la ley a los ministerios involucrados.
Jamenei sostuvo que la ley era constitucional, y el Consejo de Guardianes concluyó que no contaba con «instrumentos legales» para impedir su implementación luego de que el Consejo de Conveniencia se expidió. No obstante, Ahmadineyad se resiste a entregar los fondos.
De esta forma, el presidente desafía el papel de una institución que fue específicamente creada por Jomeini para superar este tipo de estancamientos políticos.
Ahmadineyad también se negó a acceder a la exigencia parlamentaria de que el Poder Ejecutivo informe a los legisladores todas las regulaciones y pautas implementadas en los diferentes ministerios, para que así ellos puedan evaluar la compatibilidad de éstas con sus proyectos de ley.
El presidente arguyó que algunas de las exigencias de los Mayils eran demasiado engorrosas y dificultaban la aplicación de las normas.
Ante esta situación, Jamenei creó el Grupo de Trabajo para Resolver las Diferencias entre el Parlamento y el Gobierno, integrado por representantes de ambas partes y del Consejo de Guardianes. Aunque se han celebrado 14 reuniones hasta ahora, no se lograron progresos, según Farhad Tajari, un frustrado legislador conservador que atribuyó la crisis a la intransigencia de las dos partes.
Ahora el conflicto se centra en torno al Quinto Plan Económico Quinquenal, cuya consideración ya está un año atrasada. Tras meses de trabajo legislativo, Ahmadineyad sorpresivamente pidió que se retirara el proyecto, una maniobra aparentemente destinada a obligar al parlamento a que borrara los cambios que introdujo al texto original, algunos en consulta con el Consejo de Conveniencia.
Jamenei intervino para impedir que se retirara el proyecto, pero todavía no se ha alcanzado un acuerdo.
Por sí solos, los Mayils no parecen capaces de imponer su voluntad al jefe de gobierno. En principio, el Poder Legislativo puede interpelar al presidente y someterlo un juicio político si no aplica debidamente leyes aprobadas.
Pero, en la práctica, ese proceso nunca se realizaría en Irán sin el aval de Jamenei. El líder supremo no parece interesado en resolver el conflicto político interviniendo de forma más enérgica.
Esto podría ser deliberado. Cuanto más voces le piden que intervenga, más elevado y esencial se presenta ante el país.
Pero la crisis política podría terminar resultándole muy costosa. Ya acusado por la oposición de ser un autócrata represivo, si no resuelve cuestiones institucionales clave para el funcionamiento de la República Islámica, podría ser visto como débil e ineficaz, incluso entre sus más cercanos.
- Farideh Farhi es un analista independiente vinculado a la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Hawai.