Más de 3.000 nicaragüenses reclaman hace meses atención gubernamental a sus necesidades de salud y respaldo legal a sus causas, en un campamento improvisado en el centro de Managua. Son los invisibles contaminados por el veneno Nemagón. La mayoría proceden de zonas rurales de los departamentos de Chinandega y León, en el occidente de Nicaragua, […]
Más de 3.000 nicaragüenses reclaman hace meses atención gubernamental a sus necesidades de salud y respaldo legal a sus causas, en un campamento improvisado en el centro de Managua. Son los invisibles contaminados por el veneno Nemagón.
El Nemagón o Fumazone (otra marca), es considerado factor de riesgo de cáncer, insuficiencia renal crónica, enfermedades respiratorias agudas, infartos, atrofias musculares, dolencias de la piel y hemorragias internas.
«Salimos de Chinandega (140 kilómetros al noroeste de Managua) a pie el 20 de mayo y vinimos otra vez a exigir al nuevo gobierno el cumplimiento de los acuerdos que los afectados del Nemagón adquirimos con el pasado gobierno de Enrique Bolaños», dijo a IPS el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores y Ex Trabajadores Afectados del Nemagón (Asotraexdan), Jorge Alí Sánchez.
Los manifestantes intentan que el gobierno del izquierdista Daniel Ortega ratifique los compromisos de atención médica y ayuda económica arrancados a sus antecesores derechistas, Bolaños (2002-2007) y Arnoldo Alemán (1997-2002).
Durante esas administraciones, los campesinos consiguieron se aprobara una ley especial para la tramitación de los juicios promovidos por las personas afectadas por el DBCP contra las compañías responsables de su fabricación y empleo, explicó Victorino Espinales, presidente de Asotraexdan.
También lograron que se les destinara atención médica sin costo, alimentos especiales, respaldo económico y hasta una cuota de 25 ataúdes mensuales y lotes gratuitos en los cementerios municipales para enterrar a los muertos. «Ahora no nos quieren cumplir», sostuvo.
Desde que se iniciaron los primeros litigios, en 1999, han fallecido unas 2.000 personas por enfermedades vinculadas al plaguicida, muchas de ellas registradas como litigantes, según los abogados de cuatro bufetes que representan a los campesinos. Ninguna autoridad oficial reconoce esa cifra.
«Sólo el año pasado, registramos 192 compañeros muertos. No teníamos ni ataúdes donde meterlos porque hasta eso nos han negado», dijo Espinales.
Esta es la quinta vez desde 1999 que los afectados por el Nemagón marchan a Managua a pie para asentarse en el céntrico parque Pedro Joaquín Chamorro. El modo de protesta es sencillo: levantan centenares de chozas precarias de plásticos negros, cartones y ramas de árboles y viven allí.
Una vez instalados, hacen cualquier cosa para llamar la atención: se han puesto en huelga de hambre, han recorrido las calles armados de botellas de gasolina amenazando con inmolarse, se han enterrado en el suelo dejando sólo las cabezas descubiertas y se han atado con sogas a cruces de madera a manera de crucifixión.
«Tantas cosas que hemos hecho y aparte de salir en los medios, no hemos tocado el corazón de los políticos», dijo Hilario Calero, miembro de la comisión campesina que intenta negociar con el gobierno de Ortega.
Más de 12.000 mujeres y hombres, ex trabajadores y habitantes de zonas cercanas a las fincas bananeras, litigan en tribunales de Estados Unidos, Nicaragua, Ecuador y Colombia a compañías estadounidenses acusadas de fabricar, vender y aplicar el Nemagón a pesar de que sus riesgos eran conocidos desde 1958.
Las autoridades de Estados Unidos prohibieron el producto en 1979.
Los reclamos de reparaciones en esos litigios suman casi 17.000 millones de dólares contra las corporaciones de la industria alimentaria Dole Food Company, Chiquita Brands y Del Monte, y contra las petroleras y químicas Shell Oil Company, Dow Chemical y Occidental Chemical, fabricantes del DBCP, entre otras.
El abogado Boanerges Ojeda, del bufete Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados que patrocina a 4.000 litigantes, explicó que las demandas se encuentran en diferentes etapas en Estados Unidos y en Nicaragua, y se pelean también en otros países donde las empresas están presentes.
«No ha sido fácil. Las transnacionales son monstruosamente millonarias y tienen capacidad para empapelar los juicios durante muchos años más, pero tenemos la certeza de que al final ganaremos», dijo Ojeda a IPS.
El 19 de julio, la Corte Superior de la occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles accedió a la solicitud de juicio de 13 campesinos, defendidos por otro grupo de abogados. Es el primer caso en que las víctimas del Nemagón logran ser escuchadas en tribunales estadounidenses.
La compañía Dole rechazó ante la justicia de Nicaragua la legalidad de las demandas y su responsabilidad en daños sanitarios causados a los campesinos que trabajaron en zonas rociadas con DBCP o que bebieron aguas contaminadas por ese veneno.
Al margen de las batallas legales, existe un abandono estatal crónico a las demandas de los campesinos, dijo a IPS el director del departamento jurídico del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, Gonzalo Carrión.
«El Estado debe tutelar el derecho de los nicaragüenses a la salud y a vivir en un ambiente sano, y esto no ocurre con estas personas», expresó.
El último muerto fue, a fines de julio, el campesino Paulino Carreros, del municipio de El Viejo, en Chinandega, según uno de los manifestantes, Hilario Calero.
«Las autoridades de salud nos prohibieron morir aquí, dicen que si nosotros vemos que alguien está agonizando, lo llevemos al hospital, pero la gente aquí pide morir en sus ranchos», afirmó.
Las autoridades niegan tal abandono.
El Centro Nacional de de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas del Ministerio de Salud ha instalado en el Hospital España de Chinandega un equipo completo de diálisis y atención especial para las personas con insuficiencia renal crónica, la principal causa de muerte que el Estado reconoce a los campesinos de occidente, dijo su director, Jesús Marín.
La portavoz del Ministerio de Salud, Maritza Tellería, dijo a IPS que se presta servicio médico en dos clínicas de Managua a las personas que pernoctan en el campamento conocido como «Ciudad Nemagón».
A su vez, algunos abogados que defienden a los campesinos dijeron a IPS que el procurador general de la República, Hernán Estrada, les ha prestado asesoría para negociar con las transnacionales.
Mientras, en las 450 chozas del parque conviven 673 mujeres y 2.580 hombres.
«Todos aquí estamos enfermos», dijo Sergio García, ex trabajador de la finca bananera Santa Elisa, que asegura padecer de infertilidad y problemas de riñones.
En el campamento no hay agua, servicios sanitarios ni luz. Para lavar la ropa, bañarse o cocinar, han roto tuberías para extraer agua que trasladan en baldes, sostuvo Faustina Eduarda Robledo.
En las cuatro manzanas del parque, sembradas de eucaliptos, los campesinos cuelgan sus ropas y hamacas. Las reuniones se realizan en un anfiteatro al que hay que lavar cada vez, puesto que sirve de urinario público por las noches.
En junio y julio, el parque fue baleado desde automóviles en movimiento. Dos hombres resultaron heridos, pero nunca se supo quién disparó.
«Si no nos mata el veneno, nos mata la gente con balazos o con desprecio», dijo Rosa Amanda Gutiérrez, de 75 años, que dejó a su familia para permanecer en este campamento sombrío que nadie parece ver en el corazón de Managua.