«Necesitamos responsabilidad. Necesitamos valentía. Es un momento importante. Es un paso adelante… y una vez más mi país estará en el lado correcto de la historia.» Con estas palabras, el primer ministro belga anunciaba su apoyo al Pacto Mundial para la Migración el pasado lunes 10 de diciembre en Marrakech tras la fractura de su […]
«Necesitamos responsabilidad. Necesitamos valentía. Es un momento importante. Es un paso adelante… y una vez más mi país estará en el lado correcto de la historia.» Con estas palabras, el primer ministro belga anunciaba su apoyo al Pacto Mundial para la Migración el pasado lunes 10 de diciembre en Marrakech tras la fractura de su gobierno dividido por la decisión de apoyarlo.
Semanas antes, el ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Miroslav Lajcak, había anunciado su dimisión tras la recomendación mayoritaria del Parlamento al Gobierno de no firmar el Pacto. En Alemania, la decisión sobre el Pacto ha sido un elemento clave en el debate sobre la sucesión de Angela Merkel.
El desencadenante de estas batallas políticas ha sido la firma del primer acuerdo internacional para gobernar de forma coordinada, y a través de la cooperación, la dimensión transfronteriza de la migración. Un acuerdo que concierne la gestión del movimiento y de las condiciones de vida del 3,3% de la población mundial, la que vive fuera de sus países de origen.
¿Pero qué ha pasado estos días en Marrakech?
La semana de la migración de Marrakech ha sido más que el encuentro entre representantes de 164 gobiernos para la adopción formal del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular los días 10 y 11 de diciembre. De hecho, empezó una semana antes con la celebración anual del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (GFMD), hasta la fecha el espacio en el que se han encontrado sociedad civil, gobiernos y agencias de Naciones Unidas para hablar de migración.
La que se anunciaba como la «semana de la migración» en Marrakech no ha defraudado en su propósito. Se ha hablado de migración, y mucho.
Hemos escuchado a la sociedad civil centroamericana pidiendo que se reconozca que la violencia estructural genera un «temor fundado de persecución» y por lo tanto amerita protección internacional. Hemos oído las voces de la diáspora mexicana en El Paso, Estados Unidos, afirmando con claridad meridiana que la militarización disminuye la seguridad. Entre tantas otras, también se escuchaban nítidas las voces de las organizaciones de Africa del Oeste que reivindicaban la protección de su espacio de libre circulación. Y el proyecto más amplio de la Unión Africana hacia un espacio sin restricciones de movimiento para las personas.
Todas esas voces nos recordaron, o más bien recordaron a la Unión Europea, que el 80% de los movimientos se produce dentro del continente, que la pobreza no es el único motivo por el que la gente se mueve y que los jóvenes, que conforman esa gran mayoría, necesitan ser integrados en las discusiones. La crítica situación de las mujeres migrantes trabajadoras ha predominado entre las voces de la sociedad civil asiática.
Por su lado, las agencias de Naciones Unidas quieren involucrarse más y de manera más coordinada a través de la Red de la ONU sobre Migración. Encabezan esta voluntad la OIM y el ACNUR, reconociendo que la rigidez en la categorización de personas migrantes y refugiadas es en ocasiones insuficiente para garantizar la protección de las personas en movimiento. Los flujos de personas desde Venezuela en los últimos meses o la migración mixta en las rutas de tránsito en el Sahel son claros ejemplos. A pesar del reconocimiento de esta realidad, tenemos dos Pactos diferentes – Migración y Refugio – que deberán ser implementados de manera complementaria o faltarán al principio de la realidad que representan.
Por su parte, la Unión Europea no se ha movido del discurso de contención de la migración que pivota sobre el abordaje de sus causas profundas y la criminalización del tráfico ilícito. Una oportunidad perdida para empezar hablar de vías legales y seguras para migrar, apostando por la gestión y no sólo por la represión de los movimientos de personas.
El fin de semana se celebró el PGA (Peoples’ Global Action) un espacio para la sociedad civil, con menos restricciones a la participación, donde se dan cita asociaciones y organizaciones activistas en temas de migración del mundo entero. Predominaban las voces discordantes ante un Pacto considerado insuficiente, que no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes en situación irregular, y que no ha conseguido ponerse de acuerdo en temas tan cruciales como la detención de menores.
Y por fin, llegó la adopción formal del Pacto los días 10 y 11- la votación definitiva será el 19 de diciembre -, coincidiendo con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los discursos de los Estados firmantes, el de Pedro Sánchez expresó el compromiso de España con la implementación de los 23 objetivos del texto y defendió el multilateralismo como respuesta a retos globales como la migración y el cambio climático. Advirtió, asimismo, sobre la instrumentalización de la migración para repliegues nacionalistas, cierres de fronteras y discursos xenófobos y excluyentes. Los Estados – señaló Sánchez – tienen derecho a definir sus políticas migratorias y a gestionar sus fronteras, pero no a violar los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Escuchados los gobiernos, escuchada la sociedad civil nos preguntamos ¿cómo puede ayudar el Pacto, un documento no vinculante, a garantizar que estos discursos se traducen en una gestión de las migraciones que coloque a las personas en el centro?
El texto adoptado el pasado lunes no es un fin sino un instrumento; el camino se inicia con su implementación. Se ha hablado mucho de los mecanismos que existirán a nivel global, pero los espacios transformadores estarán realmente en los planes nacionales de implementación del Pacto en donde el nivel local, la sociedad civil y las personas migrantes, deberán tener un papel crucial. «Necesitamos responsabilidad. Necesitamos valentía. Es un momento importante».
Cristina Fernández-Durán es asesora en Migraciones y Desplazamiento de Oxfam Intermón
Fuente. https://www.efedocanalisis.com/noticia/ha-pasado-marrakech/