A breves días de la justa electoral en Perú y cuando aún no termina el conteo final (se está alrededor del 85% del total) para definir el empate técnico en segundo lugar entre la derecha neoliberal de Lourdes Flores y el APRA de Alan García (alrededor de 23% y 24% de los votos), está claro […]
A breves días de la justa electoral en Perú y cuando aún no termina el conteo final (se está alrededor del 85% del total) para definir el empate técnico en segundo lugar entre la derecha neoliberal de Lourdes Flores y el APRA de Alan García (alrededor de 23% y 24% de los votos), está claro que el ganador relativo es el nacionalista Ollanta Humala (con alrededor del 30% de los votos). Conviene entonces repasar brevemente quién es y qué representa este seguro actor político del Perú, no sólo en la próxima y definitiva vuelta electoral, sino, sin duda, al menos, en los próximos 5 años de gobierno (su bancada parlamentaria es la primera más alta con alrededor de 40 parlamentarios/as, igual a la del APRA).
El «out sider»
Ollanta Humala, es sin duda el llamado «out sider». Como antes Fujimori y Toledo, aparece como el candidato diferente, de afuera del sistema. Sin embargo, a diferencia de los dos anteriores, cuya fuerza fue la ambigüedad, Humala representa algo claro y definido: el nacionalismo re fundante. Si Fujimori y Toledo sólo eran, en su turno, el rechazo al sistema desprestigiado, sin carrera ni ideología política conocida, Humala representa ese rechazo desde una posición que, si bien tiene aún numerosas imprecisiones -que generan grandes dudas y aún temores- es clara y distinguible.
Ello por dos grandes razones; la primera, biográfica: su vida, desde la niñez en el seno de una familia de clara ideología y práctica nacionalista, anti imperialista y de lucha por la justicia social (aún cuando ésta muestra también elementos racistas y xenófobos, en cualquier caso abandonados y rechazados por Ollanta), es un acumulado de ideas y prácticas claras inscritas en ese programa; agregase a ello su alzamiento anti fujimorista en el año 2.000, todo lo cual muestra un compromiso personal con ideas que -para bien o para mal, se esté o no de acuerdo con ellas- es indudable. La segunda, es de orden, justamente, programático: Humala, si bien, de forma apresurada por las circunstancias y con un giro aún en marcha -y, por tanto, no del todo claro-, es el representante de la necesidad, sentida por una parte significativa de la población, de re fundar el Perú, como ha ocurrido ya en varios otros países de la región; compartiendo con aquellas otras experiencias, el fuerte componente de dignidad y bienestar nacional que se basa en la inclusión de los sectores tradicionalmente discriminados y excluidos. Las dudas persisten -muy esencialmente hablando- respecto de su su capacidad (y la de su conglomerado político) de articular alianzas amplias para sustentar su propuesta de re fundación, sin que ello implique caer en la tradicional politiquería y corrupción; tarea por lo demás difícil en el Perú.
Claramente, Ollanta ha ganado su lugar «en la calle», no cuenta con medios de comunicación -salvo los escasos y débiles que se ha autogenerado-, ni encuestadoras, las que a regañadientes y sólo cuando ya no fue posible dejarlo fuera, lo incorporaron. Asimismo, los medios más importantes reflejan una paradoja difícil de entender para quien mira desde fuera: a diario publican acusaciones de todo tipo -las más graves de supuestos crímenes contra los Derechos Humanos y de estar ligado al fujimontesinismo- en su contra; y repiten hasta el cansancio que está «estancado» o en «retroceso» en las intenciones de voto. Contradictoriamente, le entregan, de hecho, y en ese mismo movimiento, constante tribuna y protagonismo público. El análisis de los resultados electorales muestra que, al menos para un 30% de la población, tales campañas carecen de credibilidad (y a ello hay que agregar que el otro gran satanizado por los medios, Alan García, ha obtenido también una de las más altas mayorías de votos, alrededor del 24 y 25%, así como que la derechista Lourdes Flores, a la que han propagandizado descaradamente, sólo obtuvo otra de las más altas mayorías, alrededor del 23 y 24% de los votos).
El «enemigo interno»
Su enemigo real ha sido más bien «interno», el daño más importante le ha venido desde sus propias filas. No se trata de la división (y aún oposición en varios puntos) con sus hermanos y padres por cuestiones ideológicas. La casi nula cantidad de votos obtenidos por sus hermanos Ulises a la presidencia, y Antauro al congreso, por el nacionalismo «etnocacerista» (hasta ahora está lejos siquiera de alcanzar medio punto), habla por si sola.
Se trata de quienes le acompañan en las planchas (listas) electorales a todos los demás cargos públicos. Los que, paradojalmente con su discurso moralizador y re fundador de la política, se muestran «iguales» a los politiqueros tradicionales que combaten y critican, en dos sentidos: la presencia de algunos candidatos con dudosos y a veces comprobados antecedentes de corrupción; y las públicas pugnas y divisiones, a veces rabiosas y desvergonzadas, por estas candidaturas, mostradas por varios de ellos/as. Ciertamente, la propia rapidez de su ascenso político, el carácter «aluvional» de su apoyo, ha conspirado para que logre armar en buen tiempo un movimiento político estructurado y depurado, sobre todo, en un medio tan deteriorado donde casi no hay de dónde tomar elementos limpios -y con el requerimiento adicional que sean además viables y deseables. Así lo ha reconocido él mismo, sometiendo públicamente a la investigación de la prensa a todos sus acompañantes en la elección; de hecho, ya algunos denunciados han sido depurados; pero se presenta el difícil problema de distinguirlos de supuestas denuncias que son en realidad excesos parciales por parte de los medios, declaradamente -y a veces desvergonzadamente- hostiles a su candidatura. En cualquier caso, cuenta ya con la más numerosa bancada parlamentaria (igual a la del APRA) y, lo que es hondamente significativo, en ella forman numerosos/as dirigentes de movimientos sociales tradicionalmente marginados y excluidos, es le caso de las dirigentes cocaleras Nancy obregón y Elsa Malpartida, candidatas al Congreso y Parlamento Andino que, según todas las estimaciones han sido electas por primera vez en la historia del país.
El gran giro en marcha
Venido de una familia hondamente comprometida con el nacionalismo y la búsqueda de justicia social, Ollanta ha dado desde hace unos años un gran giro ideológico y político que le ha valido el distanciamiento (y aún oposición en varios puntos) de ella, pero que le ha permitido convertirse en una alternativa re fundacional viable para el Perú. Este giro ha sido hecho respecto del eje original «etnocacerista», movimiento fundado junto a su hermano Antauro en el seno del ejército en 1.988. Tras el alzamiento contra el régimen Fujimori/Montesinos en el año 2.000 y la caída de éste, Ollanta fue agregado militar en Francia y Corea. Antauro, en enero de 2.005, encabezó, frente a «reservistas» (retirados del ejército) un ataque a un cuartel militar en Andahuaylas con la intención de derrocar el gobierno pero, tras la muerte de 6 personas, fue detenido y encarcelado hasta hoy. Ollanta deslindó toda responsabilidad en el hecho y empezó el giro que los distancia crecientemente hasta hoy.
Mientras los «etnocaceristas» (nominación tomada de Andrés Avelino Cáceres, líder de la resistencia a la invasión chilena en la guerra del Pacífico y posterior Presidente de Perú) cambiaron el nombre de su periódico de «Ollanta» a «Antauro» y eligieron como candidato presidencial a Ulises, el otro hermano Humala (vocero de Antauro), Ollanta amplio su base de alianzas y reformuló la ideología y el programa nacionalista, alejándose de los elementos chauvinistas, filo fascistas y filo racistas del «etnocacerismo». Hoy mismo en su periódico, los «etnocaceristas» hablan explícitamente de las razas (concepto ya abandonado por las ciencias sociales) como fundamento de la política y hasta critican a Ollanta por sus asesores «judíos», al más puro estilo nazi; muestran un militarismo casi caricaturesco en su prensa; ofrecen fusilamientos a quienes malversaron fondos públicos y hasta a los homosexuales; y muestran un anti chilenismo irracional, xenófobo por definición.
Frente a ello, Ollanta abandona el tinte militarista para acercarse a un amplio proyecto de carácter civil; basa su nacionalismo, no en la raza, sino en el programa y la identidad y dignidad nacional; amplia sus alianzas, empezando por el partido del ex candidato Pérez de Cuellar, Unión por el Perú (UPP), a través del cual postula; plantea reivindicaciones a Chile, pero en función de un proyecto regional cercano al del Presidente Chávez y abandona posturas fascistas de ofrecer fusilamientos y aludir a los «judíos». A pesar de la mala fe de muchos de sus detractores que insisten -y logran confundir a algunos- en endilgarle esas declaraciones de su hermano Antauro que no son suyas.
Su acercamiento a Chávez (ambos son oficiales de artillería, asiduos lectores y admiradores de Velasco Alvarado) y su distanciamiento de Antauro -mostrados como elementos negativos por la derecha neoliberal y el «etnocacerismo», respectivamente- son, de hecho, objetivamente, un gran giro en marcha que afina y fortalece el nacionalismo humalista como alternativa re fundacional viable para el Perú, inserta en un proyecto de unidad latinoamericana que, aunque desigual, se abre paso incontestablemente en la región.
Un mar de cambios
A ese respecto, Ollanta emitió, el 9 de febrero pasado, un importante pero silenciado elemento, confirmando en entrevista pública por televisión que, de ser elegido presidente, dará mar a Bolivia en aras de la integración latinoamericana, reafirmando también su acercamiento creciente al «eje» formado por los presidentes Hugo Chávez, de la República Bolivariana de Venezuela y Evo Morales, de Bolivia. Acercamiento tan criticado desde la derecha, agrupada en torno a Lourdes Flores, como puesto en duda, todavía en gran medida, por sectores de izquierda (nucleados en torno a dos candidaturas sin posibilidades reales), que desconfían de este ex militar, denunciado -aunque con dudosas evidencias- como violador de Derechos Humanos y hasta hace poco ligado al proyecto político de su hermano -con el cual ha roto y distanciado- de claro chauvinismo filo fascista.
Más allá de todo ello, sin embargo, resulta de la mayor importancia que un candidato presidencial que, sin ninguna duda, representa a amplios sectores del pueblo peruano, reconocido ya como el de mayor mayoría relativa, a pesar y en contra de una prensa que le es clara y totalitariamente hostil-, venga en coincidir explícitamente en renunciar a parte de su soberanía territorial a favor de una integración regional que, sin ninguna duda, le reportará enormes beneficios al pueblo peruano, empezando por la previsible respuesta de reciprocidad a este gesto por parte de los gobiernos de Bolivia y Venezuela en la estratégica área energética, entre muchas otras.
Tan revelador como estas declaraciones trascendentes de Huamla, es el silenciamiento de ellas por parte de la mayoría de los medios. Ahí se revelan las mismas contradicciones que ya prefiguraron el avance de Chávez y Morales en sus respectivos países: el chovinismo patriotero que, mientras hace bandera de la soberanía territorial para crear y ahondar divisiones entre países hermanos por la geografía y la historia, entrega alegremente la soberanía sobre las riquezas de ese territorio y el bienestar y dignidad de sus pueblos a la voracidad de los poderes fácticos internacionales económicos y políticos, a nombre del supuesto y cada vez más desprestigiado «desarrollo» neoliberal.
Las denuncias en su contra
Innumerables son las denuncias contra Ollanta desde todos los sectores, las más graves de ellas relacionadas a supuestos crímenes contra los Derechos Humanos en la lucha contra subversiva hace más de una década. Éstas encuentran ciertamente posibilidad en el contexto de una guerra sucia innegable, pero resultan sospechosas al presentarse hoy, justo cuando el nacionalista aparece como alternativa electoral viable, a pesar que los supuestos crímenes datan de inicios de los 1.990 y de que Ollanta es públicamente conocido desde su alzamiento anti fujimorista en el año 2.000. También le restan credibilidad a las denuncias el hecho de que provienen de sectores políticos y de medios que sustentan también muchas otras denuncias contra él, las cuales son vergonzosamente ilógicas, irresponsables o sin fundamento.
Más allá del curso que tomen estas denuncias -hasta ahora basadas en meras presunciones y claras animosidades- resulta objetivamente un flaco favor a la auténtica lucha por la justicia a los violadores de Derechos Humanos, esta clara manipulación electoral (muchos de los detractores de esta lucha recurren ahora oportunistamente a ella para usarla contra Ollanta) de un tema que merece un más elevado estatus. A ella se han prestado, de hecho, algunos representantes de organismos de Derechos Humanos que, en vez de realizar silenciosa y dignamente su trabajo y gestiones judiciales (cualesquiera que ellos consideren), se han prestado a figurar en esta misma desprestigiada prensa para ser parte -objetivamente, a ojos de las mayorías- de estas bajezas políticas, degradando un tema tan trascendente como los Derechos Humanos al nivel de un tema más de manipulación electoral.
En cualquier caso, todas estas denuncias tienen una limitación de origen: la prensa que las digita. Y es que en el Perú actual ya hasta la prensa política es «otoronga» (nombre despectivo dado por la gente a los/as políticos considerados demagogos y/o corruptos). Perdida toda imparcialidad y decoro, incurren en las más impresentables y desacreditadas campañas a favor de la candidatura de derecha y en contra de las candidaturas antineoliberales de Ollanta y del APRA, como ocurre con la reiterada supuesta «injerencia» del presidente venezolano Hugo Chávez, al tiempo que silencian la descarada intervención de la derecha chilena, a través de su órgano «el mercurio». O como los «supuestos» reportajes a «crímenes contra los Derechos Humanos» que habría cometido el candidato Ollanta Humala, agitados por los programas «Panorama» -ya denunciados como montajes y manipulaciones por César Hildebrant- y «La Ventana Indiscreta», trasmitido en un canal cuyo dueño recibió una «indemnización» de más de 20 millones de dólares por parte del gobierno. Quizás nadie encarna mejor está decadencia del periodismo político peruano como la periodista Cecilia Valenzuela del programa televisivo «La ventana indiscreta», quien sin el menor atisbo de objetividad y en poses indecorosas de odiosidad ataca diariamente a Ollanta Humala; pero que, en el colmo de la impostura, y encarada por Humala, hizo pública y cabizbaja petición de disculpas a él y a su esposa por la emisión de un montaje de video de pésimo gusto y ofensiva a la honra de esta última, para luego retomar los ataques con explícitos comentarios de «venganza» por las disculpas públicas que se sintió obligada a pedir. En medio de estas elecciones, esta periodista se permitió el colmo indecoroso de celebrar y justificar descaradamente la cobarde agresión física al candidato Ollanta y su esposa al momento de emitir su voto. La notoria caída en el raiting de su programa, simultánea al reconocimiento de que Humala lidera con la primera mayoría relativa la votación, son la respuesta y resistencia silenciosa del ciudadano común a la endémica decadencia y parcialidad de la prensa política peruana que ella encarna y representa mejor que ningún otro.
La necesidad de re fundación
Tal como ha ocurrido y está ocurriendo -ciertamente con diversos grados de diferencia- en Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, una profunda necesidad de re fundación política, social, económica e institucional atraviesa a la sociedad peruana. Al igual que en esos casos, el Perú expresa esta necesidad con diferencias que obedecen a sus peculiaridades históricas, muy especialmente, la experiencia de un virulento, dogmático y mesiánico terrorismo, cuyas prácticas, en muchos casos salvajes y anti populares, son difíciles de entender en los demás países de la región. A ello se suman y complementan un marcado autoritarismo y una desatada corrupción de su clase política, cuyo paroxismo fue el régimen Fujimori/Montesinos, pero que lo antecedieron y, lamentablemente, le suceden hasta hoy. Quizás el hecho más simbólico de este proceso de decadencia pronunciada, es la reciente «condena» a un sobrino del presidente Toledo de libertad condicional, después de haber sido encontrado culpable de violación de una muchacha. La descarada liviandad del fallo, sumada a las impunes amenazas contra la vida de la denunciante y sus familiares, realizados a vista y paciencia de todo el país, sólo pueden presagiar insospechadas consecuencias para el ya casi insuperablemente desprestigiado proceso político peruano.
Junto a ello, el incontestable agotamiento del modelo neoliberal. El gobierno saliente de Toledo, exhibe las más altas y «exitosas» cifras macro económicas (PBI, Inversión extranjera, inflación, etc.), objetivamente demasiado difícil de superar o siquiera mantener, en el marco del modelo. Sin embargo, la bonanza sólo ha «chorreado» para arriba, para los más ricos y los inversionistas extranjeros, aumentando la concentración de la riqueza y la desigualdad, y manteniéndose, al menos, la pobreza y el desempleo, que heredados del régimen Fujimori, atenazan a cerca de la mitad de la población. Ello lleva al presidente saliente a contar con históricas -y excepcionales en la región- tasas de desaprobación ciudadana, hasta del 80%, en el «mejor» de los casos; y explican la debacle política de su sector, cuyo candidato presidencial (Belaúnde) es hasta ahora el primer y único renunciado. A pesar de lo cual, se permite, en el colmo de la ilegítimidad e inmoralidad, forzar de apuro, para dejar «amarrado», un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE. UU., tan desfavorable para el agro peruano (generador de al menos un tercio de los empleos) que el propio gobierno colombiano, conocido por su sujeción a las políticas norteamericanas, ha manifestado que le sería inaceptable un tratado similar según el modelo peruano. Su descrédito es tal, que su sector político ni siquiera llevó candidato presidencial a estas elecciones y los resultados provisonales tienen a su partido al borde de la muerte, al estar apenas debajo de la valla mínima de 4%; su otro partido emblemático, el Frente Independiente Moralizador (FIM), cuyos líderes fueron íconos de las más impresentables actitudes políticas (frivolidad hasta el payasismo, demagogia y corrupción), quedó sepultado ya por el rechazo, lejos de acercarse siquiera a la valla mínima.
Frente a estos procesos de fondo, Ollanta Humala aparece para un significativo 30% de la población, como el más decidido y confiable gestor de esta necesidad de cambio percibida. El más confiable porque no viene de la política tradicional y porque, justamente, todos los miembros de ésta le profesan un odio público que parece confirmar esa percepción. Y el más decidido porque es el único -al menos, con posibilidades reales de ser elegido- que habla explícitamente de «redistribuir la riqueza proveniente del crecimiento», el gran tema subyacente (al igual que en el resto de la región, incluido el «exitoso» Chile); de desconocer el desprestigiado TLC con EE. UU; y de re fundar institucionalmente al Perú.
El ya referido temor, gestado históricamente en las décadas pasadas, a que la propuesta re fundacional termine en violentismo mesiánico o autoritarismo, agrupa en torno a la candidatura de Lourdes Flores a amplios sectores políticos y de la población que, si bien perciben la necesidad de aquella refundación, apuestan por la seguridad y el orden, aún a costa de la vaga y poco creíble promesa de «más igualdad y empleo, menos pobreza». Vaga porque afirma su eventual respeto al desprestigiado TLC, y se opone a la libre desafiliación por parte de los/as trabajadores del todavía más desprestigiado sistema de AFPs privadas (cuestionado incluso en el mismo Chile, cuna del modelo). Y poco creíble porque viene de una candidata de larga y rancia prosapia en la clase política tradicional, más aún de su sector derechista pro empresarial y pro neoliberal. Y ello, a pesar del apurado giro de su discurso a medida que cerraba la campaña electoral, para renegar de sus recientes declaraciones y copiar varias de las propuestas de sus contendores, lo cual muestra que la necesidad de refundación y re distribución se impone, aunque a regañadientes y negadamente, a todos los sectores del país.
El APRA, en la persona del candidato Alan García, con la tercera mayoría en la intención de voto, representa el punto medio entre ambas propuestas. Conserva su promesa de cambios, la cual hace a su misma identidad política histórica (la «R» de su acrónimo es por «Revolucionaria»), lo que entronca con la comentada necesidad subyacente de re fundación, aunque genera temores, sobre todo, por el fantasma de su caótico anterior gobierno (entre 1.985 y 1.990). Pero es también parte de la política tradicional, lo cual, aunque le juega en contra, ofrece también estabilidad, sobre todo, por su aparato partidario, único que realmente es tal a nivel nacional.
Los resultados electorales, más allá de la terca ceguera del Perú oficial, muestran claramente que el anhelo de cambio institucional democrático y redistribución económica es mayoritario (sólo los del APRA y Ollanta, que encabezan este anhelo en sus programas, suman el 55% y a ellos se agregan otros sectores menores), pero que aún las mayorías lo quieren en consenso e institucionalmente. Junto a ello, el 23 o 24% de Flores, muestran a una derecha oligarca pertinaz en su burbuja privilegiada, terca en rechazar cualquier cambio del modelo que logra, a través del manejo totalitario de los medios, convencer a ese porcentaje de la población, agitando sus más hondos temores a la inestabilidad y caos que el cambio representaría.
Como sea, en ese escenario, Ollanta Humala, sea o no el próximo presidente del país, será sin duda alguna un actor relevante y a veces decisivo, por voluntad de cambio del tercio más excluido de la población, expresada sobre todo en el congreso. Mucho de su mantención, crecimiento o declive eventuales dependerán, por un lado de su propia acción y capacidad, y, por otro, de la forma en que se realicen o no los grandes anhelos y demandas de refundación y redistribución expresadas por las mayorías.