Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de Acción Ecológica y de la Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación Social (FEDAEPS) presentaron hoy, viernes 18 de noviembre, un recurso de amparo ante la Corte de Justicia de Quito en la que piden que un juez dicte una providencia en la que […]
Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de Acción Ecológica y de la Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación Social (FEDAEPS) presentaron hoy, viernes 18 de noviembre, un recurso de amparo ante la Corte de Justicia de Quito en la que piden que un juez dicte una providencia en la que «disponga, como medida urgente y necesaria, que el Sr. Presidente de la República, doctor Alfredo Palacio no suscriba el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos el 22 de noviembre del 2005 o en cualquier fecha anterior o posterior, sin que haya obtenido previamente la autorización del soberano expresada mediante una consulta popular».
La acción de amparo, cuya resolución quedó en manos del juzgado noveno civil de Pichincha, los demandante señalan que ésta ha sido formulada «contra el Presidente de la República por su omisión ilegítima de consultar previamente al pueblo ecuatoriano sobre el TLC , que entre bastidores, el gobierno del Ecuador negocia y pretende celebrar con Estados Unidos de América», lesionando o amenazando «lesionar nuestros derechos humanos a la igualdad, de petición, políticos, ambientales y colectivo».
Este recurso legal se interpone luego de que la CONAIE movilizó a más de 10.000 indígenas que llegaron a Quito y protagonizaron manifestaciones y acciones pacíficas para oponerse a la firma del TLC con Estados Unidos, pero además para demandar la expulsión de la empresa petrolera norteamericana OXY por haber incumplido un contrato con el Estado al vender el 40% de su participación a la transnacional canadiense ENCANA y exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para reformar el Estado. Los dirigentes indígenas expusieron estas demandas al presidente Palacio en la noche del jueves 17 de noviembre y el Presidente ofreció una respuesta para hoy viernes 18. Varias comunidades indígenas comenzaron a regresar a sus provincias, pero un buen número de ellas se mantiene alerta en Quito a la espera de lo que diga el Presidente Palacio.
«Tenemos los fundamentos que nos otorga la Constitución Política del Estado, en su capítulo quinto, por eso acudimos ante un juez de lo civil para decir que los derechos colectivos no se pueden violentar, se tiene que previamente consultar al pueblo ecuatoriano para tomar la decisión de firmar o no firmar el TLC», dijo Luis Macas, presidente de la CONAIE.
Una eventual suscripción y ratificación del TLC con Estados Unidos implicaría, según los demandantes, violentar varios acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador. Así por ejemplo, el TLC «significa una perforación múltiple del Acuerdo de Cartagena» instrumento de integración de los países andinos y que se encuentra en plena vigencia: el TLC «atenta contra los objetivos de montar un arancel externo común, la armonización de políticas económicas y sociales y la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes, consignados en el artículo 3 del Acuerdo de Cartagena».
De la misma forma, violentaría el Convenio 169 de la OIT suscrito por el Ecuador que señala que «los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados (indígenas), mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente».
El TLC, además, tendría un fuerte impacto en el medio ambiente, en claro desacato de lo que dispone el artículo 88 de la Constitución. Con el TLC se incrementará la contaminación ambiental al permitir una mayor importación de vehículos nuevos y usados; se alentará la minería a cielo abierto causando contaminación de los ríos y el aire; se alentarán los monocultivos de exportación y el uso de agroquímicos que atentan contra la naturaleza; se fomentarán mega proyectos hidroeléctricos y de uso múltiple, con todas las secuelas que éstos traen en lo ecológico y lo social.
«Un amparo constitucional es mucho más importante en el aspecto preventivo que remediativo, para impedir la firma del TLC, porque si éste se suscribe se deriva la violación de una serie de derechos fundamentales y daños gravísimos, irreversibles y enormes para el Ecuador», dijo el Dr. Raúl Moscoso, quien es el abogado que patrocina la causa.