Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
«Solo ven nuestra agua, nuestra tierra, nuestros árboles. No les importamos. Quieren la tierra, sin la gente que vive en ella»
Estas palabras no son de un agricultor palestino sino de Justo Conda, gobernador de la Reserva Indígena de Lopez Adentro al sudoeste de Colombia, cuya comunidad fue repetidamente amenazada de desplazamiento por el ex-presidente Alvaro Uribe Vélez. Uribe, recientemente nombrado por la ONU para investigar el fatal ataque de Israel contra la Flotilla de la Libertad a Gaza, tiene un historial de derechos humanos notoriamente espantoso. Menos explorados son los claros paralelismos entre el maltrato de su gobierno a los pueblos indígenas de Colombia y los abusos por parte de Israel del pueblo originario de Palestina.
Según el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Colombia tiene una de las mayores poblaciones de desplazados internos del mundo, que asciende a 4.9 millones de personas. Según la Asesoría para Derechos Humanos y Desplazamiento, sólo en 2009 más de 286.000 colombianos fueron desarraigados de su tierra. Aproximadamente el 10% de la población colombiana ha sufrido desplazamiento, muchos de ellos son comunidades indígenas, descendientes de afro-colombianos de antiguos esclavos y campesinos*.
Como Israel, Colombia es el mayor receptor de la ayuda militar estadounidense en este hemisferio. En los últimos diez años se han destinado 6.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a Colombia, tercer receptor de ayuda militar estadounidense del mundo tras Israel y Egipto. Armados con armas y respaldo político estadounidense, el gobierno de Uribe y otros actores armados han expulsado por la fuerza a millones de personas por medio del asesinato extrajudicial y de tácticas terroristas, con lo que han dejado el camino libre para la explotación de recursos naturales por parte del gobierno y de las compañías multinacionales. Siempre en nombre de la seguridad y de la «guerra contra el terrorismo», los soldados colombianos han quemado pueblos, saqueado hogares y destruido los medios de vida de comunidades que han tomado la decisión radical de permanecer en su propia tierra.
Para muchas comunidades indígenas ésta no es la primera vez que han sido desarraigadas. Con la invasión española hace quinientos años y la fundación de Colombia trescientos años después, los pueblos indígenas han sido obligados muchas veces a huir de sus fértiles valles ricos en agua y minerales, a trasladarse cada vez más lejos hacia la cordillera de los Andes donde el clima es más duro y la tierra menos cultivable. Ahora el gobierno quiere apoderarse incluso de esta tierra y dejar atrapadas a las comunidades: si van más alto en las montañas pueden verse amenazadas por las guerrillas que luchan por mantener el control de esas zonas, mientras que si bajan a los valles se enfrentan a las agresiones de los paramilitares, de las corporaciones y del ejército.
Hay algo inquietante y extrañamente familiar en esta expulsión calculada y violenta, y no resulta sorprendente que Israel se haya convertido en el principal suministrador de armas de Colombia, en su asesor sobre organización militar y de inteligencia, y en su modelo de la «lucha contra el terrorismo» («Report: Israelis fighting guerillas in Colombia«, Ynet, 10 de agosto 2007, como lo cita en «Uribe’s appointment to flotilla probe guarantees it’s failure«, Jose Antonio Gutierrez y David Landy, The Electronic Intifada, 6 de agosto de 2010). Pero como los palestinos, el pueblo de Colombia no está dispuesto a abandonar sus hogares y medios de vida sin luchar. Hace casi veinte años y en contra de un ejército armado hasta los dientes las comunidades indígenas de sudoeste de Colombia desarrollaron su propia forma de protección: La guarda indígena.
De pie ante la bandera de Consejo Indígena Regional de Cauca en la reserva indígena de López, el gobernador Conda explicó:
«El gobierno colombiano no nos representa, así que hemos creado nuestro propio sistema de seguridad. En cada comunidad indígena se seleccionan individuos para servir durante un año defendiendo nuestra tierra. Cada guarda indígena recibe un bastón, que se lo pasa el anterior guarda y que representa la autoridad y la responsabilidad de la posición. El guarda lleva el bastón ancestral ahí donde va. Se recibe voluntariamente, no se paga a nadie para que defienda a su pueblo. Y aunque todo el mundo en nuestras comunidades lucharía por nuestra libertad, el bastón indica a aquellos de nosotros que han sido física y psicológicamente preparados durante el año para defender a nuestro pueblo y nuestra tierra».
El gobernador Conda añadió:
«Ante el altamente militarizado Estado que sistemáticamente nos niega nuestros derechos básicos, la guardia indígena es la única defensa que podemos ejercer. Nos hemos declarado neutrales, sin alinearnos ni con las guerrillas ni con el ejército. Estamos ofreciendo una solución pacífica basada en acabar con la colonización y el respeto por la vida y la cultura. No tenemos armas o pistolas. No necesitamos armas o pistolas para ejercer control. Nuestros guardas se alzan fuera de nuestras puertas armados sólo con sus coloridos bastones, un símbolo de nuestra fortaleza y de nuestros valores. Y aunque hemos recibido muchas amenazas, muchas autoridades también han llegado a respetar a la guardia indígena».
Conda explicó que cuando acaba el mandato de un o una guarda, elige a su sucesor o sucesora, y autoridad y las responsabilidades rotan. Cerca de Conda los actuales guardas de la comunidad están de pie uno al lado de otro, un grupo diverso de hombres y mujeres, de jóvenes y viejos, una mujer embarazada, un anciano. Llevan sus bastones, cada uno tiene la intención de llegar tan alto como el corazón de su portador.
Las comunidades indígenas de Colombia tienen una larga historia de resistencia popular. En la década de1920 las tribus boicotearon colectivamente los impuestos que el gobernador había impuesto a las comunidades indígenas por vivir y trabajar su propia tierra. Desde entonces, se han formado consejos para decidir cómo recuperar territorio y resistir a la expulsión. Aunque su presencia precedió a la colonización europea, a menudo se trata a los indígenas colombianos como si fueran extranjeros e invasores.
La respuesta a la resistencia organizada indígena frente al desplazamiento ha sido brutal. Solamente el año pasado fueron asesinados cuatro miembros de la pequeña comunidad de Lopez Adentro («The Struggle for Survival and Dignity: Human Rights Abuses Against Indigenous Peoples in Colombia«, Amnistía Internacional, 23 de enero 2010 [PDF]). Según el abogado de derechos humanos Felix Posada, 1.400 indígenas han sido asesinados durante los ocho años de mandato de Uribe, lo que representa un 1% de la población indígena total de Colombia. Este país tiene el índice más alto de asesinatos de indígenas de América Latina, que fueron 114 el año pasado, informó Posada tras las puertas blindadas de su despacho en el centro de Bogotá.
Se sospecha que grupos paramilitares de extrema derecha son los causantes de muchos incidentes a pesar de las afirmación del gobierno de Uribe de que fueron desmovilizados en 2006 («Colombian Paramilitaries’ Successors Called a Threat«, Simon Romero, The New York Times, 3 de febrero de 2010). El «desarme» es ampliamente considerado una maniobra publicitaria en la que individuos vestidos de militares entregaban sus armas en fotos sensacionalistas a cambio de una sustanciosa recompensa. Se han confirmado innumerables casos de colaboración entre el ejercito colombiano y los paramilitares (a los que en estos días se les ha vuelto a bautizar como «delincuentes organizados»), en la que estos hacen el trabajo sucio a cambio de poder e inmunidad.
En octubre de 2008, tras una acción directa de los indígenas y la Minga Popular (movilización de la comunidad) de La María en Piendamo, los soldados entraron en el municipio y destrozaron coches, obligaron a salir a los habitantes de sus casas con gases lacrimógenos, denudaron a los hombres antes sus vecinos y quemaron las casas, camas, bicis e incluso los juguetes de los niños (Vídeo: «La Maria Piendamo» 22 de octubre de 2008). Soldados y helicópteros salieron al encuentro de una marcha desde La María, lo que llevó a un enfrentamiento con piedras, hondas y bastones ancestrales frente a los gases lacrimógenos y munición real del ejército (Vídeo: «Minga de la Maria Piendamo«, 22 de octubre de 2008). Si la respuesta del gobierno de Uribe a los bastones ancestrales de madera fueron balas, ¿qué dirá del asesinato por parte de Israel de nueve turcos que puede que transportaran sillas de ruedas?
La peor amenaza a la que se enfrenta la población indígena de Colombia es la destrucción y desaparición cultural. El 32% de las 102 tribus indígenas de Colombia está en peligro de desaparición. En 18 tribus sólo quedan menos de doscientas personas. Para muchas comunidades una de las formas más importantes de resistencia ha sido el preservar el lenguaje, y los valores y tradiciones culturales.
Hasta hace poco, el sistema educativo impuesto por el Estado imponía escolarizar en castellano pero hoy se enseñan las lenguas nativas en las reservas. El pueblo ha conseguido otras victorias desde 1991 cuando la nueva Constitución reconoció finalmente las diferentes identidades étnicas del pueblo colombiano y sus derechos a preservar su tierra y su cultura. Pero demasiado a menudo se ignoran la Constitución y las leyes en favor de otros intereses, sobre todo, aumentar el control sobre los recursos naturales.
Al no querer esperar más después de veinte años de promesas no cumplidas, las comunidades indígenas de las regiones de Cauca y Valle de Cauca al sudoeste de Colombia se han unido en una plataforma común en defensa de cuatro prioridades: unidad, tierra, cultura y autonomía. Es una vision completa que condiciona la libertad al cumplimiento de cada uno de estos elementos. Otro miembro de la comunidad de Lopez Adentro explicaba: «La paz no es simplemente acabar con la guerra. La paz llegará cuando se respeten los derechos indígenas a la tierra, la cultura y la autodeterminación. No puede haber paz por medio de la destrucción o sumisión de la población indígena».
Esta definición de paz resulta muy oportuna en el momento en que Israel y el ilegítimo presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas reinician las negociaciones mientras ignoran los requisitos fundamentales de justicia para el pueblo palestino, incluyendo su derecho a la tierra, la cultura y la autodeterminación.
Resulta difícil imaginar que un dirigente tan entusiasta de las tácticas de represión de Israel como es Uribe sea un juez imparcial de la legalidad del ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad a Gaza. Solo la estrecha relación de su gobierno con el Estado judío lo descarta como investigador imparcial. Y aunque hay notables diferencias entre las situaciones en Colombia y Palestina, la similitud de las respuestas de los gobiernos colombiano e israelí a la resistencia indígena son inequívocas. Serían no sólo atípico sino además redomadamente hipócrita por parte de Uribe hacer responsable a Israel del mismo tipo de comportamiento que caracterizó su propia presidencia.
Mientras tanto, persistirá la sumoud y resistencia de la población indígena de Colombia. El gobernador Conda continuó: «Como hemos hecho durante quinientos años, seguiremos luchando y avanzando. De hecho, estamos dispuestos a trabajar mas duro que nunca».
*En español en el original. Anna Baltzer es una premiada profesora universitaria, escritora activista por los derechos palestinos. Autora de Witness in Palestine: A Jewish American Woman in the Occupied Territories, ha contribuido en cuatro libros de próxima aparición sobre el tema. Para más información, véase www.AnnaInTheMiddleEast.com.