Pocos años antes de que la ONU aprobara la Responsabilidad de Proteger durante la Cumbre Mundial de 2005 y se fundara la Oficina de la ONU para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, fui invitado –como Presidente del Servicio Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-PANAMÁ)– a una reunión de consulta de la ONU sobre dicho tema en San José, Costa Rica, mediante invitación del presidente Luis Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz.
Los funcionarios de la ONU presidieron la reunión con invitados de Centroamérica y Panamá. Al hacer uso de la palabra, señalamos que si bien la idea detrás del concepto era plausible, habría que ejercer cuidado en la redacción de cualquier documento para evitar confusiones y contradicciones entre lo que se deseaba y lo que se podía hacer desde el punto de vista del Derecho Internacional. Otorgar tal responsabilidad a Estados particulares sin un marco jurídico apropiado, podría producir conflictos, entre otros, con el principio de No Intervención. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo.
La idea central de la Responsabilidad de Proteger era que la comunidad internacional debía proteger a la población de la violación grave de sus derechos humanos cuando su gobierno no pudiese o no quisiese detenerla. Pero, sin un claro marco jurídico, ello podría dar lugar a un caos o a intervenciones interesadas en violar la soberanía del Estado.
Un claro ejemplo de ello era la necesidad de rebasar la soberanía del Estado con la Carta Democrática de la OEA, aprobada en Chile a instancias de EEUU, cuando Washington intentaba expulsar al general Manuel A. Noriega del poder. La Carta Democrática devino en instrumento de intervención de EEUU en la región.
En efecto, durante la reunión de San José, fresca estaba aún la invasión a Panamá por parte de EEUU que, con el falso pretexto de “librarnos de la dictadura” del general Manuel A. Noriega, produjo una horrorosa masacre de 4,000-6,000 panameños (seguimos buscando en fosas comunes), y decenas de miles de heridos –mayormente civiles indefensos– con armas y equipos nuevos que por primera vez se experimentaron en Panamá, que no tenía (ni tiene) ejército, marina, radares o fuerza aérea. Washington usó a nuestro país como “conejilla de laboratorio o de indias”, de armas que se utilizaron en la invasión de Irak dos años después (1991).
La “intervención humanitaria” en Panamá fue un engaño, como la calificó nuestra querida amiga, Bárbara Trent, quien dirigió el documental The Panama Deception (La Mentira de Panamá), premiado con el Oscar de 1992, la cual culminó en una Masacre que los medios occidentales y panameños han ocultado.
Para Bárbara Trent el verdadero propósito era desmantelar las Fuerzas de Defensa de Panamá pero, según un Memorándum Secreto-Sensitivo del Consejo de Seguridad de Washington), la invasión era una excusa para abrogar los Tratados del Canal (Torrijos-Carter) de 1977 y no traspasar el Canal a Panamá (Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión a Panamá, Editora Chen, 2019).
El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano autorizado para aplicar el uso de la fuerza como último recurso con el fin de prevenir el genocidio, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes de lesa humanidad. La discusión sobre la Responsabilidad de Proteger fue precedida por debates en torno a la intervención de la OTAN en Yugoslavia y en Rwanda, Sudán y Somalia.
Posteriormente (2011) en Libia, la OTAN (específicamente Francia, Reino Unido y Estados Unidos) rebasó la autorización dada por el Consejo de Seguridad de limitar su acción al tema humanitario y procedió a destruir un Estado próspero y ejemplar y a asesinar atrozmente a su líder, Muamar Gadafi. “¡Vine, vi y vencí!”, gritó una alborozada Hilary Clinton…
El principio de la Responsabilidad de Proteger descansa en la noción de que la soberanía conlleva la responsabilidad de proteger a las poblaciones de los horrendos crímenes citados.
La actual Masacre de Israel contra los territorios palestinos, que lleva décadas, es una tragedia humanitaria que exige la protección internacional urgente e inaplazable frente a la agresión de Tel Aviv, la que no ha podido detenerse pese al efímero alto al fuego que se está concertando a través de Egipto, porque EEUU no solo ha impedido una decisión del Consejo de Seguridad en varias ocasiones sino que persiste en enviar armamento a Israel, considerada la octava potencia nuclear después de Pakistán.
Israel es una potencia a tener en cuenta que, con tan solo 9 millones de habitantes (el doble de Panamá) tiene medio millón de combatientes y reservistas y constituye un portaaviones de EEUU para controlar el Medio Oriente.
Es por razones geopolíticas y no otras que EEUU no interviene para resolver el conflicto entre Israel y Palestina y no pide un alto al fuego sino después de casi 250 palestinos martirizados, niños en primer lugar. EEUU ha impedido varias veces que el Consejo de Seguridad detenga el conflicto y se encuentre una solución que contemple la existencia de dos Estados.
Israel comete una agresión total a Palestina —un “Estado no miembro de la ONU”– y le niega una existencia nacional, sometiéndola a brutal genocidio.
Es esa misma razón geopolítica –pero esta vez en Colombia– por la que EEUU apoya y protege al gobierno genocida y criminal del presidente Iván Duque, jefe de un Narco-Estado, un Estado Paramilitar y Terrorista, un Estado fallido y disfuncional según definición del Colegio de Guerra de EEUU, que se nos quiere presentar como una “democracia”. Israel y Colombia son dos portaviones de EEUU para controlar el Medio Oriente y Latinoamérica y el Caribe (Venezuela), respectivamente.
En ambos casos, EEUU prioriza sus intereses estratégicos particulares y desprecia los derechos humanos de palestinos y colombianos. Mientras no se resuelva esta contradicción y la geopolítica siga imperando sobre los intereses de los pueblos, la Responsabilidad de Proteger y la Intervención Humanitaria serán tareas utópicas, pendientes de resolver en un nuevo Sistema Internacional que reemplace el hegemonismo actual sobre la ONU.
Julio Yao. Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá; exagente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y catedrático de Derecho Internacional.