Mientras la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, se prepara para elegir a seis jueces y un nuevo fiscal general, observadores alertan que en el proceso de selección podría influir más la política que los méritos. El periodo de nominaciones comenzará el mes próximo, y la votación está prevista para diciembre. Pero […]
Mientras la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, se prepara para elegir a seis jueces y un nuevo fiscal general, observadores alertan que en el proceso de selección podría influir más la política que los méritos.
El periodo de nominaciones comenzará el mes próximo, y la votación está prevista para diciembre. Pero ya hay señales de que los estados parte del Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, politizarán el proceso.
En su cumbre de enero, la Unión Africana sugirió que propondría un fiscal africano. En una declaración, el bloque subrayó la «significativa participación» de los países de ese continente en la Corte, así como «el hecho de que ningún africano encabeza ninguno de los principales órganos de la institución».
Todos los casos activos en la CPI involucran a crímenes cometidos en África. De hecho, eso ha motivado críticas de los que exigen que también se investigue en Occidente. Al mismo tiempo, la mayoría de los estados parte del Estatuto de Roma son africanos.
Aunque la Unión Africana no hizo presión explícita por un candidato en particular y resolvió volver a analizar el asunto en su próxima cumbre del 23 de junio, observadores dijeron que no era ningún secreto que el grupo desea un africano para reemplazar al actual fiscal general, el argentino Luis Moreno-Ocampo.
«Es claro que tienen una fuerte preferencia por un candidato africano», dijo Param-Preet Singh, consejero del Programa de Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch, que insiste en que la selección se debe hacer sobre la base de méritos.
«El fiscal general no debe ser elegido porque viene de tal o cual región. Ése no debería ser el criterio», afirmó.
William Pace, coordinador de la Coalición para la CPI, coalición de más de 2.500 organizaciones de la sociedad civil, señaló que las presiones no estarán confinadas a la elección del nuevo fiscal general.
Históricamente, indicó, el manejo de las elecciones en organismos mundiales ha sido «extremadamente mediocre», y «consideraciones puramente políticas» dominan los procesos.
Uno de los potenciales peligros a largo plazo en la CPI es que también se podría politizar el funcionamiento del tribunal, alertó Pace. Por ejemplo, algunos países podrían dar su apoyo a un candidato a fiscal general a condición de que éste no realice investigaciones en su territorio.
Pero Brigid Inder, directora ejecutiva de la organización Iniciativas de Mujeres para la Justicia de Género, sostuvo que «la politización del proceso no viene de los países de África, sino de otros que justamente dicen que si África postula un candidato politizará la designación».
«El tema no es si la Unión Africana apoya un candidato. El tema es por qué otros están trabajando duro para impedir que la Unión Africana apoye a un candidato que pueda competir para ser el próximo fiscal general de la CPI», afirmó.
Singh y Pace coincidieron en que las elecciones llegan en un momento de creciente prominencia de la CPI, como evidenció la derivación del caso de Libia al tribunal decidida en forma unánime en febrero por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Pace indicó que, conforme desaparecen los tribunales especiales, como los que hubo para Ruanda y para la ex Yugoslavia, la CPI se convierte en la «primera, si no en la única, corte penal para los delitos más terribles en el derecho internacional».
La CPI debe navegar en este periodo de transición, añadió, mientras realiza un casi completo cambio en su liderazgo: además del fiscal y seis jueces, también deberá elegir en diciembre un nuevo presidente y dos vicepresidentes de la Asamblea de los Estados Parte.
Además, se deben designar seis miembros del Comité sobre Presupuesto y Finanzas y los 21 integrantes del Comité Ejecutivo de la Asamblea. A comienzos de 2012 se realizarán elecciones para el presidente y dos vicepresidentes de la CPI.
La designación de los jueces tendrá en cuenta consideraciones de género, geografía y otras. No hay requisitos para elegir un fiscal general y vicefiscales: el Estatuto de Roma señala solamente que «serán personas de alto carácter moral, altamente competentes y con extensa práctica en juicios a casos penales».
Por tanto, Pace señaló que no había fundamentos para que África exigiera un cargo. «No hay requisitos de que tenga que haber una rotación regional en el puesto de fiscal. No hay obligación de que el fiscal deba provenir de la región donde ocurren la mayoría de los casos», indicó.
No obstante, reconoció que algunos candidatos que podría apoyar la Unión Africana -incluyendo al actual vicefiscal, el gambiano Fatou Bensouda-son «altamente calificados».