El pasado 31 de marzo, y sin que exista sentencia alguna, ocho familias campesinas fueron desolojadas y sus casas demolidas con topadoras. Esta semana, y en el marco del Plan de Lucha iniciado en mayo de este año, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) -integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)- lleva adelante la retoma […]
El pasado 31 de marzo, y sin que exista sentencia alguna, ocho familias campesinas fueron desolojadas y sus casas demolidas con topadoras. Esta semana, y en el marco del Plan de Lucha iniciado en mayo de este año, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) -integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)- lleva adelante la retoma de esas tierras y construye el «Rancho de la Resistencia Campesina» en la Comunidad El Simbolar, Departamento Cruz del Eje. El MCC le exige a la Justicia Federal que haga lugar al recurso presentado para levantar la medida de desalojo.
«Es hora de que el Estado deje de poner su estructura en función de intereses y ambiciones desmedidas de empresarios de multinacionales y extranjeros, como los que promovieron el desalojo de las familias de Esquina del Alambre, y comience a reconocer los derechos de las familias campesinas a tener una vida digna» afirmaron los campesinos cordobeses en un comunicado de prensa.
Y continuaron exigiendole al estado provincial que genere «un marco de respuestas amplio para la problemática de la tierra en Córdoba que tiene que incluir medidas drásticas, como la inmediata restitución de los campos a las familias desalojadas en El Medanito (Dpto. Pocho) y Esquina del Alambre (Dpto. Ischilín), y la suspensión por tiempo indeterminado de los desalojos rurales, hasta tanto se sustancie un mecanismo integral para la protección de las familias campesinas».
Los desalojos favorecen entre otros a empresarios de la multinacional Cerro Negro y a Jaques Charrierre, quien en pocos años obtuvo más de 17 mil hectáreas en el departamento de Cruz del Eje, desolojando a las familias que las habitaban y trabajaban históricamente.
«Estos empresarios -sostiene el comunicado- cuentan con la complicidad de Jueces de Paz, la fuerza pública y el Juez Federal Dr. Ricardo Bustos Fierro, a cargo de la causa de Esquina del Alambre. Por omisión también son cómplices los funcionarios de la Unidad Ejecutora del Programa Tierras para el Futuro, entre los que se encuentra Isaac López, quienes prometiendo intervenir ante estos casos de desalojos de poseedores brillan por su ausencia».
En Córdoba, desde finales de los años ’80 disminuyó en un 36% la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares. El crecimiento de los desalojos fue proporcional a esa cifra. En Febrero de 2004, el legislativo provincial sancionó la ley 9.150 ó de Registro de Poseedores, en el marco del Programa Tierras para el Futuro. A más de dos años de su entrada en vigencia no se ha inscripto a un sólo poseedor.
El MCC ha presentado más de 300 registros en la Secretaría de Justicia, pero los plazos establecidos se vencen sin que tengan tratamiento.
En Córdoba, lejos de desaparecer, los conflictos relacionados con la tierra se incrementaron: en el Registro Provincial de la Propiedad se constató una estafa multimillonaria que involucra a abogados,
escribanos, particulares y funcionarios del mismo registro y la Unidad Ejecutora de la ley 9.150, quienes habrían fraguado los títulos de propiedad de inmuebles rurales. También es reconocido el desempeño de algunos jueces de paz que producen constataciones irregulares, elementos que constituyen la principal prueba que toman los diferentes juzgados de la provincia para ordenar los desalojos de los poseedores reales de la tierra.
«En los últimos años se ha acentuado una política judicial desde el gobierno tendiente a criminalizar la legítima defensa del derecho a la tierra por parte de sus poseedores. Este proceso tiene su correlato en la imputación de más de 60 campesinos organizados» aseguran los campesinos en el comunicado mencionado.
Los atropellos y la criminalización de la legitima defensa de las familias campesinas por parte del Poder Judicial, al que se suma la complicidad del Ejecutivo y el Legislativo, terminan por favorecer siempre a los sectores empresarios.
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