El anuario El Mundo Indígena 2006 señala que México ha sido marcado este año por la articulación de las luchas indígenas con los demás sectores de la población mexicana a través de la lucha por la defensa de los recursos naturales y más ampliamente con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. […]
El anuario El Mundo Indígena 2006 señala que México ha sido marcado este año por la articulación de las luchas indígenas con los demás sectores de la población mexicana a través de la lucha por la defensa de los recursos naturales y más ampliamente con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. El documento, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), afirma aún que el renovado interés del capital trasnacional en los recursos naturales ha intensificado la presión sobre los territorios indígenas.
Una serie de leyes controversiales se han estado aprobando en los últimos años que facilitan la privatización de los recursos naturales. Muchas comunidades han sido o están siendo empujadas a convertirse en empresarias para vender los bienes comunes de la humanidad como el agua, el aire y la biodiversidad. A su vez la resistencia organizada ha tenido sus triunfos y ha sido objeto de mucha represión. La violencia política se ha agudizado especialmente en Oaxaca y Guerrero.
En el 2005 se agudizó el conflicto en torno a la eventual construcción de la represa La Parota en Guerrero, con un saldo de tres asesinatos, decenas de heridos y choques entre campesinos y cuerpos policíacos. Según los planes del gobierno, la represa produciría alrededor de 1,332 millones de Kwh al año, equivalente al consumo anual del estado de Guerrero. Los indígenas y campesinos organizados contra esta construcción advierten que la presa hidroeléctrica inundaría 17 mil hectáreas de selvas de alta biodiversidad, y desplazaría de manera directa a más de 25 mil personas. En total, una población de 72 mil personas serían los afectados, convirtiendo la represa en un verdadero »ecocidio y etnocidio».
La Ley de Minas también faculta al gobierno federal a entregar concesiones que permitan la extracción de minerales del subsuelo incluso a empresas transnacionales, sin que para ello sea necesario el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas que han vivido en esas tierras desde tiempo inmemorial. En las comunidades nahuas de la Sierra de Manantlan en Jalisco, por ejemplo, se han dado 16 concesiones que prácticamente cubren toda la reserva de la biosfera del mismo nombre.
La agenda política indígena de fortalecer los saberes tradicionales y la recuperación y fomento de prácticas sustentables frente a los intereses del capital todavía cobra una importancia mayor en Chiapas. La región es conocida como uno de los «bio- hot spots» del planeta ya que en el estado se concentra el 40% de la biodiversidad de todo el país y un porcentaje importante de toda la biodiversidad en el continente.
Pero en el 2005, se aprueba al nivel federal la ley de bio-seguridad y organismos genéticamente modificados, conocido popularmente como la Ley Monsanto, que promueve el desarrollo de los transgénicos en México e instrumenta la privatización de los recursos genéticos del país y la concesión de patentes sobre conocimientos indígenas. Esta ley lejos de proteger la salud y diversidad biológica de los cultivos cuyo centro de origen es Mexico como el maíz, fríjol, calabaza, tomate, algodón, aguacate, etc., permite la importación y siembra en el territorio nacional de semillas transgénicas.