La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, ha fallado contra el Estado peruano por dos casos emblemáticos ocurridos durante el Gobierno de Alberto Fujimori: el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y la muerte de 41 reclusos vinculados al grupo […]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica, ha fallado contra el Estado peruano por dos casos emblemáticos ocurridos durante el Gobierno de Alberto Fujimori: el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y la muerte de 41 reclusos vinculados al grupo terrorista Sendero Luminoso en el penal de Miguel Castro Castro.
Las dos sentencias, dictadas a finales de noviembre y conocidas esta semana, fortalecen la petición de extradición del Gobierno peruano que pesa sobre Fujimori, actualmente en Chile, para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y que resolverá la Corte Suprema chilena.
El presidente peruano, Alan García, declaró que respetará ambas resoluciones de la CIDH, que establecen indemnizaciones para los familiares de las víctimas y obligan al Estado peruano a reconocer públicamente su responsabilidad en las dos matanzas. Aunque ambos fallos fueron conocidos después que el juez instructor del proceso de extradición en Chile, Orlando Álvarez, cerró la presentación de pruebas, la defensa de Fujimori había apelado a la Corte Suprema para ampliar el plazo y ésta todavía no ha resuelto la solicitud.
Si los tribunales chilenos acogieran la petición de Fujimori, ésta podría transformarse en un bumerán en su contra, pues la fiscalía peruana alcanzaría a presentar el fallo de la CIDH sobre la matanza de La Cantuta, uno de los casos por los cuales pide la extradición. Incluso si la Corte Suprema rechazara ampliar el plazo para presentar más pruebas, igualmente el fallo de la CIDH incidirá en el clima en el que debe resolver sobre la extradición de Fujimori.
Ambos fallos son sobre casos emblemáticos en Perú. De los crímenes de La Cantuta es responsable el escuadrón Colina, formado por Fujimori para «eliminar» a miembros de Sendero Luminoso e integrado por militares y oficiales de inteligencia. En 1992, agentes de este grupo secuestraron de residencias estudiantiles de la Universidad de La Cantuta a nueve estudiantes y un profesor, a los que torturaron y ejecutaron y después hicieron desaparecer sus cadáveres. Meses después se encontraron los cuerpos. Un ex agente del grupo Colina declaró que mataron a las 10 personas como «respuesta» a un atentado con bomba de Sendero Luminoso en Lima.
La justicia militar condenó a los autores materiales del crimen de La Cantuta, pero Fujimori los amnistió. El fallo de la CIDH señala que la matanza no habría podido perpetrarse «sin el conocimiento y órdenes superiores de las más altas esferas del poder ejecutivo», y ordena reabrir los procesos en la justicia civil e indemnizar con 1,8 millones de dólares (1,37 millones de euros) a 80 familiares de las víctimas.
Para la ministra de Justicia de Perú, María Zavala, el fallo «colabora favorablemente en el proceso de extradición». El director de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, declaró desde Lima su esperanza de que «el fallo sobre este crimen de lesa humanidad, en el que no se puede aplicar amnistía, permita la extradición de Fujimori».
La segunda sentencia de la CIDH conocida esta semana responsabiliza a agentes del Estado peruano por la muerte, en 1992, de 41 reclusos de la prisión de Castro Castro, muchos de ellos miembros de Sendero Luminoso o acusados de pertenecer a este grupo. Los reclusos murieron durante el asalto al penal por parte de las fuerzas de seguridad. El Estado peruano deberá indemnizar a los 185 presos que resultaron heridos y a los familiares de los que murieron. Por este crimen, a Fujimori le abrieron proceso en Perú este año, pero el Estado no lo incorporó en su petición de extradición del ex gobernante.
El fallo califica las muertes de «crímenes de lesa humanidad». Uno de los jueces de la Corte, Antonio Cancado, dice en su voto razonado que el ataque a la prisión fue «una masacre premeditada», y que los presos se encontraban en total indefensión.