El juez Charles derivó a vista fiscal el reclamo de detención internacional del ex secretario de Estado norteamericano solicitado por familiares de las víctimas. La fiscal Guianze estudiará el caso y pediría documentos desclasificados por el Departamento de Estado. El requerimiento había sido realizado ante la Suprema Corte de Justicia, un día antes de la […]
El juez Charles derivó a vista fiscal el reclamo de detención internacional del ex secretario de Estado norteamericano solicitado por familiares de las víctimas. La fiscal Guianze estudiará el caso y pediría documentos desclasificados por el Departamento de Estado. El requerimiento había sido realizado ante la Suprema Corte de Justicia, un día antes de la llegada de Bush a Uruguay, por el abogado Gustavo Salles. El máximo órgano judicial derivó la solicitud al juez actuante.
Una solicitud formal para impulsar el pedido de detención internacional con fines de extradición del ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger será estudiado desde el lunes por la fiscal penal Mirtha Guianze en el marco de la causa identificada como del «segundo vuelo» de Orletti.
En el caso, que instruye el juez penal de 19º Turno Luis Charles, se indaga el traslado ilegal a Montevideo en 1976 de un grupo de 21 uruguayos que habían sido secuestrados en el centro de detención clandestino Automotores Orletti en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor.
La existencia del «segundo vuelo» de Orletti fue denunciada por LA REPUBLICA en 2002 y confirmada en 2005 por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Enrique Bonelli en su informe oficial sobre el destino de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura militar.
El pedido de detención de Kissinger fue solicitado por el abogado Gustavo Salles, representante de los familiares de Bernardo Arnone, detenido en la vía pública en Buenos Aires el 2 de octubre de 1976, en el marco de un operativo represivo contra militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Causa contra los mandos
Arnone habría sido uno de los militantes del PVP que, secuestrados entre setiembre y octubre fueron trasladados el 5 de octubre de aquel 1976 en el vuelo 511 de TAMU (Transporte Aéreo Militar Uruguayo), que piloteaba el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea José Pedro Malaquín.
La causa del segundo vuelo fue denunciada ante la Justicia Penal uruguaya por un grupo de abogados que acusó de crímenes de lesa humanidad a los mandos militares y policiales de la dictadura que no están amparados en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado aprobada en 1986.
La denuncia del «segundo vuelo», que había sido presentada inicialmente en el despacho de la jueza penal Gabriela Merialdo, fue solicitado por el juez Luis Charles para adjuntarlo al caso de desaparición de Adalberto Soba por el cual fueron procesados ocho militares y policías de la dictadura.
El expediente derivó a la Suprema Corte de Justicia que días atrás instrumentó su traslado al Juzgado Penal de 19º Turno para que se sumara al caso Soba, donde volvió a ocupar el Ministerio Público la fiscal Mirtha Guianze quien había ocupado provisoriamente la Fiscalía General de la Nación.
Suprema Corte no rechazó
Días atrás, Guianze solicitó al juez Charles una serie de actuaciones en las que se incluye el interrogatorio en calidad de indagados del ex presidente Gregorio Alvarez, los ocho militares ya procesados y del propio comandante de la aviación, Bonelli, quien había sido piloto de un «primer vuelo» desde Orletti.
Guianze también solicitó el testimonio de periodistas, de los ex miembros de la Comisión para la Paz, Gonzalo Fernández y Carlos Ramela Regules, del ex comandante Malaquín y demás pilotos, a la vez que solicitó una serie de pruebas documentales que incluyen las fojas de servicio de varios militares.
El pedido de extradición sobre el secretario de Estado del gobierno de Richard Nixon se había iniciado el pasado miércoles 7 de marzo, veinticuatro horas antes de la llegada del presidente George W. Bush a Uruguay, ante la Suprema Corte de Justicia, donde se encontraba el expediente.
El máximo órgano judicial de Uruguay emitió entonces la resolución Nº 168/2007 en la que, sin expedirse sobre el fondo de la cuestión requerida por el abogado Salles, consideró que la solicitud debía tramitarse ante el juez al que finalmente derivara la actuación del caso.
Pedido sería «acordonado»
Salles presentó ahora ante el juez Charles el escrito en el que reclama la detención y extradición de Kissinger dada la responsabilidad que le cabe en los crímenes del Plan Cóndor, según se desprende de múltiples documentos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano.
Según pudo saber LA REPUBLICA, el pedido del abogado Salle fue «acordonado» en un expediente adjunto al caso Soba y del «segundo vuelo» por el juez Charles, quien derivó las actuaciones a la vista fiscal de la doctora Guianze, quien estudiará la solicitud a partir del lunes.
Fuentes judiciales indicaron a LA REPUBLICA que la fiscal Guianze no rechazaría el requerimiento de Salles, a través del cual se podrían adjuntar al expediente una serie de documentos desclasificados que evidencian el marco de represión internacional que rodea al caso del «segundo vuelo».
La documentación norteamericana determinaría la implicancia de otros actores civiles y militares en la coordinación represiva de las dictaduras, sin descartar que finalmente se proceda a requerir la detención y extradición del propio Henry Kissinger, en un trámite que haría historia en la Justicia norteamericana. *