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Menores explotados en Guatemala

Una ruta para declarar Centroamérica región libre de trabajo infantil

Fuentes: SEMlac

Guatemala es el país de Centroamérica con la población más grande de niñas y niños ocupados laboralmente, donde se comienza a trabajar desde los cinco años de edad. En tales condiciones, la niñez trabajadora es mal pagada o no tiene salario; pero, sobre todo, recibe malos tratos por parte de sus empleadores. Acabar con el […]

Guatemala es el país de Centroamérica con la población más grande de niñas y niños ocupados laboralmente, donde se comienza a trabajar desde los cinco años de edad. En tales condiciones, la niñez trabajadora es mal pagada o no tiene salario; pero, sobre todo, recibe malos tratos por parte de sus empleadores.

Acabar con el trabajo infantil en Guatemala y el resto de los países de la región, Panamá y República Dominicana, es una de las prioridades de los gobiernos de estas naciones, que se han unido para desarrollar la denominada Ruta para hacer de esta área una zona libre de trabajo infantil.

Actualmente hay 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La gran mayoría de esos empleos son considerados las peores formas de trabajo infantil.

La hoja de ruta marcará el camino para cumplir las metas establecidas en la Agenda Hemisférica de la OIT 2006-2015 para generar Trabajo Decente en las Américas, y así eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2015 y el trabajo infantil en su totalidad en 2020.

La situación laboral infantil en Guatemala preocupa porque vulnera los derechos de la infancia, expresa Nery Rodenas, de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, aquí se emplea por lo menos a 528.000 niños y niñas entre siete y 14 años, y el número aumenta a un millón 33.000 menores si se suma la población empleada entre los 14 y 18 años.

Karina Javier, consultora nacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indica que, como en el resto del mundo, la actividad que más involucra a esa población infantil guatemalteca en el mercado laboral es la agrícola, que concentra a buena parte de la niñez rural en la cosecha de café, corte de caña, siembra y corte de brócoli, entre otros.

Esa misma situación también afecta a la infancia salvadoreña, que tiene a 300.000 niñas y niños trabajando, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La gran mayoría está empleada en el corte de caña, recolección de moluscos en los bosques salados, recolectores de basura y pirotecnia.

Marvin Rabanales, de la ODHAG, señala que el trabajo agrícola utiliza al menos a 74 por ciento de niñas y niños, y es uno de los que más vulnera su derecho a educarse.

La niñez a la que se refiere Rabanales no concluye siquiera el primer grado escolar. Ya en una ocasión la ministra de Educación, Ana de Molina, señaló que del millón de niñas y niños que no acude a una escuela, 31 por ciento lo hace por trabajo.

La pobreza, sin embargo, parece ganar el pulso a quienes buscan erradicar el trabajo infantil en Guatemala, ya que de los 14 millones de habitantes que viven en el país, seis millones son pobres y un millón vive en extrema pobreza, destaca la encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006.

Más de la mitad de la niñez trabajadora habita en esos hogares, donde las familias están conformadas por ocho miembros y sólo poseen un dólar al día para comer, vestir y movilizarse.

De ahí que el documento «La niñez Guatemalteca en Cifras», de UNICEF, destaque en su última edición que las niñas son contratadas por 50 dólares al mes para trabajar 60 horas a la semana por lavar, planchar, cocinar, limpiar y cuidar niños, cuando el tiempo de laborales de un adulto es de 47 horas semanales.

En 2000 la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado reportó 93.000 niñas, entre los 10 y 14 años edad, en esa situación.

Para la OIT, la explotación laboral infantil viene desde la familia y la comunidad. Se da generacionalmente y existe resistencia socio-cultural para su erradicación, como ocurre en el área rural, donde la niñez debe contribuir al sostenimiento del hogar y tiene que emigrar a los cortes de café.

De ahí que para ese organismo internacional, proyectos como «Mi Familia Progresa», propuesto por el gobierno, resulte esperanzador. Este programa se basa en transferencias de 20 y 50 dólares mensuales a las familias, a cambio de enviar a sus hijos a la escuela, lo cual se desarrollará en los sitios más pobres.