Pasado el ajetreo de los últimos días en la capital peruana, sede de la V Cumbre de Países de América latina, el Caribe y la Unión Europea, y de la cumbre paralela o «De los Pueblos», empieza la etapa de balance de los análisis y debates suscitados pero, principalmente de los dos documentos emanados de […]
Pasado el ajetreo de los últimos días en la capital peruana, sede de la V Cumbre de Países de América latina, el Caribe y la Unión Europea, y de la cumbre paralela o «De los Pueblos», empieza la etapa de balance de los análisis y debates suscitados pero, principalmente de los dos documentos emanados de ambas reuniones.
Par amplios sectores de la opinión pública, la V Cumbre no pasó de ser «un saludo a la bandera», cuyo documento final, denominado Declaración de Lima, no entraña un compromiso real para los países participantes, especialmente en lo que respecta a temas cruciales como desigualdad, pobreza y exclusión.
Dicho documento -que consta de 57 acápites- exhorta a abordar «de manera efectiva la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, con miras a promover la cohesión social» (porque) «constituye un imperativo moral, político y económico».
Y, para llevar a la práctica tal enunciado, propone una serie de medidas entre las que se incluyen muchas que son comunes a este tipo de reuniones, pidiendo específicamente considerar «los requerimientos de los grupos objetivo, promoviendo una mayor igualdad de género y los derechos de las personas con discapacidad, de los niños, de los pueblos indígenas o de otros grupos sociales que requieran atención especial».
Los 59 mandatarios firmantes de esta Declaración se comprometieron también a promover el empoderamiento económico, político y social de la mujer y a implementar una Agenda de Lima para la erradicación de la pobreza, la desigualdad y la exclusión.
«Cuando la cumbres tienen demasiada asistencia se vuelven más ineficaces. Las agendas se vuelven más generales, y en consecuencia menos eficaces también. Cuando existen diferencias políticas, las posiciones y enfoques se vuelven distintos y hasta conflictivos», afirmó el analista internacional Ernesto Velit.
Hablando para una cadena nacional de radios, el especialista se lamentó de la falta de compromisos reales y puso como ejemplo la propuesta del presidente peruano Alan García para aplicar un impuesto al barril de petróleo comercializado, para destinarlo a un fondo de reforestación.
«Pasó sin dejar huella y sin convertirse en un real compromiso. De igual modo, el fondo contra la pobreza que propuso crear el presidente Chávez, de un millón de dólares diarios, pasó sin ser tomado en consideración», añadió.
Sin embargo, la Ministra de Comercio Exterior, Mercedes Araoz, señaló que las declaraciones de este tipo de reuniones constituyen en realidad un marco general de acción, gracias al cual es posible implementar una serie de políticas posteriores.
Sea como fuere, para el poblador común, la Cumbre oficial fue bastante ajena y más bien una molestia pues con el fin de brindar seguridad máxima a los visitantes (más de dos mil de acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores), decenas de calles fueron cerradas al tránsito vehicular e incluso el libre flujo de peatones se vio muy restringido, los vendedores ambulantes y hasta los de periódicos fueron removidos de sus puestos y trasladados a otros lugares y se decretó feriado no laborable los días 14 y 15 de mayo.
«¿Usted cree que todo esto sirva para algo?, siempre nos dicen que es por el bien del país pero termina siendo para el bien de unos cuantos, los que tienen capital para invertir», dijo visiblemente mortificada Azucena López, una vendedora de golosinas de Miraflores, una de las zonas más afectadas por las restricciones debido a que su jurisdicción se ubican muchos de los hoteles usados como alojamiento de los presidentes y sus comitivas.
«Yo no sé mucho de estas cosas, pero me parece que la otra cumbre, esa que tanto critican los políticos está más relacionada con nosotros los pobres, no sé pero yo la siento más cercana que la de estos señores encopetados», añadió.
La Cumbre de los Pueblos reunió a organizaciones sociales, políticas, sindicales, populares, de migrantes, comunidades indígenas y campesinas, movimiento de mujeres y de jóvenes de América Latina, el Caribe y Europa.
Ellos se reunieron en el Coliseo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ubicada en el distrito del Rímac, en límite con el nuevo eje de desarrollo económico capitalino: la zona norte de Lima, a varios kilómetros de distancia de la otra Cumbre. Para ellos no hubo bloqueos de calle e incluso la dotación policial asignada fue ostensiblemente mayor.
En la sesión final se leyó la Declaración de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, en la que se afirma que «la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos».
Tras ser leída la Declaración, el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que presidió el sacerdote Francois Houtard, presentó la sentencia que condena ética y moralmente a «las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea».
Posteriormente se acordó denunciar en el foro internacional a las corporaciones multinacionales europeas por sus graves y sistemáticas violaciones a las normas del derecho internacional que amparan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de América Latina y el Caribe.
El Tribunal Permanente de los Pueblos solicitará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que nombre un Relator Especial que se encargue de presentar a la Asamblea General de ese organismo un informe que contenga una propuesta de caracterización del concepto de deuda ilegítima, y la calificación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales perpetrados por gobiernos, empresas financieras y corporaciones multinacionales en contra de personas y pueblos.
Para ese efecto, proponen se constituya un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes económicos y ambientales, donde las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como parte accionante.
La celebración de la Cumbre de los Pueblos tuvo que afrontar una serie de tropiezos de parte de las autoridades durante su organización. El punto culminante fueron las desafortunadas declaraciones del presidente del Consejo de Ministros de Perú, Jorge del Castillo, que la calificó de «cumbre de perdedores» justificando de esa manera el poco apoyo brindado a su organización.
«Las declaraciones del premier Del Castillo reflejan la importancia de la Cumbre de los Pueblos. Como ahora ya no nos puede ignorar sólo le queda insultarnos una vez más. Quienes han perdido son él, el presidente Alan García y todos aquellos que no querían que se realizara nuestra reunión. Lo suyo es el llanto de los perdedores», dijo la coordinadora general de la Cumbre de los Pueblos, Rosa Guillén.
Guillén, señaló que durante los cuatro días que duró la Cumbre, congregó a más de 5 mil personas procedentes de cerca de 40 países de América Latina y El Caribe y la Unión Europea.