Una «fiebre» en las inversiones de tierra ha tenido como destinatarios en los últimos años a los países del Sur. En menos de una década, sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008, 62 millones de hectáreas (cerca del 1,5% de la superficie agrícola mundial) han sido objeto de «transacciones» internacionales. Mientras, en 2005, […]
Una «fiebre» en las inversiones de tierra ha tenido como destinatarios en los últimos años a los países del Sur. En menos de una década, sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008, 62 millones de hectáreas (cerca del 1,5% de la superficie agrícola mundial) han sido objeto de «transacciones» internacionales. Mientras, en 2005, cerca de mil millones de personas residentes en las zonas rurales del planeta se hallaban en situación de extrema pobreza. Según la FAO, actualmente se producen alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas (en el mundo viven 7.000 millones), aunque cada año se desperdicien 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo (un tercio de la producción total). Aproximadamente 805 millones de personas pasan hambre en el conjunto del planeta.
Éstas fueron algunas de las cifras recordadas en el Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra y los Recursos Naturales (FIMAT) 2016, celebrado entre el 31 de marzo y el 2 de abril en la Universitat Politècnica de València. El foro reunió a 400 participantes de 70 países, entre ellos los delegados de 200 organizaciones campesinas así como 150 expertos y profesionales académicos. La organización del FIMAT en Valencia corrió a cargo del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Asociación para la Gestión de la Tierra, Agua y Recursos Naturales (AGTER), en colaboración con la FAO. Fuentes del FIMAT criticaron que más de una veintena de participantes -sobre todo de los países africanos- no pudieron viajar al estado español debido a que la embajada española les negó el visado. En algunos casos tenían el billete de avión pagado por el Foro. «Estas son las políticas migratorias de la Unión Europea», denunciaron fuentes de la organización.
En las sesiones y talleres participó Santos Caballero, secretario general del Conejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), formado por ocho centrales o federaciones de campesinos con presencia estatal y más de 3.000 grupos de base. Critica la falta de apoyo de los gobiernos hondureños para instalar proyectos de riego por goteo para las pequeñas parcelas de productores y «la gran cantidad de bosque que hemos perdido en 2015». Señala la extensión de cultivos de caña de azúcar («estamos minados») y de palma, la represión contra el movimiento campesino e indígena, la actuación de grupos paramilitares y el incremento de la dotación presupuestaria para el ejército. «Los proyectos mineros están acaparando las parcelas de los compañeros que cultivan café o maíz», destaca.
La actividad de la mina San Andrés afecta al municipio de La Unión, de 10.000 habitantes en el departamento de Copán, y otros del entorno. Vecinos y organizaciones populares denunciaron en su día los graves perjuicios para la salud de la población y la afección a las fuentes de agua por las descargas de cianuro en el río Lara. Minerales de Occidente SA (Minosa), Yamana Gold y Aura Minerals son las empresas responsables de la extracción de oro en la mina San Andrés. Santos Caballero pone también el ejemplo de la mina El Mochito, en el municipio de Las Vegas (Santa Bárbara), donde las empresas American Pacific Honduras o Nyrstar se han dedicado a la extracción de plomo, zinc y plata.
En marzo de 2016 el movimiento campesino hondureño articulado a la Vía Campesina denunció que campesinos e indígenas son desalojados, perseguidos y apresados. Contabilizan 5.000 campesinos procesados, 250 presos en diferentes cárceles de Honduras y 150 asesinados. Además, informan en un comunicado, «los cultivos y viviendas son destruidos impunemente, lo que ocasiona miles de lempiras (moneda hondureña) en pérdidas para las familias pobres». La expresión más conocida de estas denuncias fue el asesinato el 3 de marzo de de la líder indígena Berta Cáceres, en su domicilio de «La Esperanza» (Intibucá). El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una de cuyas fundadoras fue Berta Cáceres, ha denunciado el incremento del hostigamiento y las amenazas en los últimos años, sobre todo con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca», que desarrolla la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA), dentro de la comunidad Lenca de río Blanco.
El asesinato de la dirigente comunitaria, que contaba con 44 años, es la consecuencia del proceso represivo. En su recuerdo, los días 13 y 13 de abril tendrá lugar en Tegucigalpa el Encuentro Internacional de los Pueblos «Berta Cáceres Vive», convocado por el COPINH, la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Hondureña «Berta Cáceres». El Encuentro se complementa con una caravana el 15 de abril desde Tegucigalpa hasta el río Gualcarque (Intibucá). El objetivo es exigir justicia por el asesinato de la líder popular; además, los convocantes observan «la cada vez más clara intención de impunidad del estado hondureño y sus aliadas corporaciones internacionales». Trece días después, murió asesinado cuando llegaba a casa de un familiar Nelson García, miembro del COPINH y líder de la comunidad de «Río Chiquito», en el municipio de Río Lindo (Cortés). El COPINH ha denunciado que el crimen se produjo en el marco del desalojo efectuado contra la citada comunidad, en el que participaron cerca de un centenar de policías, veinte efectivos de la policía militar y diez del ejército. Los agentes «invadieron el territorio ocupado por 150 familias; más de 75 habían construido sus casas con su esfuerzo y los materiales que habían podido obtener», aseguran en nota informativa.
En la primera jornada del Foro Mundial sobre el Acceso a la Tierra, aporta alguna clave explicativa el presidente de la Federación de Productores Agroforestales de Honduras (FEPROAH), José Serapio. Los pueblos indígenas de América Latina suman unos 50 millones de personas, cerca del 10% de los habitantes de la región. Además, se produce una coincidencia palmaria entre las zonas geográficas de mayor riqueza biológica con las de mayor diversidad cultural, de modo que un 80% de las áreas protegidas de Latinoamérica cuentan con población indígena. La presión que soportan los territorios aborígenes explica que otro participante en el Foro Mundial, Félix Díaz, autoridad Qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh («La Primavera») en la provincia argentina de Formosa, tenga pendientes según recuerda Amnistía Internacional en el informe de 2015, tres causas penales abiertas en 2010. Los hechos se retrotraen al 23 de noviembre de ese año, cuando más de 400 agentes policiales desalojaron con violencia un corte de la Ruta Nacional 86 de la comunidad indígena Toba Qom «La Primavera», en el que participaron un centenar de personas. Reclamaban los derechos sobre la tierra y protestaban contra la construcción del Instituto Nacional Universitario por el gobierno de la provincia de Formosa. Dos personas murieron en el episodio y varias resultaron heridas.
No es el único caso en Argentina. El 26 de octubre de 2015 fue juzgada y absuelta Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén. Destaca Amnistía Internacional que fue procesada en 2012 después de oponerse a los proyectos de la empresa petrolera Apache Corporation. Se le acusaba del intento de asesinato a un auxiliar de Justicia, por lo que la Fiscalía pedía 15 años de prisión. Se da la circunstancia que el proceso penal a Relmu Ñamku fue el primero en la región que contaba con un jurado intercultural -con representación del pueblo mapuche- y con interpretación simultánea al mapuzungun. La organización de derechos humanos ha contabilizado 183 casos en Argentina de comunidades indígenas que defienden sus derechos frente a gobiernos, corporaciones y el poder judicial. Señala casos como el de la comunidad india quilmes, en los valles Calchaquíes de Tucumán, que durante años ha resistido a los negocios turísticos. En junio de 2015, el cacique de la comunidad, Francisco Chaile, fue detenido por la policía y acusado de «robo agravado por tráfico de armas».
Desde una perspectiva global, Gustavo Sánchez Valle, miembro de la delegación de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) en el Foro para el Acceso a la Tierra, apunta que cada año se pierden 13 millones de hectáreas forestales en el mundo, sea por causas naturales o la transformación para otros usos. Cerca de 1.600 millones de personas -entre ellas más de 2.000 culturas indígenas- necesitan de los bosques para lograr alimentación e ingresos. En cuanto a las denuncias por la represión, la alianza mesoamericana condenó en marzo de 2016 el asesinato del líder comunitario en el departamento del Petén (Guatemala), Walter Méndez Barrios. El dirigente participaba como animador de la lucha por la prórroga de los contratos de manejo forestal comunitario en la cooperativa «La Lucha», y era miembro de la Comunidad de Asociaciones Forestales de Petén (ACOFOP). Durante los últimos seis meses recibió amenazas por parte de tomadores ilegales de tierras. El coordinador de la iniciativa Ekta Parishad (India), Ramesh Chandra Sharma, ha intervenido en el Foro en representación de las organizaciones campesinas de Asia. Ha denunciado la vulneración de las leyes por parte de instituciones como el Banco Mundial y las corporaciones privadas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.