El 3 de abril se cumplió un año de la publicación de los «Papeles de Panamá» que desvelaron una gran lista de nombres que mantenían sus ingresos en paraísos fiscales eludiendo así la responsabilidad de pagar impuestos en sus países. Se puso la lupa a esos nombres de políticos, jefes de estado, ministros, deportistas, artistas… […]
El 3 de abril se cumplió un año de la publicación de los «Papeles de Panamá» que desvelaron una gran lista de nombres que mantenían sus ingresos en paraísos fiscales eludiendo así la responsabilidad de pagar impuestos en sus países. Se puso la lupa a esos nombres de políticos, jefes de estado, ministros, deportistas, artistas… y ha habido consecuencias diversas en este año. El escándalo fiscal ha ayudado a mantener en la agenda mediática el problema de la evasión fiscal, pero aún muy lejos de resolverse.
El Foro Social Mundial declaró el 3 de abril Día de Acción Global contra los Paraísos Fiscales y muchas organizaciones en todo el mundo informaron, se movilizaron y denunciaron las consecuencias del fraude fiscal y el impacto de esas inaceptables prácticas fiscales en la vida común de toda la población. Con frecuencia nos preguntan a las ONG de cooperación al desarrollo, que participamos en las citadas acciones, por qué nos sumamos a esa lucha y qué tiene que ver esa denuncia fiscal y movilización con la lucha contra la pobreza que se supone es uno de nuestros objetivos.
La respuesta es clara: el sistema tributario es la herramienta más poderosa de los Estados para redistribuir la riqueza y luchar contra la desigualdad y, por tanto, contra la pobreza. En general se asocia como tarea de las ONG de desarrollo denunciar los presupuestos insuficientes del Estado en inversión social, pero también es necesario saber cómo se recauda y si quienes más tienen son quienes más aportan a la hacienda pública cumpliendo con los principios de progresividad y suficiencia.
Estos años de crisis nos hemos cansado de escuchar que «no hay dinero» mientras se ofrecía una llamada «regularización fiscal» (en realidad una amnistía) que permitía a las personas que habían evadido su fortuna a paraísos fiscales, sin declararla en el país, poder repatriar ese dinero legalmente sin coste apenas. Precisamente cuando el Estado ha necesitado aumentar los ingresos en el erario público, para afrontar las consecuencias de la crisis económica, se han permitido esas conductas insolidarias y faltas de ética. Sus paraísos fiscales han terminado siendo nuestros escasos recursos sociales.
En España la utilización de 15 paraísos fiscales por fortunas y grandes empresas genera unas pérdidas de unos 1.550 millones de euros, cantidad equivalente al 58% del déficit del fondo de reserva de las pensiones previsto para este año 2017. Cifra casi equivalente al presupuesto de cooperación al desarrollo.
Para los países en desarrollo esta situación es aún más grave, porque pierden 100.000 millones de dólares al año por los paraísos fiscales. Países que apenas cuentan con presupuestos públicos para dar cobertura sanitaria, educación e infraestructuras adecuadas a su población, ven cómo dejan de ingresar impuestos en las arcas públicas que podrían significar el aporte suficiente para alcanzar los mínimos de servicios públicos que precisa su población para que sean respetados sus derechos efectivamente.
Por eso formamos parte de la Plataforma por la Justicia Fiscal, porque creemos que es necesario trabajar conjuntamente con sindicatos, movimientos sociales y ONG para incidir en política y vigilar los pasos de nuestros gobernantes, pues es importante analizar cómo se gasta el dinero público, pero también cómo se recauda y si así se contribuye a generar sociedades más justas y equitativas o no.
La evasión fiscal provoca pobreza y desigualdad en nuestro país y en el resto del mundo, y hay medidas que se deben tomar internacionalmente para evitar la competencia fiscal a la baja, facilitar la transparencia, luchar contra el fraude y exigir el intercambio automático de información fiscal y financiera. Por ejemplo, es preciso impulsar la creación de una autoridad fiscal internacional conformada por todos los países bajo el auspicio de Naciones Unidas, donde todos los países tengan capacidad de decisión en igualdad de condiciones y no sea un «club de países ricos» como hoy es la OCDE.
Es necesaria mayor cooperación internacional, también en materia fiscal, y es preciso difundir una cultura de la responsabilidad fiscal que repercuta en los beneficios de cumplir con las obligaciones tributarias por un modelo social más justo. Porque la ciudadanía que queremos forjar un mundo más equitativo, con igualdad de oportunidades para todas las personas, ha de cimentarse en gentes que crean en el bien común y que aporten con responsabilidad según sus capacidades.
Corina Mora Torrero. Plataforma Justicia Fiscal
Fuente: http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Por-que-hablan-de-Paraisos