Un conflicto agrario en Quetzaltenango resultó en la violación de una joven de 15 años, como forma de represalia a las personas involucradas en una ocupación de tierra en la finca -María de Lourdes-. Según denuncia de Plataforma Agraria, la criminal agresión fue cometida por un agente de seguridad y por el administrador de la […]
Un conflicto agrario en Quetzaltenango resultó en la violación de una joven de 15 años, como forma de represalia a las personas involucradas en una ocupación de tierra en la finca -María de Lourdes-. Según denuncia de Plataforma Agraria, la criminal agresión fue cometida por un agente de seguridad y por el administrador de la finca, Byron Arturo de León.
De acuerdo con la denuncia, la niña estaba en un río, ubicado en la finca, lavando ropa y platos, junto con un niño de 13 años. Los agresores, utilizando pasamontañas, los rindieron, amarraron y los llevaron hacia un cafetal. En este lugar cubrieron la cara del niño y violentaron la joven.
La joven y el niño son hijos de María de Pérez Aguilar y Marta Elías (respectivamente). Las dos señoras participaron en noviembre pasado de una ocupación de trabajadores sin tierra a la propiedad, como medida de presión para obtener el pago por salarios, prestaciones y indemnizaciones que les adeudan los empleadores.
-Esta brutal agresión representa la puesta en práctica de una amenaza que De León, administrador de la finca -María de Lourdes-, lanzó desde febrero de este año contra las familias de los trabajadores que luchan desde hace siete años por el respeto a sus derechos laborales-, afirma la denuncia hecha por la Plataforma.
El tema también tuvo repercusión en la Pastoral de la Tierra Inter diocesana, de la provincia eclesiástica de Los Altos. La coordinadora de la entidad rechazó el hecho y pidió a las autoridades iniciar inmediatamente las investigaciones para punir los agresores y garantizar la dignidad de los trabajadores y sus derechos humanos.
De acuerdo con la Pastoral, desde febrero de este año, los trabajadores han recibido amenazas, pero recuerda que la ocupación fue la última forma encontrada por los agricultores para exigir el cumplimiento de sus causas laborales. Se estimase que la deuda de la administración de la finca con los trabajadores llegue a más de 3 millones de quetzales.
-Exigimos al gobierno y a las instancias pertinentes del Estado la investigación inmediata y exhaustiva de estos hechos que son un atentado contra la dignidad de los más desprotegidos-, resalta la Pastoral.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos también ha expresado su condena ante lo ocurrido. Afirma que la violación es la aguda expresión del poder y, en este caso, un intento brutal de someter el cuerpo de las mujeres para saciar su sed de venganza y el intento desesperado de frenar la participación de las mujeres que demandan lo que por justicia les corresponde, como es el derecho a la tierra y a un salario digno.