1.- Tienen prisa. Están empleados a fondo en arrebatarnos nuestro derecho a una pensión mínimamente razonable a los trabajadores a quienes no nos han podido hundir aún en el atraco de las Afores, ése es su objetivo primordial en estos momentos. Y ya anunciaron que inmediatamente después procederán a desmantelar los derechos laborales aún formalmente […]
1.- Tienen prisa. Están empleados a fondo en arrebatarnos nuestro derecho a una pensión mínimamente razonable a los trabajadores a quienes no nos han podido hundir aún en el atraco de las Afores, ése es su objetivo primordial en estos momentos. Y ya anunciaron que inmediatamente después procederán a desmantelar los derechos laborales aún formalmente garantizados a todos los trabajadores del país por la Ley Federal del Trabajo, aprovechándose del terreno que han ganado en irlos anulando ilegalmente en la realidad. No quitan el dedo del renglón de cobrar impuestos sobre los alimentos y las medicinas. Y ya está en su agenda la privatización de los servicios de salud pública en nuestro país.
En lo que sí llegaron ya a un acuerdo es en desaparecer los derechos laborales y sociales de los trabajadores de nuestro país. Esto, mientras definen los términos en que habrán de continuar la ya avanzada privatización de la industria eléctrica, petrolera y la sigilosa privatización del suministro de agua a toda la población.
2.- El problema no tiene nada que ver con «el gran aumento de la esperanza de vida de la población», ni con la «escasez de recursos del Estado», ni con la necesidad de «modernizar» las relaciones laborales, ni con la necesidad de inversiones para «mejorar» los servicios de salud o la infraestructura eléctrica o petrolera, ni con la «grave escasez de agua a punto de ocurrir en nuestro país». Todos estos no son sino los eslogans de campaña de los medios de comunicación a su servicio, la cortina de humo para presentar como una necesidad impostergable el brutal arrebato a la población de un buen número de derechos y recursos que pretenden ser entregados al gran capital extranjero y nacional.
3.- De hecho, todas estas iniciativas ni siquiera surgieron desde nuestro país. Es sumamente revelador un documento («México, una agenda integral de desarrollo para la nueva era»), que el Banco Mundial entregara a Fox en agosto del año 2000, poco después de que «ganara» las elecciones para la presidencia de la República, poco antes de que asumiera el cargo, en el cual le plantea, renglón por renglón de la actividad económica de nuestro país, de sus recursos naturales, de los derechos sociales de nuestra población, lo que espera (el capital financiero transnacional) de su gobierno durante los seis años que habría de durar. Lo significativo de este «pequeño documento» de 748 páginas, radica en los niveles en los que el capital extranjero se ha metido a decidir sobre lo que debe hacerse y lo que no en nuestro país, pero más aún en los niveles de obediencia y abyección que ha demostrado el gobierno al seguir a pie juntillas lo que ahí se le ha ordenado.
4.- De ahí viene la orden de anular el derecho a sus pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, fundamentalmente por dos razones: para liberar los recursos estatales dedicados a ello, de manera que puedan ser utilizados con otros fines (naturalmente, en su beneficio), y para «incentivar el desarrollo de los mercados de capital, encauzando los ahorros hacia inversiones en fondos de pensiones administrados por el sector privado». No es difícil imaginar la importancia que para la banca tienen los fondos de pensión de dos millones y medio de trabajadores que cotizan al ISSSTE (todo el magisterio nacional incluido en ellos), más varios cientos de miles que laboran en el IMSS, la CFE, la Cía de Luz y Fuerza del Centro, Pemex, etc. Se trata de alrededor de tres millones de nuevas cuentas bancarias, que de la noche a la mañana serían puestas en manos de los banqueros, en depósitos a plazo fijo no de 28 o 60 días, sino de 30 años ininterrumpidos durante los cuales podrían jinetear a su antojo los recursos de los trabajadores, que puntualmente, quincena a quincena irían incrementando, sin poder disponer de ellos. Y como cereza a este pastel que el gobierno pretende obsequiar a los banqueros a cuenta de las pensiones de los trabajadores, les otorga el «derecho» legal de cobrarle a cada trabajador una módica comisión de un 25% de sus depósitos por «hacerles el favor» de jinetearles su dinero.
5.- El proyecto de Reforma a la Ley del ISSSTE que están a punto de aprobar en las Cámaras es el modelo de lo que se pretende hacer con todos: transforma la obligación del Estado de garantizar una pensión equivalente al salario del trabajador durante el último de sus 30 años de labores, en una simple cuenta bancaria, a la que podrán recurrir ya viejos los trabajadores para ver para cuánto les alcanza como pensión, una vez que la banca les ha quitado 25 de cada 100 pesos que depositaron, una vez que contraten con una compañía de seguros la pensión que puedan adquirir con esos fondos que les queden (la cual, naturalmente, habrá de cobrarles también su propia comisión). Los intereses que rendirán sus 30 años de depósitos no están en modo alguno garantizados -incluso pueden desparecer en operaciones de la bolsa de valores en que los bancos pueden invertirlos por su cuenta-, y la obligación que por ley tiene el Estado de completar la cuota de los trabajadores para garantizarles su pensión, simplemente desaparece. Ésta se reduce a garantizarles un salario mínimo mensual como pensión, si, como sabe bien el gobierno que ocurrirá en la gran mayoría de los casos de aprobarse la reforma, los fondos acumulados por los trabajadores no alcanzaran ni siquiera para ello. Por lo demás, los diputados y senadores están a punto de levantar la mano para «decidir» sobre una reforma que ya fue pactada a escondidas por el gobierno federal: de hecho, ya recibió dinero a cambio de impulsar dicha reforma, como aparece constatado en el documento «Estrategia de asistencia técnica para la reforma del ISSSTE», de fecha 13 de abril de 2002, precisamente del Banco Mundial, documento que establece los términos de la reforma que acompañaron un préstamo ya otorgado con este fin.
6.- Respecto a la Ley Federal del Trabajo, el Banco Mundial no se anda con tapujos. A las claras dice lo siguiente: «No es de sorprender que a los inversionistas del TLC les disgusten las regulaciones laborales de México (la LFT), puesto que esas regulaciones imponen una «cuña impositiva» del 31% de la nómina»; es decir, que han cuantificado a cuánto ascienden los derechos laborales legalmente establecidos, y les parece inaceptable que los trabajadores mantengan esos derechos. Y más adelante dicen: «¿Qué se debe hacer? Se debe eliminar el sistema actual de pagos por despido , negociación colectiva y contratos obligatorios para la industria; el ingreso obligatorio a sindicatos; la repartición obligatoria de utilidades; las restricciones a los contratos temporales, de plazo fijo y de aprendizaje; los requisitos de promociones basados en antigüedad…». Ahí tenemos el punto de partida de la Reforma a la Ley del Trabajo promovida por Fox-Abascal y las centrales sindicales charras del Congreso del Trabajo, a punto también de ser aprobada en otro fast track por los diputados y senadores de nuestro país.
7.- ¿De qué se trata todo esto? El salario de los trabajadores, lo que éstos reciben a cambio de su trabajo, está constituido en la actualidad por dos partes: una, la que se refiere a su salario directo, lo que cobra quincena a quincena, semana a semana; y la otra, formada por un conjunto de prestaciones que les permite cubrir una serie de necesidades de subsistencia: desde el pago del séptimo día, hasta los servicios de salud; desde el pago de aguinaldo y vacaciones, hasta la garantía de una pensión al final de su vida laboral. Ninguna de estas prestaciones es algo otorgado por el Estado o el patrón al trabajador como una dádiva por encima del valor de su trabajo. Su trabajo vale lo que recibe como salario directo, lo que recibe como prestaciones y una considerable parte más que se apropia el capital como ganancia. Si el trabajador no recibiera esas prestaciones y quisiera mantener su nivel de vida, tendría que cubrirlas con la parte de su salario directo, de modo que en términos reales éste se vería severamente disminuido. Después de más de dos décadas de permanente reducción de los salarios directos, el capital considera ahora que ha llegado el momento de echar mano sobre esa otra parte del salario del trabajador.
8.- El argumento de que ha sido el aumento de la esperanza de vida lo que ha motivado la necesidad de modificar sustancialmente el régimen de pensiones, es una verdadera patraña. Es cierto que la esperanza de vida al nacer ha aumentado, de 58 años en 1960, a 72.8 años en al año 2000. Pero eso no significa que los jubilados vivan hoy casi 15 años más que entonces, como pretende hacer creer el gobierno. Porque el aumento en la esperanza de vida ha descansado fundamentalmente en una disminución de la mortalidad infantil. Lo que se toma en cuenta para el cálculo actuarial del monto de una pensión no es la esperanza de vida al nacer, sino la esperanza de vida a la edad de jubilación. Y ahí los datos son muy distintos. En 1960, lo que en promedio vivía un hombre que había cumplido ya los 60 años eran 16.8 años más. Y en al año 2000, esta cifra era de 19.7 años. Es decir, que hoy un hombre que ya cumplió los 60 años vive en promedio apenas 3 años más que en 1960. Ése es el aumento de la esperanza de vida que cuenta para el cálculo de una pensión. Y como podemos ver, ha sido realmente mínimo a lo largo de 40 años. Todos estos son datos de la Organización Mundial de la Salud para el caso de México.
9.- Como falso es también que el problema sea que el país no tiene recursos suficientes para garantizar una pensión mínimamente razonable a sus viejos, a nuestros viejos. El Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país (esa discutible si se quiere, pero medida al fin del valor de la riqueza producida en nuestro país, con nuestros recursos naturales y nuestro trabajo en un año) es actualmente de 7.4 billones de pesos (es decir, 7.4 millones de millones de pesos). La pensión promedio de un pensionado del ISSSTE es de $4,700 mensuales. ¿A cuánto ascendería garantizar una pensión igual para todos los cinco millones de hombres y mujeres de 65 años o más, del campo y la ciudad, trabajadores o no al servicio del Estado? A un 4% del PIB. Aplicando esta misma lógica, nuestro país podría garantizar además de lo anterior, servicios de salud, educación de calidad a todos los niveles e incluso una razonable canasta de alimentos para toda la población con menos del 20 % de su PIB. Dinero, hay. Recursos, tenemos. El problema es quién define el destino de los frutos del trabajo social, qué reglas del juego determinan lo que se hace con los frutos del trabajo de todos. Ya conocemos todos la barbaridad de recursos que se destinan al pago de los fraudes de los banqueros, de los empresarios carreteros, azucareros; al pago de la deuda externa, las ganancias de los bancos, de los dueños de los servicios telefónicos, el gran comercio, etc. Los insultantes sueldos y gastos superfluos de todos los funcionarios, los diputados, los senadores, los gerentes de las grandes empresas, etc. Los interminables actos de corrupción de unos y otros de todos estos personajes.
10.- Hace unos meses, declaraba Fox en una reunión de la Canacintra: «Este gobierno realiza muchos cambios, pero uno que no hará es el del modelo de desarrollo económico, porque es uno hecho para ustedes, es un modelo empresarial…». Ése es el asunto. Y las cosas han llegado al punto en que son ellos o somos nosotros. La fuerza que nosotros podemos desplegar basta y sobra para vencerlos, de eso no debe haber duda. Pero debemos decidirnos y actuar en consecuencia. La clave está en demostrar que va en serio nuestra decisión de defendernos, en demostrarlo con hechos. Poco ayudan las bravatas, como las desplegadas una y otra vez por la dirección del sindicato del IMSS a pesar y en contra de la decisión de luchar a fondo de todos sus trabajadores, dando lugar a la burla del gobierno y los empresarios cada vez que lanza una nueva amenaza. Mientras el adversario no vea que vamos en serio, no se va a detener. No bastarán las marchas, por más que tienen una gran importancia. Estamos en un momento decisivo, en que no decidirnos a luchar con todo nos llevará a perderlo todo. No parece haber otra forma de detener al gobierno, los charros, los empresarios, los diputados y senadores que dando paso a acciones de mucha mayor envergadura, como la huelga. Necesitamos emprender acciones concretas que demuestren que no habrá otra forma de evitarla que no sea la de que den marcha atrás en su pretensión de arrebatarle la vida a nuestros viejos, a nuestros hijos y a nosotros mismos.