Los dos meses transcurridos desde la rebelión popular que derrocó a Lucio Gutiérrez (20 de abril) permiten ya establecer como conclusión que el entusiasmo con que se acogió al movimiento denominado «forajidos» se va diluyendo como el azucarillo en una taza de café. El recambio oligárquico en el gobierno -el presidente, Alfredo Palacio, es un […]
Los dos meses transcurridos desde la rebelión popular que derrocó a Lucio Gutiérrez (20 de abril) permiten ya establecer como conclusión que el entusiasmo con que se acogió al movimiento denominado «forajidos» se va diluyendo como el azucarillo en una taza de café. El recambio oligárquico en el gobierno -el presidente, Alfredo Palacio, es un hombre vinculado al sector socialcristiano y su gobierno está repleto de ministros con un claro corte neoliberal y conservador, a excepción de Mauricio Gándara (ministro de Gobierno) y Rafael Correa (ministro de Economía)- es evidente puesto que no se va a tocar ni el Tratado de Libre Comercio con EEUU, que no será sometido a consulta popular y sobre el que ya ha comenzado una campaña nacional con la que se pretende convencer al pueblo ecuatoriano de las facilidades que para exportación de los productos nacionales conlleva, ni se va a abandonar la dolarización impuesta en marzo de 2000 puesto que, al contrario, «se fortalecerá», según ha dicho el propio Palacio.
Aquí está jugando un papel importante el derrocado Gutiérrez, protegido por EEUU y utilizado por él para ejercer presión sobre el gobierno de Palacio en los temas cruciales para el pueblo ecuatoriano: la firma del TLC, el uso de la base de Manta por las tropas estadounidenses, la implicación de Ecuador en el Plan Colombia, el mantenimiento de la dolarización y el pago de la deuda externa.
En el caso del TLC, aunque en la última sesión ha habido un aparente estancamiento y se vende como una muestra de firmeza de Ecuador frente a EEUU, en la línea de lo manifestado por Palacio de firmar «lo que sea conveniente para los intereses de Ecuador», lo que hay es una estrategia de EEUU para quebrar la unidad andina (el TLC se está negociando con Ecuador, Colombia y Perú) negociando con cada país por separado y temas diferentes, con lo que debilita una posición unitaria, y dejando para el último momento la negociación de los temas más sensibles para usarlos como una forma de presión que lleve a una firma inevitable. Por eso Palacio se cura en salud y anuncia que el TLC no será sometido a consulta popular.
Al mismo tiempo, y por si quedaban dudas sobre el alineamiento con EEUU del nuevo gobierno ecuatoriano, que no es un peligro para el imperialismo ni actúa fuera de los cánones establecidos por Washington, no se va a impedir la presencia estadounidense en la base de Manta -elemento estratégico de primer orden en el desarrollo del Plan Colombia- manteniéndose de forma escrupulosa el acuerdo de cooperación suscrito con EEUU hasta el año 2009. Aunque ningún acuerdo es inamovible y puede denunciarse si una de las partes así lo estima, los movimientos del gobierno de Palacio dejan claramente de manifiesto que se va a mantener dicho acuerdo hasta la fecha señalada. «Honramos nuestros contratos y obligaciones, en la medida en que no obstaculice el desarrollo nacional», dijo en un discurso televisivo el pasado jueves. En este sentido, es significativa la visita del jefe del Comando Sur de los EEUU a Quito y la ronda de reuniones que va a mantener esta semana con representantes del gobierno, del Ejército y de la Policía ecuatoriana.
Al mismo tiempo, y en un acto que va mucho más allá de la simple anécdota, el gobierno Palacio sigue la tónica ya habitual de representantes de otros gobiernos con criticas a la Venezuela bolivariana como la realizada por el Secretario de la Administración, Luis Herrería, al acusar a Chávez de «desestabilizar e incendiar» toda la región andina.
El TLC, la dolarización y la base de Manta eran tres temas importantes para la «refundación del país» proclamada tras la revuelta del 20 de abril. Eran parte de la recuperación de la soberanía, del camino propio, coincidente con las aspiraciones populares expresadas cientos de veces y últimamente en el manifiesto programático dado a conocer por las organizaciones sociales ecuatorianas el 24 de mayo. Los anuncios gubernamentales en estos casos ponen de manifiesto que los intereses fundamentales del imperialismo siguen intactos, que se ha dado salida a la crisis respetando los intereses oligárquicos y que cuando se renuncia a tomar el poder se detiene la lucha popular puesto que no se cuestiona al Estado capitalista, sino que únicamente se le hacen críticas para hacer más funcional el sistema y no se hace una política exterior autónoma.
Es la derrota de los «forajidos», tan alabados durante la revuelta, y que ha puesto de manifiesto las limitaciones de un movimiento carente de dirección, compuesto principalmente por elementos de la clase media empobrecida (lo que no significa que no hubiese participación de sectores obreros y pobres de las barriadas más marginales de Quito) y representantes de la pequeña burguesía que hicieron de la consigna zapatista «cambiar el mundo sin tomar el poder» un proyecto estratégico que está resultando funesto para las aspiraciones populares. O peor aún, quieren tomar el poder sin cambiar el Estado, pues no son pocos los dirigentes de ese movimiento que ocupan puestos de alguna responsabilidad en el nuevo gobierno o quieren tenerlo a corto plazo.
La reforma política puesta en marcha en Ecuador en estos dos meses aparenta ser trascendental en la forma pero es prácticamente inofensiva en el fondo. Es cierto que se han producido movimientos significativos, como la reforma -que no derogación, principal reivindicación de los sectores más combativos en la revuelta de abril y que hubiera demostrado una independencia real respecto a los dictados del FMI y del BM- del Fondo de Estabilización, Inversión y Recompra del Endeudamiento Público (FEIREP) por el que a partir de ahora sólo será destinado el 35% del ingreso del petróleo al pago de la deuda externa, frente al 70% anterior, y que las propuestas de crear un seguro médico para todos los ciudadanos o la inversión en educación y en protección social son muy atractivas y asumibles por las asambleas populares.
Es cierto que esta reforma no ha gustado inicialmente a los sectores financieros internacionales, pero también lo es que delegaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo ya se han reunido con el nuevo gobierno para recibir información de primera mano sobre las medidas económicas que se están impulsando o que se van a impulsar en el futuro. Y que de esas reuniones saldrá, con toda probabilidad, la concesión de préstamos por valor de 350 millones de dólares, cruciales para todo el diseño «social» del nuevo gobierno.
El movimiento popular ha caído prisionero de una tela de araña hábilmente elaborada por los sectores oligárquicos e imperialistas, cuya intervención en la crisis de abril es cada vez más evidente con la finalidad de impedir que las movilizaciones terminasen siendo capitalizadas por la izquierda revolucionaria. Con el reclamo de la «concertación con la sociedad civil» el gobierno ecuatoriano ha logrado ganar tiempo al imponer un calendario favorable a sus intereses, crea «espacios de diálogo» en los que están ausentes los partidos y organizaciones políticas y se dificulta así la creación de un movimiento de masas realmente revolucionario. A estas alturas de la historia, y con los precedentes de varios países como Argentina, por ejemplo, espejo donde se miran los integrantes de las asambleas populares, no hay espacio para la ingenuidad.