Mounir el Motassadeq, ciudadano marroquí residente en Hamburgo, ha sido condenado a siete años de prisión por «pertenencia a organización terrorista», pese a que la fiscalía ni siquiera ha sido capaz de probar que conociera a la célula de activistas islámicos con base en Hamburgo que participó en los atentados del 11-S. El proceso se […]
Mounir el Motassadeq, ciudadano marroquí residente en Hamburgo, ha sido condenado a siete años de prisión por «pertenencia a organización terrorista», pese a que la fiscalía ni siquiera ha sido capaz de probar que conociera a la célula de activistas islámicos con base en Hamburgo que participó en los atentados del 11-S. El proceso se remonta a octubre de 2002, cuando se consideró que era «el primer juicio del mundo contra un cómplice de los kamikazes». De resultas del mismo, el tribunal le condenó a 15 años de cárcel, sentencia posteriormente anulada por defectos de forma por el Tribunal Federal de Apelaciones alemán. Sin ninguna prueba concluyente en su contra, El Motassadeq pasará a integrar la lista de personas supuestamente relacionadas con el 11-S que han sido desactivadas por la justicia, en este caso la alemana. De esta forma, Berlín paga su tributo a Washington como pronto lo hará Madrid con el juicio a la «conexión española» de los atentados de Nueva York llevado a cabo en la Audiencia Nacional. Se trata de capítulos de toda una estrategia «antiterrorista» que utiliza de forma preventiva los instrumentos legales para intentar dañar las redes islamistas, aunque para ello haya que saltarse principios inalienables para un estado de derecho. Las nuevas medidas antiterroristas que ha anunciado Tony Blair, y que incluye la deportación de sospechosos sin juicio previo, forman parte del mismo clima general que ocasiona tragedias como la ejecución extrajudicial de Jean Charles de Menezes en el metro londinense a manos de un agente de Scotland Yard. En cualquiera de estos casos lo de menos es la existencia de pruebas irrefutables de que los acusados hayan participado en atentados o colaborado en su preparación. De hecho, si es tan peligroso, ¿cómo lo han condenado a siete años? Profesar una ideología islamista y compartir mezquita con algún activista destacado es suficiente. Poco importa que, como en el caso de El Motassadeq, declare ante el tribunal que «la violencia no puede resolver los problemas». El, como tantos otros, se encuentra condenado de antemano.