Gran parte del PIB de los países centrales, y de la renta generada por sus corporaciones, vienen de los servicios. De las 100 mayores multinacionales del mundo, 64 se especializan en el sector. Esta reconversión de las economías desarrolladas expresa la búsqueda de un re-posicionamiento ventajoso en la cadena de valor y en la estructura […]
Gran parte del PIB de los países centrales, y de la renta generada por sus corporaciones, vienen de los servicios. De las 100 mayores multinacionales del mundo, 64 se especializan en el sector. Esta reconversión de las economías desarrolladas expresa la búsqueda de un re-posicionamiento ventajoso en la cadena de valor y en la estructura decisoria del capitalismo global. Los servicios dan acceso a funciones de comando y coordinación, estratégicas para la continuidad y la profundización de la globalización neoliberal.
En el universo normativo del Acuerdo General de Comercio en Servicios (GATS) de la OMC y de acuerdos congéneres, no hay lugar para mecanismos nacionales de regulación. Las empresas transnacionales aseguran su protagonismo monopólico en la medida en que tengan acceso a instrumentos flexibles de captación de recursos, que dispongan de una infraestructura física y de servicios maleables y que el ambiente político y regulatório les brinde amplias prerrogativas.
La ampliación de la inclusión de la esfera de actuación de las grandes corporaciones no es automática ni tiene relación con ningún paradigma superior de organización, con divino derecho sucesorio. Los procesos de liberación comercial, fueron y son políticamente construidos por los Estados nacionales y los actores económicos predominantes en ellos. Los sectores de servicios son nervios sensibles de difícil reconstitución sin la intervención estatal en última instancia.
La liberalización de los servicios pone al desnudo la transición de un poder con emanaciones relativamente nacionales y públicas, para otro con emanaciones absolutamente particulares. Los servicios predefinen la forma de la actividades productivas, los tipos de encadenamiento económico, los usos del territorio, los patrones de consumo y la sociabilidad, o sea, determinan lo que son y lo que pueden ser determinadas colectividades. El dominio del capital solo será pleno e irreversible, por lo tanto, cuando todas las variedades de servicios estuvieren bajo sus designios.
Los servicios y su papel estructurante
La liberalización de la circulación de bienes siempre resulta en monopolizaciones de mercados existentes, y por eso tiene naturaleza pasiva, basada en el desmarañamiento de flujos comerciales para que alcancen niveles máximos. Ya la liberalización de los servicios (y de las inversiones) tiene naturaleza activa, en función de sus efectos de plasmadores de nuevos mercados y, subsecuentemente, de nuevas monopolizaciones. Garantizase así, la planificación estable de la descentralización espacial de las corporaciones y la disolución de los conflictos arancelarios pendientes en el marco del comercio intra-firma.
Además del aumento del volumen de comercio, la liberalización de los servicios proporciona la re-formatación de los Estados y el entallamiento profundo de las economías. Los servicios infraestructurales (energía, telecomunicaciones, transportes y servicios financieros), en su condición de amplificadores y coadyuvantes de la expansión económica transnacional, recibieron prioridad máxima, para fines de privatización, en los años 80 en los países de la OCDE, y en los años 90 en los países en desarrollo. Del mismo modo, recibieron primacía en términos de liberalización comercial y aparecen en primer plano en las demandas de aperturas en los acuerdos comerciales protagonizados por países desarrollados La liberalización preferencial de estos servicios conformaría factores adicionales en la atracción de inversiones directas, ganando bulto subsecuentemente. Como tales sectores ya se encuentran en gran parte privatizados y monopolizados, su apertura solo haría profundizar aun más ese perfil. En nombre de un crecimiento sectorial anómalo y de la competitividad de enclaves económicos, se sacrificarían reales posibilidades de desarrollo futuro de nuestras naciones como un todo.
Los servicios esenciales (agua, saneamiento, salud, educación) son codiciados exactamente por ser objeto de demanda inagotable y garantizada. Servicios primordiales a la supervivencia, al bienestar y a la formación de la identidad social y cultural, no podrían, en ninguna hipótesis, ser objeto de negociación o de exploración comercial. Mucho menos en países periféricos con extensas parcelas de población excluidas de los requisitos mínimos de la ciudadanía. La presencia de estos sectores en lista de ofertas, y/o su paulatina privatización, son justificadas por los gobiernos por la indisponibilidad de recursos públicos, comprometidos que están con programas de ajustes fiscal y pagos de la deuda. Los Estados voluntariamente se sujetan a los dictámenes parasitarios de acreedores y especuladores para después pedir el providencial «socorro» dos mismos. De común acuerdo, las Instituciones Financieras Multilaterales y las representaciones de la Unión Europea y de los EE. UU de América, condicionan traspasos financieros y concesiones comerciales paralelas, si hay apertura de eses sectores neurálgicos en los países periféricos. El ofrecimiento de facilidades regulatórias en áreas tan sensibles, funcionaría como un salvo conducto para las inversiones en todas las demás áreas. Es el momento, en la relación con el capital foráneo, que se reclama prueba de fidelidad o de plasticidad, al país anfitrión.
El impedimento de las privatizaciones de agua y saneamiento en Bolivia y en el Uruguay, y la manutención de techos tarifarios y controles públicos en Argentina y Brasil, hizo que los sectores privatizantes/liberalizantes redoblasen sus chantajes. El oligopolio privado del agua (Suez, Vivendi, RWE) amenaza con retirarse de los países que no se dispongan a ofrecer garantías legales y financieras adicionales. En ese contexto ganan fuerza las asociaciones público – privadas (APPs), procurando atender las necesidades de dilataciones presupuestarias de Estados endeudados y los requerimientos de salvaguardas estatales por parte de las empresas. Esas asociaciones inauguran una fase superior del desmonte de los Estados, en que las empresas dejan de ser meras concesionarias para pasar a ser forjadoras de políticas privado-publicas.
Las APPs (o PPPs) pretenden institucionalizar requisitos de retorno financiero, y de seguridad jurídica de las inversiones, en el suministro de servicios publicas. Los sectores populares, por su parte, no están más dispuestos a pagar los costos de esos requisitos en la forma de estancamiento de calidad y de renuncia a la universalización. Proponen alternativas de rescate del control público del segmento, con gestión participativa, a través de asociaciones públicas-públicas (consorcios) y de asociaciones público- sociales (gestión compartida).
GATS – plus y los benchmarks: camino que facilita las regulaciones
El GATS es un acuerdo marco que va siendo delineado en múltiples frentes de apertura: a) en los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio, b) en las privatizaciones de los servicios, c) en la definición de marcos regulatorios pro mercado, d) en la supervisión llevada a cabo por las agencias reguladoras. Estas iniciativas se superponen al GATS de la OMC, reduciéndolo crecientemente a una plataforma inicial de liberalización. El perfil GATS – plus de los acuerdos regionales y bilaterales, notoriamente conducidos por los EE. UU. de América y por la Unión Europea, crean una situación de liberalización consumada que fuerza al GATS a moverse y a adoptar metodologías todavía más draconianas.
La multiplicación de acuerdos con listas negativas, o sea, que abren el conjunto de los servicios, con excepciones puntuales y transitorias, tiene como efecto el aislamiento de los países que adoptaron hasta ahora solamente listas positivas. El NAFTA o el CAFTA, acuerdos bilaterales asimétricos y los procesos negociadores de ALCA, Unión Europea – MERCOSUR y del TLC (Perú, Ecuador, Colombia – EUA) prevén un conjunto completo de disciplinas que abarcan bienes y servicios, que:
1. Eliminan el modo 3 del GATS al transferir inversiones directas en servicios para capítulos específicos de inversiones, bajo absoluta protección.
2. Impiden coacciones y limites a la actuación de las transnacionales de servicios, dándoles inmunidades incompatibles con las responsabilidades que deberían considerar en el desempeño de sus actividades.
3. Autorizan en forma inédita la provisión de servicios transfronterizos, libres para desarticular impunemente arreglos internos.
4. Establecen compromisos mínimos que no pueden ser anulados por prescripciones que no se basen en criterios «transparentes» o que comprometan la «calidad» del servicio.
5. Imponen criterios transnacionales y privados en la elaboración de las políticas nacionales.
6. Pautan y delimitan las regulaciones domesticas toleradas en ese ínterin.
Gobiernos de la OCDE y sus corporaciones advierten que las regulaciones deben ser utilizadas con moderación, esto es, que sean administradas de «manera razonable, objetiva e imparcial». Estas primorosas disciplinas no prohíben la provisión de servicios por el Estado, apenas exigen que haya «igualdad de condiciones» con proveedores privados. Debemos ser imparciales en cuanto a nuestros propios intereses en cuanto pueblos y naciones. Cadenas, conexiones apostadas y articuladas en el país volcadas para su desarrollo, por un lado, y plataformas transnacionales de exportación o clusters des-territorializados, por otro lado, deben ser tratados con ecuanimidad.
El cambio en la metodología de negociación del GATS, con la adopción de parámetros mínimos (benchmarks) de liberalización en grados y en sectores predeterminados, refleja la corrosión de los márgenes de regulación de los gobiernos, en el curso de las privatizaciones y de las liberalizaciones bilaterales y regionales. Las transnacionales de servicios y sus representaciones colectivas lanzan su ultimátum: los compromisos de liberalización son intocables, las condiciones son lineales, sin desvíos ni retrocesos!.
La quiebra de criterios mínimos de flexibilidad evidencia la unilateralidad de las negociaciones de la OMC y comprueba la captura de sus proponentes por las grandes corporaciones. No nos someteremos a la discusión de formas «aceptables» de desmantelamiento de nuestras economias. La presentación de formulas de mitigación por parte de las delegaciones gubernamentales representaría una capitulación injustificable. Precisamos anticipar los costos políticos implicados en esa opción por la intransigencia. No se le otorga al arrollador el tratamiento de invitado.
* Sociólogo, miembro da ATTAC y de la REBRIP- Rede Brasileira pela Integração dos Povos. [email protected] Traducción al español realizada por Raúl F. Monte Domecq, con revisión del autor.