Las urnas repletas de votos halladas ayer por un ciudadano en el tiradero del Bordo de Xochiaca, la desaparición hormiga de sufragios opositores en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las inverosímiles tendencias registradas en la actualización de ese instrumento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, así como la súbita […]
Las urnas repletas de votos halladas ayer por un ciudadano en el tiradero del Bordo de Xochiaca, la desaparición hormiga de sufragios opositores en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las inverosímiles tendencias registradas en la actualización de ese instrumento durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, así como la súbita aparición de 2 millones y medio de votos colocados por el Instituto Federal Electoral (IFE) en un «archivo de inconsistencias», en los cuales se muestra una composición claramente favorable a Andrés Manuel López Obrador, a contrapelo de lo dado a conocer hasta ahora por el organismo electoral, entre otros elementos, traen a la mente una fecha clave para la sociedad mexicana y su larga lucha por la democracia: 6 de julio de 1988, aquella elección de Estado en la que el poder público desvirtuó el mandato popular para imponer en la Presidencia a Carlos Salinas de Gortari y su proyecto antinacional y antipopular.
Desde muchos meses antes de aquellos comicios, el gobierno federal se volcó en la calumnia y la denostación contra la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y en el respaldo masivo y obsceno, con recursos públicos, al aspirante beneficiado por el dedazo de Miguel de la Madrid. El día de la elección, la ciudadanía se enfrentó a un catálogo de prácticas inmundas que no bastaron para fabricarle un triunfo creíble a Salinas, y entonces la dependencia a cargo de los comicios organizó una caída del sistema para dar tiempo al maquillaje de las cifras. En los días posteriores la gente fue encontrando, en los bordes de las carreteras y en terrenos baldíos, restos de boletas y demás papelería electoral, vehículo de expresión de la voluntad popular que jamás fue computado. Los sufragios preservados tampoco fueron revisados. El régimen se negó y unos años después, con el beneplácito de los diputados de Acción Nacional, coordinados entonces por Diego Fernández de Cevallos, el salinato destruyó las cajas con los votos.
Se equivocan quienes apuestan a la falta de recuerdos de la sociedad. Los episodios referidos están presentes en la memoria colectiva y surgen a la vista del enorme desaseo con que se ha desempeñado el poder público en los meses previos a la elección presidencial del pasado domingo y por la manifiesta incapacidad o falta de voluntad del IFE para garantizar un proceso electoral equitativo, transparente y apegado a la legalidad. Los peores temores de manipulación de las elecciones se confirman a cada hora desde el cierre de las casillas, a cada balbuceo público de los funcionarios electorales, a cada emisión televisiva que ostenta la huella inconfundible de la línea oficial, a cada discrepancia de los datos, a cada inconsistencia en la conducta de quienes habrían debido arbitrar el sufragio. Hay que cotejar los certificados de normalidad y transparencia expedidos por el observador electoral aznarista enviado por la Unión Europea con la realidad de urnas desparramadas en un basurero, con las pruebas de los votos opositores que desaparecieron del PREP y con los indicios de manoseo electrónico el «algoritmo de Hildebrando», como lo denomina ya la creatividad popular en las cifras del IFE.
El guión es harto previsible: en las próximas horas Luis Carlos Ugalde saldrá a decir que lo del Bordo de Xochiaca es «un caso aislado», que el robo hormiga de sufragios opositores no altera las tendencias generales y que el PREP es impecable. Lo que resulta desolador y ofensivo es que éste y otros funcionarios del grupo gobernante pretendan estirar la credulidad de los ciudadanos de todas las preferencias políticas hasta el punto de hacerlos comulgar con esas ruedas de molino.
Lo grave es que en unas horas comenzarán los cómputos distritales en una circunstancia en la que el IFE se encuentra ayuno de prestigio, autoridad moral y credibilidad. A los desaseos prelectorales se agregan vicios en la elección propiamente dicha y un manejo de las expresiones de la voluntad popular tan inescrupuloso como el que está apareciendo; las irregularidades, ahora está a la vista, complementan la parcialidad gubernamental y mediática; el «empate técnico» entre López Obrador y Felipe Calderón se revela como un escenario construido desde los poderes político, económico y electoral para facilitar un «triunfo» del segundo que se vuelve cada vez más incierto y sospechoso.
Los recuentos distritales son la última oportunidad de corregir las evidentes alteraciones sufridas por la masa de sufragios, y se abre la perspectiva, en consecuencia, de que el IFE no sea capaz de entregar resultados mínimamente verosímiles y de que la elección deba dirimirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tales son los cauces legales establecidos y a ellos deben apegarse todos los actores. El domingo pasado la ciudadanía dio una lección de cultura democrática y de civilidad; los árbitros de la contienda, en cambio, ensuciaron y enturbiaron el procesamiento de los sufragios, en lo que constituye un exasperante agravio para el país y para su memoria histórica. La primera presidencia de la alternancia, el gobierno «del cambio», está llegando a su fin de esta manera, con una grosera intromisión en los comicios. Por su parte, los actuales responsables del IFE, institución lograda con el esfuerzo y el sacrificio de incontables mexicanos demócratas, obligan a remontarse a 1988: hoy, como hace 18 años, una parte indeterminada del veredicto popular ha ido a parar a los basureros cibernéticos o reales, y semejante involución es llanamente inadmisible.
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