Movimientos sociales reaccionan frente a la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Para varias organizaciones civiles la ley va en contra de los derechos humanos fundamentales y, además, no ha ocurrido las discusiones necesarias con la sociedad sobre un asunto delicado y de gran importancia para […]
Movimientos sociales reaccionan frente a la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. Para varias organizaciones civiles la ley va en contra de los derechos humanos fundamentales y, además, no ha ocurrido las discusiones necesarias con la sociedad sobre un asunto delicado y de gran importancia para el país.
La ley, aprobada el 21 de septiembre, consta de 53 artículos y clasifica 29 acciones como «actos terroristas», con penas que van desde los cinco a los 65 años de prisión. Los movimientos argumentan que el texto de la ley no aclara cuestiones básicas y deja en abiertos temas muy relevantes que, en caso de aplicados, podría comprometer la vida las personas seriamente.
Uno de los puntos manifestados, por ejemplo, por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, es que la ley no define qué se entenderá por terrorismo, por lo que cualquier conducta que provoque inseguridad, intranquilidad, alarma, temor o zozobra en las personas, podría ser considerada como tal.
El órgano agrega aun que hay disposiciones que podrían dar lugar a violación de derechos fundamentales, por ejemplo, el artículo 29 de la referida ley plantea el delito de encubrimiento, que será sancionado con pena de prisión de 15 a 20 años, independientemente de la relación familiar o afectiva que quien lo cometa tenga con las persona que se pretenda encubrir. Los alcances de esta disposición rebasan los límites de lo aceptable si consideramos que la misma naturaleza de las relaciones humanas inducen a apoyar a la persona vinculada familiar o afectivamente.
«El país cuenta con un amplio marco jurídico internacional, por lo tanto en el caso de las leyes de naturaleza represiva, las autoridades deben ser muy celosas de no hacerlo en detrimento del respeto de la dignidad de las personas», afirman.
En el sitio La Prensa Gráfica, la procuradora para la Defensa de los Derecho Humanos, Beatrice de Carrillo, criticó la aprobación de la ley especial y la calificó como «innecesaria para el país», pues los delitos ya están incluidos en el Código Penal de El Salvador. Además, la misma puede generar pretextos de represión arbitraria en contra de manifestaciones sociales o individuales.
En el día de la aprobación, un grupo de organizaciones sociales protestaron. En frente a la sede del Palacio Legislativo, pidieron a los parlamentarios que no aprobasen la ley. Participaron de la manifestación el Frente Sindical Salvadoreño, Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, BPS, Coordinadora Nacional Agropecuaria, Foro para la Defensa de la Constitución, comerciantes informales agremiados y la Alianza Social por el Cambio.
Sancionada por el presidente de la República del país, Elías Antonio Saca, la ley entrará en vigor ocho días después de publicada en el Diario Oficial. En el sitio del Gobierno de El Salvador, el presidente contestó algunas preguntas sobre la aprobación del la ley.
En una de sus respuestas afirmó: «Yo creo que el país merece tener una Ley Antiterrorista, como la tiene cualquier país del mundo. Y los únicos que deben afligirse ante el terrorismo, son los terroristas. Yo no creo que nadie se deba afligir, que tengamos una ley que nos permita llevar a la cárcel, a los delincuentes y a los peligrosos; cualquier país del mundo civilizado la tiene, la tiene Estados Unidos, Inglaterra, la India. Cualquier parte del mundo, tiene una Ley Antiterrorista. Y a mí me alegra mucho que la Asamblea la haya aprobado, y yo espero que llegue a mi despacho, para sancionarla».