«La Constitución de Estados Unidos se levanta como una barrera que impide la condena de cualquier persona ante un tribunal estadounidense sobre la base de una confesión obtenida por medios coercitivos». Con esa cita de la Corte Suprema de Estados Unidos, de 1944, comienza el contundente nuevo informe de Amnistía Internacional, difundido ayer, en el […]
«La Constitución de Estados Unidos se levanta como una barrera que impide la condena de cualquier persona ante un tribunal estadounidense sobre la base de una confesión obtenida por medios coercitivos». Con esa cita de la Corte Suprema de Estados Unidos, de 1944, comienza el contundente nuevo informe de Amnistía Internacional, difundido ayer, en el que se denuncia la total ilegalidad de las comisiones militares creadas por EEUU, para empezar a juzgar a partir del próximo lunes a detenidos en Guantánamo. El informe, titulado Estados Unidos: ¿Justicia postergada y también denegada? Juicios con arreglo a la Ley de Comisiones Militares, desmenuza en sus 116 páginas (http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR510442007) las numerosas violaciones a los Derechos Humanos y a la legislación estadounidense e internacional cometidas por esa disposición, que no reconoce al acusado el más mínimo derecho de defensa y justicia.
A partir de su Orden Militar del 13 de noviembre de 2001, George W.Bush reimplantó, por primera vez desde la II Guerra Mundial, los juicios militares para civiles. Estos están previstos para todos los combatientes enemigos, el término utilizado desde inicios de 2002 para mencionar a las miles y miles de personas capturadas en su guerra contra el terror, sea en escenarios de guerra como Afganistán o Irak o a través de secuestros de la CIA en cualquier parte del mundo, a las que no reconocería como prisioneros de guerra.
Con ese nuevo estatus, sin reconocimiento legal a nivel internacional, Bush determinó unilateralmente que esos combatientes enemigos no eran prisioneros de guerra, y que por lo tanto no se podían acoger al tratamiento previsto para ellos por la III Convención de Ginebra de 1950. Tras años de denuncias sobre el limbo legal en el que se encontraban las cientos de personas detenidas en Guantánamo, la Corte Suprema de EEUU terminó por dictaminar en 2006 el carácter anticonstitucional de los tribunales militares previstos para los detenidos, contra los que todavía ni se habían presentado aún cargos. Sin embargo, el Gobierno Bush se ha resistido a aceptar que los prisioneros pudieran ser juzgados por tribunales federales, y ha logrado que se promulgara el 17 de octubre pasado la Ley de Comisiones Militares (MCA, por su sigla en inglés), que mantiene lo esencial de la idea original de esos tribunales.
AI recuerda que la MCA «autoriza al Gobierno a presentar pruebas manteniendo en secreto los métodos utilizados para obtenerlas» en las vistas que el juez militar «podrá ordenar que se lleven a cabo a puertas cerradas». Igualmente en el Manual de las Comisiones Militares se legitima el uso de «testimonios anónimos» y de «pruebas de oídas». El informe recuerda que «entre los acusados habrá víctimas de desaparición forzada, detención secreta, traslado secreto, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El trato que se les ha dado ha sido no sólo arbitrario e ilegal sino, además, altamente coercitivo en lo que respecta a los métodos utilizados para el interrogatorio y las condiciones de reclusión a las que se los ha sometido». Amnistía denuncia el hecho de que EEUU defienda que sus actividades en el exterior en el marco de la guerra contra el terror se rijan exclusivamente por las leyes de la guerra. AI. alerta de un agravante a esta situación: EEUU pretende juzgar a través de estas comisiones militares incluso a personas acusadas de atentados terroristas cometidos antes del 11-S, antes de que lanzara esa guerra contra el terror. Es el caso de sospechosos de estar involucrados en los ataques terroristas contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998, o como el que se realizó en 2000 contra el navío USS Cole, frente a las costas de Yemen.
Los primeros 24 prisioneros que se empezarán a sentar en el banquillo de los acusados de las comisiones militares a partir del próximo lunes, han sido capturados hace al menos tres años. Buena parte de ellos ha pasado todo ese tiempo detenido ilegalmente en Guantánamo, pero muchos otros han sido trasladados a esa base tras permanecer en cárceles secretas en distintos países, sometidos a interrogatorios coercitivos y torturas.
¿Cuál es por tanto la credibilidad de las supuestas confesiones reconociendo sangrientos atentados, que los mandos de Guantánamo les pueden atribuir a cualquiera de esos detenidos? Hoy quedan en Guantánamo algo menos de 400 detenidos, de los 750 que aproximadamente pasaron por esa base. La mayoría de los restantes, entre los que había desde adolescentes hasta ancianos, han sido gradualmente liberados, sin presentar contra ellos cargo ni disculpa alguna a pesar de haber estado en ese infierno durante años. En otros casos han sido entregados finalmente a sus países de origen, y en la mayor parte de esos casos fueron posteriormente liberados.