El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt respira tranquilo. De momento, ha logrado evadir la acción de la justicia internacional, que le persigue por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tras el recuento de votos de las elecciones del domingo, el general golpista que presidió uno de los periodos más negros de la […]
El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt respira tranquilo. De momento, ha logrado evadir la acción de la justicia internacional, que le persigue por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Tras el recuento de votos de las elecciones del domingo, el general golpista que presidió uno de los periodos más negros de la historia reciente de Guatemala (1982-1983) ha obtenido un escaño de diputado por el ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que le garantiza inmunidad parlamentaria a pesar de los graves delitos que se le imputan y que costaron miles de vidas.
A los 80 años, Ríos Montt seguirá moviéndose a sus anchas por su país, pero no podrá cruzar la frontera, ya que está en vigor la orden internacional de detención con fines de extradición dictada hace un año por la Audiencia Nacional de España.
El abogado Benito Morales preferiría que Ríos Montt fuera juzgado un día en Guatemala, pero reconoce que es imposible sin una profunda reforma del sistema judicial que elimine los numerosos resortes antidemocráticos.
«Si no podemos juzgarle aquí con garantías, que sea en un país donde los tribunales son imparciales», dice el coordinador del equipo jurídico de la Fundación Rigoberta Menchú, que en 1999 presentó una querella por «genocidio, torturas y terrorismo de Estado» contra los generales Ríos Montt, Romeo Lucas García y Humberto Mejía Victores, y cinco altos cargos de sus Gobiernos (1978-1885): Benedicto Lucas García, ex ministro de Defensa y ex jefe del Estado Mayor de la Defensa; Pedro García Arredondo, ex jefe de la Policía Judicial; Donaldo Álvarez, ministro de Gobernación de Romeo Lucas, acusado del incendio de la Embajada de España en Guatemala en 1980 y de la desaparición de miles de detenidos; Ángel Aníbal Guevara, ministro de Gobernación de Lucas, y Germán Chupina, ex director de la Policía Nacional.
El abogado Morales sabía desde el primer momento que la batalla política y jurídica sería larga. «Haber puesto la querella en España nos permitió lograr la resolución del Tribunal Constitucional de 2005, que reconoció que la justicia española era competente en la materia por el principio de justicia universal».
En noviembre de 2006, un tribunal guatemalteco ordenó la detención de todos los acusados, excepto Ríos Montt. Sólo dos, Guevara y Chupina, fueron arrestados. Los demás se beneficiaron de las tácticas dilatorias.
El expediente del auto de extradición de Ríos Montt está en algún cajón de los tribunales del país centroamericano, a la espera de que se diriman los recursos en cadena presentados por los abogados del general. «Son recursos que no tienen sustento legal, pero están tan bien estructurados que le permiten ganar tiempo», señala Benito Morales.
La inscripción de Ríos Montt como cabeza de lista del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) al Congreso en las últimas elecciones no perseguía otro objetivo que garantizar su impunidad.
Da vértigo comprobar cómo quien fuera presidente y al mismo tiempo responsable del asesinato de 17.000 civiles por parte de las fuerzas militares y paramilitares durante 18 meses ha seguido siendo durante más de dos décadas el político más influyente de Guatemala.
En su Gobierno hubo una militarización total de la Administración pública para combatir a las organizaciones guerrilleras, se implantó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, con matanzas de civiles, una política de tierra arrasada de comunidades en áreas de conflicto que provocó grandes desplazamientos de población, y se crearon tribunales de fuero especial.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), creada por los Acuerdos de Paz de 1996, concluyó que se cometieron «actos de genocidio» durante las operaciones contrainsurgentes en el periodo en que Ríos Montt fue presidente. Su pasado infame no le impidió crear su propio partido, el FRG, ser presidente del Congreso e incluso presentarse en 2003 como candidato a la presidencia de la República, a pesar de que la Constitución prohíbe a cualquiera que haya participado en un golpe de Estado presentarse para un cargo de elección popular.
La acusación particular contra Ríos Montt y sus altos cargos está inmersa en una carrera contra reloj hasta el 14 de enero, día de la toma de posesión de los cargos elegidos el domingo pasado.
Contra la inmunidad del escaño parlamentario se pueden interponer recursos de amparo para que un juez ordene la detención de Ríos Montt. Esta posibilidad sigue siendo un sueño en Guatemala. Pero lo más importante, replica Benito Morales, es que estos militares, con el dictador a la cabeza, ya no son los intocables de antaño.
Tal vez sea así, pero la influencia de Ríos Montt sigue siendo de gran calado. Lo demostró en junio del año pasado, cuando el juez español Santiago Pedraz viajó a Guatemala para interrogarlo. Fue en vano.
Los abogados del general y de los otros militares acusados llevaron a cabo todo tipo de estratagemas para rehuir el interrogatorio. Lo lograron y el juez español tuvo que marcharse con las manos tan vacías que ni siquiera pudo escuchar ningún testimonio de las víctimas.