Al menos 14 gobiernos de Medio Oriente y África septentrional, en su mayoría aliados de Estados Unidos en la «guerra contra el terrorismo», violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos, según una grupo de estudios árabe. El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo señaló que «las organizaciones son acosadas y los activistas […]
El informe del Instituto de El Cairo fue elaborado para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El Instituto exhortó a la comunidad internacional a «realizar esfuerzos efectivos para urgir a los gobiernos árabes a reconsiderar debidamente su legislación, sus políticas y prácticas violatorias de sus obligaciones internacionales como proteger la liberad de asamblea, de expresión y de asociación, incluidas las organizaciones no gubernamentales».
«Debe prestarse especial atención a brindar protección a activistas de derechos humanos en el mundo árabe», añade.
Un ejemplo típico, según el Instituto de El Cairo, fue la clausura de la Asociación de Asistencia Legal a los Derechos Humanos, que denunciaba hechos de tortura.
El gobierno alegó que la organización «recibía fondos sin consentimiento del Ministerio de Solidad Social».
También advirtió de las «condiciones cada vez más represivas» impuestas a las organizaciones no gubernamentales en Egipto, incluida una reforma a la ley de Asociaciones que limitaría los derechos de asociación y de expresión.
Otras naciones árabes cuestionadas son Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Jordania, Libia, Marruecos, Siria, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen.
Además acusa a otros cuatro países de violaciones a los derechos humanos: Argelia, Libia, Marruecos y Sudán.
El gobierno de Estados Unidos y los de otras naciones occidentales han tenido vínculos estrechos con países de Medio Oriente y África septentrional por años. Las relaciones se estrecharon tras los atentados terroristas contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001.
Desde el gobierno del presidente Ronald Reagan (1981-1989) promover la democracia y la libertad en el mundo árabe pasó a ser un elemento principal de la retórica política de Estados Unidos.
Ese discurso creció de forma significativa durante los gobiernos de George W. Bush.
«Estados Unidos tiene la política de buscar y respaldar el crecimiento de instituciones y movimientos democráticos en todas las naciones y culturas con el objetivo de terminar la tiranía en el mundo», señaló Bush cuando comenzó su segundo mandato.
Funcionarios de su gobierno han dicho que recurrieron a presiones diplomáticas, a la asistencia extranjera y a la estructura creada por Reagan para ayudar a cultivar la democracia en Medio Oriente y África del norte.
La transformación democrática de Medio Oriente comenzará con un cambio de régimen en Iraq, señaló Bush.
La relación de Washington con Egipto es especialmente problemática, según numerosos observadores.
Hace unos años, el propio Bush y la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice criticaron públicamente a ese país por reprimir a la oposición, en particular el encarcelamiento de reformistas liberales como Ayman Nour, el principal oponente de Hosni Mubarak, presidente de Egipto desde 1981.
A principios de este año, el Congreso legislativo dejó en suspenso unos 100 millones de dólares por concepto de asistencia militar y pidió al gobierno de Mubarak proteger la independencia de la justicia, detener los abusos policiales y frenar el contrabando de armas entre Egipto y Gaza.
La candidata a embajadora de Estados Unidos en ese país, Margaret Scobey, señaló al Congreso que «los derechos humanos se respetan poco en Egipto y siguen cometiéndose abusos».
Pero en enero, Washington liberó esa suma como forma de que Egipto ayude a calmar la crisis palestino-israelí. El mismo mes, el presidente Bush dijo a su contraparte egipcio: «Aprecio el ejemplo dado por su país».
Estados Unidos otorga a Egipto 2.000 millones de dólares al año, incluidos 1.300 millones en asistencia militar, un monto sólo superado por la ayuda brindada a Israel.
«Daños Colaterales» es un proyecto de investigación del Centro para la Integridad Pública que se propuso evaluar el impacto de la asistencia militar estadounidense tras los atentados de 2001.
«Miles de millones de dólares fueron entregados por concepto de asistencia militar a gobiernos conocidos por sus violaciones a los derechos humanos, pocos avances en materia de gobernanza democrática y el imperio de la ley», dijo a IPS Steve Carpinelli, del Centro de Integridad Pública.
El informe del Instituto de El Cairo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó a Siria de detener a «decenas de profesionales calificados de organizaciones de derechos humanos y para el restablecimiento de la sociedad civil.
El gobierno de Bahrein cerró el Centro de Derechos Humanos de ese país, procesó al presidente de una organización de la sociedad civil y acusó a siete activistas de «participar en una reunión ilegal y crear disturbios».
«Las autoridades de Túnez hicieron casi imposible el funcionamiento de la Liga Tunecina para los Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil», señala el informe.
Defensores de derechos humanos no obtienen permiso para viajar al extranjero y el gobierno tomó medidas para congelar fondos de la Unión Europea dirigidos a la Liga Tunecina por los Derechos Humanos.
«Muchas naciones del Golfo (Pérsico o Arábigo) y Libia no permiten la existencia de organizaciones de derechos humanos ni activistas de la sociedad civil», señala el documento del Instituto de El Cairo.
En Argelia, la prolongada influencia del ejército limitó severamente a las organizaciones de la sociedad civil.
Desde el derrocamiento del gobierno democrático de Sudán en 1989, la sociedad civil carece de protección política y legal.
Además, organizaciones de la sociedad civil en países en guerra, como Iraq, fueron víctimas de ataques violentos. Lo mismo sucedió en Palestina por la ocupación o por las luchas intestinas entre los dos partidos políticos.
Marruecos es uno de los países árabes donde hubo avances en materia de derechos humanos, señala el informe del Instituto de El Cairo.
Sin embargo, integrantes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos fueron detenidos, procesados y sentenciados a entre dos y tres años de prisión por emitir consignas durante una manifestación pacífica en la conmemoración del Día de los Trabajadores, apunta el documento.
Las consignas fueron consideradas por las autoridades «perjudiciales para el rey Mohamed VI y la monarquía», añade.