Desde el contacto inicial con las potencias coloniales, los pueblos indígenas vivieron un holocausto que supuso la desaparición de muchos de ellos y condenó a los supervivientes a la marginación, la invisibilidad, el expolio de sus territorios y sus riquezas, la explotación de su mano de obra y la negación de sus culturas. Podría parecer […]
Desde el contacto inicial con las potencias coloniales, los pueblos indígenas vivieron un holocausto que supuso la desaparición de muchos de ellos y condenó a los supervivientes a la marginación, la invisibilidad, el expolio de sus territorios y sus riquezas, la explotación de su mano de obra y la negación de sus culturas. Podría parecer que hoy esto se ha superado y que las poblaciones indígenas han dejado de estar amenazadas. Incluso se habla de cooperación para el desarrollo con los pueblos indígenas. Pero ¿permite la globalización hacer real esta cooperación?
En la segunda mitad del siglo XX, los indígenas comienzan a organizar sus luchas en el marco de movimientos sociales de transformación de los Estados, lo que cuajó en reconocimientos legales tanto constitucionales como de Derecho Internacional, culminando en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas [1]. Sin embargo, estos reconocimientos no han mejorado la situación de los indígenas en el mundo, ya que sus derechos individuales y colectivos siguen siendo violados.
Desde los años 80, la Cooperación Internacional ha acompañado a los pueblos indígenas en diversos aspectos de sus luchas reivindicativas:
Fortalecimiento organizativo.
Exigencia de derechos, visibilización de la problemática indígena, participación indígena en foros internacionales.
Apoyo a programas de desarrollo propio, como educación bilingüe intercultural, demarcación y titulación territorial, recuperación cultural, etc.
Diseño reciente de una cooperación específica con pueblos indígenas que toma en consideración sus peculiaridades culturales y se basa en la realización de sus derechos colectivos. Este es el caso de la Estrategia de la Cooperación Española con Pueblos Indígenas. Pero el balance es tan desalentador como el relativo a los derechos y, salvo excepciones, apenas hay avances en muchos de los temas abordados. Por el contrario, la dependencia de la cooperación, el empobrecimiento general y las amenazas a la supervivencia han aumentado.
Comercio vs. cooperación
¿A qué se debe esta contradicción entre las declaraciones de derechos y la cooperación, por una parte, y la situación de postración y dependencia de los pueblos, por otra? La causa es otra contradicción, menos visible pero igualmente aguda, entre las políticas de cooperación para el desarrollo y las de comercio exterior de los países donantes. Ambas apuntan en direcciones opuestas y tienen diferente peso en el conjunto de la política exterior de los países desarrollados: las comerciales merecen más esfuerzo presupuestario y, sobre todo, un mayor compromiso político.
Las políticas comerciales de los países donantes son coherentes con la globalización, entendida como un conjunto de normas internacionales, políticas económicas y reformas jurídicas que buscan la liberalización del comercio, la reducción del papel de los Estados en la economía y la mercantilización progresiva de cada vez más aspectos de las relaciones sociales y productivas. Estas normas se imponen a través de distintos mecanismos:
1.La coacción desarrollada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) a través de los planes de ajuste estructural exigidos como condición de la financiación externa. 2.Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 3.Los tratados de libre comercio. 4.Las políticas nacionales de renuncia al desarrollo e inserción en la economía globalizada. Exigencias de la globalización Existe una contradicción fundamental e insoslayable entre el paradigma de los derechos colectivos de los pueblos indígenas (territorio, autodeterminación, elección de un modelo propio de desarrollo) y el paradigma de la globalización. Desde los años 80, la globalización impone a los países menos desarrollados la acelerada privatización de sus empresas públicas y de prestación de servicios sociales, lo que tiene especiales consecuencias sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, la privatización de la salud está acabando con la prestación del servicio en lugares recónditos y de difícil acceso, donde viven muchos pueblos cazadores y recolectores.
Como ocurre con el resto de los campesinos del Tercer Mundo, las normas de la OMC acaban con la seguridad y la soberanía alimentarias de los pueblos indígenas. Las trabas al libre intercambio de semillas y la competencia de las importaciones subsidiadas en origen, así como la renuncia a la intervención estatal en favor de campesinos e indígenas, condena a la miseria a una tercera parte de la población mundial, que depende para su subsistencia de la agricultura local. Por otra parte, la libre introducción de cultivos transgénicos amenaza con suprimir la variedad de cultivos que han practicado durante milenios.
El derecho colectivo al territorio entra en contradicción con los intereses de las empresas trasnacionales (ETN). La globalización reserva a los países en desarrollo un papel muy determinado en el comercio internacional: el de importador de bienes y servicios (de las ETN) y exportador de productos agroindustriales y recursos naturales (a través de las mismas). La economía especializada exportadora exige la utilización de territorios indígenas para monocultivos agroindustriales, la explotación de los recursos naturales y la biodiversidad, la realización de infraestructuras, operaciones militares y cultivos ilícitos.
Los pueblos indígenas viven hoy una dramática paradoja. Los territorios que han conservado durante siglos, gracias a un modelo de desarrollo diametralmente opuesto al occidental, son anhelados por los actores del capitalismo, que han acabado con otras zonas del planeta. Las últimas regiones que conservan lo que el capitalismo más codicia son recónditos territorios indígenas, pero este éxito está llevándolos al grave peligro de su desaparición como pueblos y a la degradación irreparable de los territorios. Cuando todas estas amenazas se ciernen sobre los territorios indígenas, sus autoridades pueden negarse a que se realicen las actividades que las comportan, en virtud de los derechos reconocidos. La contradicción entre éstos y el paradigma de la globalización se activa entonces, y diversos actores públicos y privados violan esos derechos. La presión de las políticas globalizadoras es tan grande que la lucha es hoy por la supervivencia como pueblos, muchos de ellos, principalmente cazadores recolectores, en grave peligro de desaparición.
La globalización hace imposible la viabilidad de los proyectos de cooperación con pueblos indígenas, pues los resultados del proyecto no pueden seguir produciéndose o manteniéndose por sí mismos al finalizar éste. En realidad, esto es posible únicamente cuando el Estado receptor de la cooperación tiene programas de desarrollo, presta asistencia técnica, capacitación, crédito, subsidios a los campesinos, indígenas u otros sectores. Pero el modelo globalizador exige la renuncia al desarrollo, a la intervención del gobierno en la economía, a la protección y promoción de los sectores más dependientes y vulnerables.
Debemos afrontar conscientemente esta contradicción y exigir a los gobiernos de los países donantes la transformación de sus políticas comerciales, haciendo de la cooperación con los pueblos indígenas un instrumento eficaz en el apoyo a sus modelos de desarrollo y el efectivo cumplimiento de sus derechos humanos.
* Carlos Deocón forma parte del grupo intercultural Almáciga. Publicado originalmente en el nº 30 de la revista Pueblos, febrero de 2008, especial COOPERACIÓN.
Nota:
[1] Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007.