El 21 de febrero pasado, en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural inició una campaña contra la discriminación en materia educativa hacia los pueblos originarios. Reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, representantes de numerosas organizaciones sociales, gremiales y organismos gubernamentales y no […]
El 21 de febrero pasado, en el contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural inició una campaña contra la discriminación en materia educativa hacia los pueblos originarios. Reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, representantes de numerosas organizaciones sociales, gremiales y organismos gubernamentales y no gubernamentales concluyeron que la escuela ha funcionado como un poderoso instrumento de asimilación de los pueblos indígenas al modelo cultural, político y social de la nación mexicana y, en consecuencia, ha sido y sigue siendo un espacio de discriminación, en el que la educación que se imparte no se adapta a la situación, contexto y necesidades de los pueblos indígenas. Por el contrario, se imponen calendarios, docentes, material didáctico, planes de estudio y orientaciones pedagógicas que son únicas para todo el país. Comprobaron, además, que la calidad de los servicios educativos que reciben los pueblos originarios es inferior a la de otros sectores de la población nacional y que los instrumentos de políticas públicas -como la prueba Enlace- son discriminatorios y constituyen una herramienta contra las lenguas y culturas de los pueblos indígenas.
La campaña resalta la contradicción entre la realidad de la discriminación y el marco constitucional y operativo que rige el sistema educativo nacional, ya que según éste se deben preservar y enriquecer las lenguas indígenas, conocimientos y elementos que constituyen la cultura y la identidad de los pueblos. Se asume que es necesario garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión del escalón básico, la capacitación productiva y la enseñanza media superior y superior. Asimismo, se establece la necesidad de definir y desarrollar programas educativos de contenido regional, en consulta con los pueblos indígenas, que reconozcan su herencia cultural.
La campaña parte también de una delimitación precisa del concepto de discriminación, basándose en especial en el marco jurídico de tratados y convenios firmados por los estados, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación. Se entiende por discriminación «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier esfera de la vida pública» En el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que: «Los programas y servicios educativos dirigidos a los pueblos indígenas deberán desarrollarse y aplicarse con su participación, abarcando la historia, los conocimientos y técnicas, sus sistema de valores y todas sus aspiraciones sociales, económicas y culturales». Este convenio establece, asimismo, que los pueblos tomen en sus manos la realización de los programas educativos; los estados faciliten los recursos apropiados para crear sus propias instituciones y medios, utilizando las lenguas indígenas, que deberán ser adoptadas como idiomas de enseñanza; los programas y servicios deben impartir conocimientos generales y aptitudes que ayuden a los pueblos a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la sociedad nacional.
No obstante, la tendencia integradora y asimilacionista del Estado mexicano violenta estas disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, negando en la práctica la heterogénea composición étnica, lingüística y cultural de la nación. El documento de trabajo de la campaña señala que «el carácter nacionalista y homogenizador del Estado mexicano ha sido una de los mayores obstáculos para que los pueblos indígenas sean reconocidos como expresiones socioculturales y políticas distintas, con sistemas de autoridad, de gestión y desarrollo propios, y que se reconozca su derecho a establecer las formas de educación que les permitan fortalecer sus procesos de desarrollo en cuanto pueblos».
La campaña se plantea como objetivo poner en el centro del debate nacional la situación de discriminación institucional que sufren los pueblos indígenas en cuanto a su acceso y permanencia en el sistema educativo nacional, así como en relación con la pertinencia y calidad de la enseñanza que reciben; conocer y difundir la situación de los pueblos indígenas en cuanto a su derecho a la educación; elaborar propuestas e impulsar iniciativas que alimenten las políticas educativas necesarias para una práctica comunitaria en ese terreno, equitativa, participativa y con identidad; establecer estrategias para que las comunidades, organizaciones e instituciones se involucren en la elaboración y seguimiento de las políticas educativas que se aplican a las comunidades indígenas. La campaña incluirá talleres y seminarios como el que se efectuará del 19 al 21 de abril en la Universidad Pedagógica Nacional, en el que se discutirá la relación entre discriminación, educación, lengua, derechos humanos y pruebas estandarizadas con las que las autoridades educativas pretenden evaluar la educación en todo el país, sin tomar en cuenta las especificidades étnicas, regionales, y las referencias de trabajo y vida de los pueblos indígenas. Enlace, por ejemplo, es considerada cuestionable por: su racismo inherente, sus errores metodológicos, su presentación en el idioma dominante, estar descontextualizada, imponer una visión del mundo, sus modalidades de aplicación, el modo de comunicar sus resultados y, sobre todo, por su ineficiencia. ¡No a la discriminación en materia educativa!