¿Qué tienen en común la amazonía brasileña, el departamento colombiano del Cauca y la huerta de Valencia? La resistencia de los pueblos, a mayor o menor escala e intensidad de luchas, contra la expoliación de unos territorios que albergan valiosas fuentes de riqueza. Representantes del MST brasileño, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Colombia) […]
¿Qué tienen en común la amazonía brasileña, el departamento colombiano del Cauca y la huerta de Valencia? La resistencia de los pueblos, a mayor o menor escala e intensidad de luchas, contra la expoliación de unos territorios que albergan valiosas fuentes de riqueza. Representantes del MST brasileño, la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Colombia) y Per l’Horta (País Valenciano) han compartido experiencias este fin de semana en Valencia, dentro del I Seminario Internacional contra el Expolio de Territorios, organizado por una veintena de ONG, Comités de Solidaridad, sindicatos y grupos ecologistas.
James Yatacué, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en Colombia, ha negado el valor que el sistema capitalista otorga a la tierra como factor de producción. «La tierra no es un factor comercial ni un medio productivo, sino nuestra madre, es decir, un elemento espiritual que nos da afecto, alimento y todo lo necesario para la vida». Por ello, «La propiedad ha de ser de todos, colectiva», ha rematado Yatacué.
Una de las grandes amenazas que pende actualmente en Colombia contra la Pachamama es la minería, por cuya explotación se pelean las trasnacionales de Estados Unidos, Canadá, Japón, China y la Unión Europea, entre otras. «El riesgo de expolio es peor que en 1492», sentencia el portavoz de ACIN. James Yatacué conoce bien el caso del Cerro La Catalina, un monte sagrado de 3.000 metros de altura ubicado en su colectividad, donde policía, ejército, paramilitares y guerrilla han llegado para disputarse el control de las vetas de oro.
Las trasnacionales persiguen las licencias de explotación que otorga el estado (entre 10 y 50 años) pero se da la circunstancia de que el oro se encuentra en las cordilleras, donde también se localiza el agua. «Los presidentes cambian un litro de agua por un kilogramo de oro y encima nos acusan de oponernos al desarrollo y a que en Colombia se viva bien», asegura el portavoz indígena. «Primero nos desplazaban porque atravesaban por nuestras comunidades las rutas del narcotráfico; ahora ocurre lo mismo a causa de los yacimientos de oro, bauxita, coltán o esmeraldas», agrega.
¿Cómo plantear la resistencia? «Vamos a organizarnos y defender nuestros derechos ancestrales». Este objetivo pasa por recuperar algunas de las instituciones legadas por la colonia española, pero readaptadas a la realidad indígena. Es el caso de los Resguardos para reivindicar los derechos colectivos sobre la tierra; de los Cabildos como institución de los pueblos indígenas y de colegios para reforzar la lengua, cultura, pensamiento e identidad de estos pueblos (la máxima expresión de esta idea es la creación de una Universidad Autónoma Indígena Intercultural).
Similares fines defiende en Brasil el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) desde su fundación en 1984. Janaina Stronzake, miembro de esta organización, ha explicado en el Seminario contra la Expoliación de los Territorios el papel del Agronegocio como aplicación al mundo rural de las dinámicas propias de un capitalismo en crisis, que busca con ahínco nuevas zonas de extracción de plusvalías. En los últimos 30 años las grandes familias terratenientes del Brasil se han aliado con las multinacionales para desarrollar, con tecnología punta, monocultivos de exportación. Muchas son las semejanzas con la época de la colonia, por ejemplo, el uso de mano de obra esclava (con cifras a la baja, el gobierno de Brasil reconoce la existencia de 25.000 personas que trabajan en condiciones de esclavitud).
¿Cómo actúa el Agronegocio? Según Janaina Stronzake, una de las premisas es la acaparación de tierras en muy pocas manos (por ejemplo, para el cultivo de la soja); No son ajenas tampoco a la agroindustria la construcción de grandes infraestructuras, como el proyecto de represa de Belo Monte en la Amazonía que, además de las extracciones para la ejecución de las obras, implica el desplazamiento forzoso de 20 comunidades. Ni la pérdida de la semilla criolla, con sus 10.000 años de sabiduría incorporada, en favor de otra transgénica por la que hay que pagar una patente a las trasnacionales y de la que no se conocen totalmente sus efectos. También caracteriza al Agronegocio su descomunal impacto ambiental y la represión directa (vía policial o grupos paramilitares) de las resistencias basadas en la ocupación de tierras.
«La soberanía alimentaria supone romper totalmente con este modelo», afirma la activista del MST. «Porque las empresas del Agronegocio no sólo se apropian de los bienes comunes, como las semillas, sino que generan hambrunas al especular con el precio de los alimentos». Un caso de libro lo constituye Níger, país que resulta uno de los grandes beneficiarios de la ayuda alimentaria de Naciones Unidas, mientras multinacionales francesas extraen su uranio (tercer productor mundial) y comercializan sobres energéticos para paliar el hambre de la población más pobre. En el mundo rico se produce además un control de las personas, a partir de los modos de alimentación y el tipo de productos que se consumen. «Hay incluso una industria más o menos secreta que produce aromas adictivos para añadir a los alimentos», apunta Janaina.
Tal vez la dimensiones del problema en el País Valenciano sean diferentes pero el trasfondo es el mismo. A otra escala, en la huerta de Valencia se produce un expolio de los recursos y se condena a la desaparición una forma de vida ancestral, ante la encomiable resistencia de grupos como el Moviment Per l’Horta. Uno de sus miembros, Josep Gavaldà, recuerda «la mayor expoliación de territorio de huerta, del que nunca se habla y del que no hay estudios: el Plan Sur de Valencia implementado durante el franquismo con muy poca oposición, y que provocó la muerte, según algunos testimonios, de numerosos labradores».
El caso más lacerante de desprecio a la huerta y los valores que representa es la destrucción de la zona hortícola de La Punta, sacrificada para la construcción de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vinculada al Puerto de Valencia. Hace 13 años que se impulsó esta actuación, apoyada por los partidos políticos mayoritarios y el poder empresarial de la ciudad, que acabó con 65 hectáreas de suelo de huerta fértil. Pese a que se vendió como un proyecto esencial para el progreso de la ciudad, la ZAL todavía no se ha puesto en marcha y va para largo. Lo que ya no tiene vuelta atrás es la tierra de huerta arrasada y los 200 vecinos a quienes se les derribó sus alquerías.
«En La Punta se produjo una violación flagrante de los derechos humanos por la expulsión y deportación de vecinos», afirma Gavaldà. «A mucha gente que no quería vender sus tierras se les expropió a precios muy bajos y esto les hacía muy difícil, una vez perdida su alquería, adquirir una nueva vivienda», añade. La resistencia pacífica sobre el terreno se topó con la represión de la policía antidisturbios y la vía institucional no dio mejor resultado: las 120.000 firmas recogidas para que las Cortes Valencianas debatieran una Iniciativa Legislativa Popular fue tumbada sin paliativos por el PP.
Según el portavoz de Per l’Horta, la Generalitat Valenciana ha presentado un Plan para la protección de la huerta que realmente protege muy poco. De hecho, bajo figuras arcanas como las denominadas áreas de reserva se abre la puerta a futuros procesos de urbanización. «La presión de los alcaldes, tanto del PP como del PSOE, una laxa legislación territorial y paisajística y, sobre todo, la posición acrítica y el desarme mental de gran parte de la población no auguran buenos tiempos para la huerta», afirma Gavaldà. Como señalaba una viñeta de El Roto: «cuando todo esté urbanizado, nos mataremos por un huerto».
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