«Quiero justicia», dijo la pakistaní Shukria Jamali, de 20 años. «Pero no deseo que mis peores enemigos sientan el intenso dolor que estoy sintiendo ahora». El prometido de Jamali, el agente de policía Nadir Hussain, de 24 años, fue una de las víctimas fatales de los atentados con explosivos en Quetta el 10 de este […]
«Quiero justicia», dijo la pakistaní Shukria Jamali, de 20 años. «Pero no deseo que mis peores enemigos sientan el intenso dolor que estoy sintiendo ahora».
El prometido de Jamali, el agente de policía Nadir Hussain, de 24 años, fue una de las víctimas fatales de los atentados con explosivos en Quetta el 10 de este mes en la occidental provincia pakistaní de Balochistán. Más de 150 personas resultaron heridas.
En 2012, un total de 108 personas murieron por la violencia étnica y religiosa de Balochistán. Solo en la noche del jueves 10, perdieron la vida 115.
A la noche siguiente de la matanza, Jamali se unió en una protesta con otros miles de hombres, mujeres, niños y niñas, negándose a enterrar a sus seres queridos muertos.
«Fue quizás la noche más larga de mi vida. Resistimos la lluvia y el viento helado con temperaturas bajo cero, sentados junto a los ataúdes», dijo a IPS por teléfono desde Quetta.
La mayoría de los muertos pertenecen a la minoritaria comunidad étnica hazara, seguidora de la rama chiita del Islam, conformada por menos de 600.000 de personas en un país con 180 millones de habitantes.
El grupo militante sunita Lashkar-e- Jhangvi (LeJ), vinculado con el movimiento fundamentalista islámico Tehrik-e-Taliban y proscrito desde 2001, se atribuyó la matanza.
Un atacante suicida se inmoló en un club de billar de la calle Alamdar, una zona hazara. Pocos minutos después, estalló un coche bomba mientras rescatistas y medios de comunicación llegaban al lugar.
Una vez más, los hazara son perseguidos en Pakistán, donde han tenido una larga historia de conflictos con los musulmanes sunitas.
Los chiitas representan 20 por ciento de los 180 millones de pakistaníes, y han sido regularmente atacados con impunidad por parte del LeJ. Pero los que más sufren son los de la etnia hazara, rápidamente reconocibles por sus rasgos físicos mongoloides, a diferencia de otros chiitas.
La mayoría de los entre ocho y 10 millones de hazara que hay en el mundo viven en Afganistán. Pero, hace unos 120 años, muchos huyeron de ese país tras ser perseguidos por las dominantes tribus pashtunes sunitas.
En Pakistán, fueron bien recibidos al principio, y algunos incluso ocuparon altos cargos en el gobierno.
Con los años, el espacio para las minorías se fue reduciendo, y los más educados y acaudalados entre los hazara emigraron a Europa y Australia. En la última década, 25.000 miembros de ese grupo étnico abandonaron Pakistán.
La violencia étnica transformó la vida de las mujeres.
«En mi calle, donde viven otras cuatro familias hazara, la mía es la única que todavía tiene hombres. En todas las otras, los hombres han emigrado o murieron», dijo a IPS el activista Dawood Changezi, quien dirige una organización no gubernamental.
Por su parte, Taj Faiz, director de la Organización Benéfica Shohada, dijo a IPS que, de los 500 o más hogares que el grupo está apoyando, la mayoría están encabezados por mujeres.
Otra organización benéfica similar, la Fundación Nimso, fue creada el año pasado. «Nuestro objetivo principal es asegurar que los niños y las niñas de aquellos que murieron no dejen de estudiar», dijo a IPS su presidente, Abdullah Mohammadi, en conversación telefónica desde Quetta.
Jamali dijo que su prometido era el único que generaba ingresos en su familia, porque su padre está enfermo. «No sé quien me va a cuidar ahora. Mi padre tampoco vive y mis hermanos son mucho más jóvenes que yo», indicó.
Y los hombres que aún viven y cuidan de sus familias, optan por emigrar.
«Las personas con más poder adquisitivo, que tenían grandes negocios, se vieron obligadas a vender sus propiedades después de que fueran amenazadas», explicó Changezi.
Altaf Safdari, administrador del canal de televisión comunitario Mechid, dijo a IPS que la mayoría de los profesionales que pertenecen a su comunidad se encuentran prácticamente recluidos en la calle Alamdar y en el barrio Hazara, de Quetta.
«En los últimos meses, abogados, médicos, profesores, conferencistas e incluso funcionarios de gobierno no han podido dejar sus hogares por temor a ser asesinados», dijo Safdari.
«A muchos funcionarios de gobierno les han concedido largas vacaciones y aún reciben su salario. Los menos afortunados tuvieron que abandonar sus trabajos», añadió.
Rukhsana Ahmed, secretaria general del ala femenina del Partido del Pueblo Pakistaní, contó que cuando visita la tumba de su esposo, víctima de la violencia étnica en 2009, ve a «mujeres sentadas en la carretera mendigando».
Este es un nuevo fenómeno, porque los hazara antes nunca mendigaban, no importara cuán difícil situación estuvieran viviendo, señaló.
«La comunidad colabora, y envía raciones de comida a algunos hogares. Pero los niveles de pobreza han crecido enormemente. Yo me estremezco al pensar a lo que puede recurrir una mujer desesperada», agregó.
«La esposa de un verdulero que murió dejando a cinco hijas ahora colocó un negocio fuera de su casa. Las dos esposas de otro hombre esperan compensación un año después de que este muriera. Su cuerpo fue hallado sin rostro. En cientos de hogares hay entre ocho y 10 bocas que alimentar, pero no hay nadie que genere ingresos, y muchos jóvenes que aspiraban a estudiar tuvieron que dejar de hacerlo a mitad de camino», añadió.
Por su parte, el presidente del Partido Democrático Hazara, Abdul Khaliq, señaló: «Queremos que el ejército tome el control de Quetta, queremos una operación militar contra los combatientes (islámicos), y queremos la renuncia del ministro jefe», Nawab Aslam Raisani.
Aunque no fueron atendidas todas sus demandas, luego de tres días de protestas, el primer ministro Raja Pervez Ashraf destituyó a Raisani e impuso la «regla del gobernador» de Balochistán.
Esto quiere decir, según la Constitución, que el gobernador Nawab Zulfiqar Magsi asumirá todo el control de la provincia.
Changezi ha reunido meticulosamente artículos de prensa sobre cada ataque a su comunidad desde 1998. Desde entonces, más de 800 hazara han muerto en diversos atentados.
«Desde que comenzaron los ataques hace dos décadas, ni una sola persona ha sido acusada. El gobierno y el ejército saben muy bien dónde operan los militantes y sus escondites. ¿Entonces por qué es tan difícil atraparlos?», preguntó por su parte Khaliq.