El Gobierno de Birmania reacciona hoy a la defensiva y se enroca aún más en sus posiciones frente a la comunidad internacional tras las medidas provisionales que, el jueves, impuso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para proteger a la minoría musulmana rohinyá de posibles actos genocidas. Mientras los medios del país se esforzaban este […]
El Gobierno de Birmania reacciona hoy a la defensiva y se enroca aún más en sus posiciones frente a la comunidad internacional tras las medidas provisionales que, el jueves, impuso la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para proteger a la minoría musulmana rohinyá de posibles actos genocidas.
Mientras los medios del país se esforzaban este viernes en explicar en qué consisten esas medidas, el Gobierno de Birmania (Myanmar) encabezado por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi insiste en su defensa de que «no hubo genocidio en Rakáin» (Arakan, la región del oeste de Birmania de la que proceden los rohinyás).
Ello, a pesar de que la CIJ especificó claramente que esta es una cuestión que aún ha de dictaminarse durante el juicio y no es necesario que se haya demostrado la existencia de un genocidio para imponer medidas provisionales.
Gambia, con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica, denunció el 11 de noviembre a Birmania ante la CIJ en La Haya por violar la Convención contra el Genocidio y el Tribunal decidió el jueves la imponer medidas cautelares.
El ministerio birmano de Asuntos Exteriores afirmó en un comunicado publicado pocas horas después de la decisión de la CIJ que «tomaba nota», pero no especificaba si aceptaba o rechazaba las medidas provisionales dictaminadas por el alto tribunal.
Un jarro de agua fría
La decisión de la CIJ supone un jarro de agua fría para el Gobierno de Aung San Suu Kyi, quien encabezó el equipo legal de Birmania en La Haya el pasado mes de diciembre y terminó su presentación pidiendo a los 17 jueces de la Corte que no aprobara las medidas provisionales y que desestimara totalmente el caso.
Suu Kyi, líder de facto del Gobierno en calidad de ‘consejera de Estado’, se ha erigido en la defensora del Ejército birmano desde que éste lanzó una serie de «operaciones de limpieza» en Arakan durante los años 2016 y 2017 como respuesta a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.
Las campañas empujaron a más de 800.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladés, donde permanecen como refugiados, y provocaron el asesinato de al menos unas 10.000 personas, según el informe de una comisión de investigación de la ONU hecho público en 2018; informe que acusaba al Ejército birmano de haber actuado con «intención genocida».
Una distancia insalvable
Esta defensa del Ejército ha supuesto que en el extranjero caiga en picado la popularidad de Suu Kyi, pero no ha hecho mella en la casi adoración de la que disfruta en Birmania, donde cunden los prejuicios contra los rohinyás y se les llama ‘bengalíes’ para indicar la percepción generalizada de que son inmigrantes ilegales de Bangladés a pesar de haber vivido en el país durante siglos.
El tratamiento de los rohinyás ha abierto una distancia aparentemente insalvable entre las condenas de una gran parte de la comunidad internacional y el apoyo del que disfrutan el Gobierno y el Ejército en el país, que se presentan como los guardianes de la soberanía nacional ante los ‘inmigrantes ilegales’ y sus defensores.
En un artículo de opinión publicado el jueves en el diario Financial Times, Aung San Suu Kyi criticó el informe de la ONU por «depender débilmente de testimonios de refugiados en campos de Bangladés», aunque no mencionaba que su Gobierno se negó a permitir la entrada a los investigadores.
Aung San Suu Kyi se enroca
Frente a dicho informe, la líder de facto de Birmania defendía una comisión de investigación formada por su Gobierno que exoneró al Ejército de genocidio y, aunque admitía que se podrían haber cometido algunos crímenes durante las operaciones militares, negaba algunas alegaciones de la misión de la ONU como la violencia sexual contra las mujeres rohinyás.
En su defensa de la comisión interna, cuya imparcialidad ha sido puesta en entredicho por organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Suu Kyi pasaba por alto el hecho de que sus miembros no habían entrevistado a ninguno de los refugiados que huyeron a Bangladés.
Ahora, la reacción del Gobierno birmano a la orden de la CIJ parece indicar que se está enrocando aún más en sus posiciones frente a la comunidad internacional.
«Es importante para Myanmar que la Corte llegue a una decisión ajustada a los hechos de este caso. La condena sin fundamento a Myanmar por parte de algunos defensores de los derechos humanos ha presentado una imagen distorsionada de la situación», afirmaba el comunicado de Suu Kyi.
Fuente: https://es.noticias.yahoo.com/birmania-defensiva-orden-cij-proteger-rohiny%C3%A1s-115026576.html