La pandemia del coronavirus ha transformado el escenario global. “Podría casi duplicarse el número de personas que padecen hambre extrema el mundo”, advirtió en abril el Programa Mundial de Alimentos de la ONU; según las proyecciones del Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias 2020, podrían superarse -a finales de año- las 265 millones de personas con inseguridad alimentaria aguda en el planeta. Ya en 2019, añade el reporte, el 61% de la población en Sudán del Sur padecía una situación de crisis alimentaria; y al menos el 35%, en Sudán, Yemen, República Centroafricana, Zimbabwue, Afganistán, Siria y Haití.
La crisis también ha cambiado las condiciones laborales; durante el primer mes de la pandemia, los trabajadores de la economía informal en África y América Latina han visto reducidos sus ingresos en un 81%, destaca la OIT. A ello se agregan los 1.500 millones de alumnos afectados por el cierre de escuelas y universidades. La OMS informó en agosto de las conclusiones sobre una encuesta, en 159 países, sobre los servicios de salud esenciales durante la COVID-19: “En los países de ingresos bajos, los servicios críticos –como la detección y el tratamiento del cáncer o el VIH- habían sufrido interrupciones de alto riesgo”.
En esta coyuntura, la ONU defendió en julio la introducción de un ingreso básico temporal para cerca de 2.700 millones de personas que sobreviven por debajo o apenas por encima del umbral de la pobreza, en 132 países “en vías de desarrollo” (tendrían cobertura, de este modo, mil millones de personas “pobres” y 1.700 millones de personas “vulnerables”, que representan –sumadas- el 44% de la población total de los 132 países y el 35% de la población mundial). La propuesta figura en el informe Temporary Basic Income: Protecting poor and vulnerable and people in Developing Countries, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento pone el ejemplo de tres países que, entre otros, han promovido iniciativas de estas características: España, Colombia y Togo.
En cuanto a las personas “beneficiarias”, la mayoría habitan en el Sur de Asia (786 millones) y el África Subsahariana (707 millones). Para realizar las estimaciones, se utilizan criterios como el umbral de vulnerabilidad, que se sitúa en los 3,20 dólares/día para los países del Sur de Asia y el África Subsahariana; 5,50 dólares diarios en los países del Este de Asia y Pacífico, Oriente Medio y Norte de África; y 13 dólares al día en Europa y Asia Central y Latinoamérica-Caribe.
A partir de los 199.000 millones de dólares mensuales es el “coste” total estimado para este ingreso temporal, que los perceptores podrían cobrar durante tres, seis o nueve meses, según los escenarios previstos; en otros términos, el “coste” del ingreso mínimo equivale, en función del modelo escogido, a entre el 0,27% y el 0,63 del PIB combinado de estos países.
¿Cómo se financiaría el ingreso mínimo? El informe plantea que podrían derivarse recursos que actualmente se destinan al abono de la deuda; así, según Naciones Unidas, los pagos de la deuda pública externa de los países “en desarrollo” se elevarán, en 2020 y 2021, a entre 2,6 billones y 3,4 billones de dólares (en abril el G 20 y el Banco Mundial acordaron la suspensión –no condonación- del pago de los intereses de la deuda hasta finales de 2020, para los 73 países más empobrecidos; sin embargo, en julio, un informe de las ONG Oxfam, Christian Aid y Global Justice señalaba la insuficiencia de la medida: “Los 73 países seguirán pagando hasta finales de año hasta 33.700 millones en concepto de reembolso de la deuda, es decir, 2.800 millones de dólares al mes. Esto es el doble de lo que Uganda, Malaui y Zambia juntos gastan en su presupuesto anual de salud”).
Además de la deuda, el economista jefe en el PNUD, George Gray Molina, apuntó en una entrevista a Televisión Española (TVE) otras vías para la financiación del ingreso básico: “Los subsidios a las energías fósiles y al gasto militar, pues no deberíamos tener desembolsos que no fueran esenciales durante la pandemia; ya los estamos observando con la reducción de los precios de los hidrocarburos. Diferentes gobiernos empezaron a movilizar recursos dirigidos -en un principio- a la subvención de los combustibles fósiles, hacia medicamentos u otros gastos”.
Asimismo, “con las transferencias no condicionadas, si eres una persona muy pobre y gastas el dinero en el mercadito local, ese dinero fluye a la economía, y el Estado recupera una parte en impuestos directos e indirectos. No hablamos de impuestos nuevos”, explica Gray Molina (en los países del Sur, siete de cada 10 trabajadores dependen para su manutención de las economías informales).
Una propuesta muy distinta es la Renta Básica Universal (RBU). Dos de los principales promotores son Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght, quienes escribieron La renta básica. Una medida eficaz para luchar contra la pobreza (Paidós, 2006); en el prólogo a este ensayo (revista Sin Permiso, 2006), el economista y presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós, equiparaba la RBU con el sufragio universal democrático, ya que todos los ciudadanos percibirían la renta de manera incondicional, con independencia del nivel de ingresos, etnia, condición religiosa u opción sexual; se trata, por tanto, de un derecho adquirido por el hecho de existir. Además de plantearse contra los efectos de las políticas neoliberales, la RBU está asociada a valores como la justicia y la dignidad. Otro argumento central es que la extensión de la precariedad y la pobreza implican una merma de la libertad ciudadana.
El 17 de julio, en el actual contexto de crisis y “abismo” global, la subsecretaria general de la ONU y directora del PNUD en Asia y Pacífico, Kanni Wignaraja, propugnó la renta básica universal; en parte, por los beneficios “enormes” que reportaría a la estabilidad social; en un argumentario difundido a los medios, la directora subrayó las aplicaciones concretas en Estados Unidos y Canadá; así, en el Estado de Alaska, desde 1982, cada ciudadano recibe una renta –que ha llegado a alcanzar los 2.000 dólares anuales- procedente de los recursos petrolíferos. En Canadá, el gobierno aprobó en abril una ayuda de 2.000 dólares canadienses (1.285 euros) al mes, durante un cuatrimestre, a los trabajadores que perdieron sus ingresos por la COVID-19; “se trataría de ampliarlo y hacerlo funcionar a largo plazo”, sostiene Kanni Wignaraja.
La alta responsable de Naciones Unidas aboga, asimismo, por un trabajo conjunto de los países para enfrentarse a la evasión fiscal, de personas y empresas. “Multinacionales como Apple, Amazon, Goggle y Walmart generan beneficios estratosféricos, y tras aprovechar todas las lagunas de los sistemas fiscales, pagan sumas limitadas” (Tax Justice Network publica cada dos años un índice de países clasificados por su secreto financiero y la actividad offshore, que en 2020 encabezan Islas Caimán, Estados Unidos, Suiza, Hong Kong, Singapur, Luxemburgo Japón, Holanda y las Islas Vírgenes Británicas; además, “los superricos globales tienen al menos 21 billones de dólares escondidos en paraísos fiscales”, según calculó la ONG en 2012).
También se refiere Wignaraja al Informe sobre la Riqueza Global de Credit Suisse (2019), que atribuye al 1% de las personas adultas el 44% de la riqueza mundial. La alternativa a la RBU, concluye la subsecretaria general de las Naciones Unidas, es un probable aumento de los “disturbios sociales, conflictos, migraciones masivas incontrolables y la proliferación de grupos extremistas”.
El jurista australiano Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (2014-2020), defendió en 2017 la renta básica incondicional y universal, vinculada a la promoción de los derechos humanos. En la introducción del informe presentado ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, Alston justificó la iniciativa por los cambios en la estructura económica: “El carácter cada vez más precario en la era de Uber, Airbnb, la externalización, la subcontratación o los contratos que no especifican el número de horas de trabajo”.
Además destacó la probabilidad de un desempleo creciente por la automatización y la digitalización; el aumento de las desigualdades en el planeta (por ejemplo, señalaba Oxfam en 2018, los tres hombres más ricos de Estados Unidos –Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett- poseían tanta riqueza como la mitad más pobre de la población); y “el ascenso de una nueva agenda neoliberal, que incluye la obsesión por unos tipos impositivos bajos, la demonización del Estado administrativo, la desregulación como cuestión de principio y la privatización de las responsabilidades del Estado en el sector social”, concluía el relator.