La Francia de ultramar está formada por 12 territorios. Cada región tiene su historia, su cultura y su población. Aquello que comparten es “un pasado colonial y un presente que lleva las cicatrices de ese pasado.
A día de hoy, tanto Nueva Caledonia como Martinica están bajo toque de queda. Una situación no inusual en los territorios de ultramar, donde se observan con regularidad medidas similares, junto con la prohibición de manifestaciones y el despliegue de fuerzas especiales. La actualidad de estas dos regiones se encuadra en una larga historia de represión en los territorios de ultramar, como fueron las revueltas sofocadas violentamente en Guadalupe en mayo de 1967.
La Francia de ultramar está formada por 12 territorios ubicados tanto en las Antillas, el Océano Índico, el Pacífico como en el Antártico. Cada región tiene su historia, su cultura y su población. Aquello que comparten es “un pasado colonial y un presente que lleva las cicatrices de ese pasado”, como escribe Françoise Vergès, politóloga originaria de la isla Reunión, en La Fractura Colonial.
Unas cicatrices que se vuelven a abrir regularmente por la represión de las fuerzas del orden sobre la población local, un puño de hierro de la “metrópoli” que se presenta con varias formas, como la prohibición de la movilización, la limitación de la venta de alcohol, el envío de tropas especiales o la implementación de toques de queda. Medidas restrictivas que generan tensiones en los territorios. Este año, tanto en Nueva Caledonia como Martinica se ha gestado un ambiente de tensiones y enfrentamiento entre los ciudadanos y la policía.
De Nueva Caledonia…
Nueva Caledonia es un territorio de ultramar atípico. El archipiélago de Oceanía ostenta un estatus particular en el seno de la República Francesa, lo que le permite tener un alto grado de autonomía y su propio gobierno local. En mayo de 2024, la Asamblea Nacional de Francia votó por una ley que cambió las reglas electorales de este gobierno local.
Esta nueva regla constitucional permite a las personas nacidas o que residen en Nueva Caledonia desde al menos 10 años participar en las elecciones locales. Esto contradice el acuerdo de paz de Numea de 1988, que limita el derecho de voto a los habitantes históricos del archipiélago, los kanaks. La nueva medida podría permitir el acceso al voto de 25.000 residentes recientes, principalmente franceses, creando un desequilibrio con la población indígena que se encuentran en minoría en sus tierras en comparación con los nuevos residentes, representando el 41,2% de la población. El movimiento independentista se ha opuesto al cambio electoral y ha organizado huelgas y bloqueos de rutas.
La cuestión de la autonomía y de la independencia siempre ha sido un reto en Nueva Caledonia. Desde 1986, Nueva Caledonia está inscrita en la lista de territorios no autónomos de la ONU; la organización los define como “territorios cuyos pueblos no han alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. Y la modificación constitucional ha venido tras tres controvertidos referéndums donde se impuso el no a la pregunta: “¿Quiere que Nueva Caledonia alcance la plena soberanía y se independice?”.
La movilización de varios meses provocada por la modificación electoral, ha llevado al primer ministro Michel Barnier a anunciar el aplazamiento de la reforma constitucional al inicio del mes de octubre. Sin embargo, este resultado solo se ha alcanzado tras meses de lucha social e imposiciones de varias medidas. Actualmente, en el archipiélago se prohíben las reuniones y la venta de alcohol sólo está permitida de 8.00 a 18.00 de lunes a jueves, y de 8.00 a 12.00 los viernes, en cantidades limitadas. Además se mantiene un toque de queda, del 20 de octubre hasta el 4 de noviembre.
Y es que el toque de queda en el archipiélago ha sido una constante entre mayo y octubre para responder a la ola de contestación. A esto se sumó el envío de 3.500 policías y militares. Otra medida singular fue el veto de la red social Tik Tok del 15 al 29 de mayo, con el objetivo de impedir la comunicación entre los manifestantes. Ha sido la primera vez que se aplica esta medida tanto en Francia como en Europa. La Liga de Derechos Humanos ha criticado la acción, considerándola un ataque a la libertad de comunicación y una acción política que sienta precedentes.
En este contexto la Asociación Francesa de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África (AFASP) denuncia una situación de “represión” contra el movimiento independentista en Nueva Caledonia.
En un comunicado de prensa del 20 de agosto de 2024, expertos de la ONU también han expresado inquietudes ante las medidas militares y el “uso excesivo de la fuerza” por parte de los agentes franceses en Nueva Caledonia. Hasta el día de hoy se pueden contar 13 personas asesinadas, entre las víctimas, 11 civiles. “¿Qué movimiento social en Francia podría haber tenido una docena de muertos sin que se produjera un estallido social?”, pregunta Julien Anchaing, periodista en Revolución Permanente y miembro de Solidaridad Kanaky, un colectivo de apoyo a la lucha del pueblo kanak.
A Martinica
Un movimiento social en Martinica también ha resultado en víctimas mortales, con cuatro personas fallecidas desde el inicio de las protestas contra el alto costo de vida el mes pasado.
En el departamento de las Antillas los precios son un 40% más altos que en Francia continental, según un informe de 2022 del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos. La demanda principal es que la diferencia de precios sea solo del 10% al 15%, también se solicita la protección de los precios de una lista de productos básicos.
A inicios de septiembre, los sindicatos organizaron huelgas que reunieron a un centenar de personas. Durante la noche, se produjeron varios actos de violencia urbana que resultaron en enfrentamientos con la policía.
Se impuso la prohibición contra el derecho a la manifestación durante cuatro días, y la isla ha estado bajo toque de queda hasta el 21 de octubre. Tras un mes de negociaciones entre los sindicatos, el gobierno y los grandes distribuidores, un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado ha resultado en una reducción media del 20% en más de 6.000 productos, pero el colectivo impulsor de las protestas contra la carestía de la vida, La Agrupación para la Protección de los Pueblos y los Recursos Afrocaribeños, se ha negado a firmar y ha anunciado que continuará con sus acciones, explicando que el acuerdo es insuficiente.
Las protestas han estado marcadas por el envío de tropas de la Compañía Republicana de Seguridad, que no habían sido desplegadas en el territorio desde hace 65 años, tras los episodios violentos en diciembre de 1959 y en mayo de 1967. En diciembre de 1959, en Martinica, una colisión entre dos automóviles entre una persona de Martinica y otra de Francia continental llevó a tres días de enfrentamientos entre la policía y la población civil. Conocido como el “Diciembre Negro”, resultó en la muerte de tres jóvenes y un gendarme. En Guadalupe, en mayo de 1967, una huelga de obreros fue reprimida, lo que condujo a la muerte de entre 80 y 200 personas, y 30 gendarmes heridos. Desde 2016, este evento es reconocido como una masacre.
Los dos acontecimientos son considerados como los desencadenantes que llevaron a la disolución de las Compañías Republicanas de Seguridad en los territorios de ultramar en los años 60. La reintroducción de este cuerpo policial es ampliamente criticada por los sindicatos. La Confederación General del Trabajo de Martinica pide la marcha inmediata de estas unidades policiales y alerta “contra el uso de la violencia sistémica destinada a aplastar cualquier desafío a un sistema colonial que está sumiendo a Martinica en la pobreza y la asfixia financiera”, como escribieron en un llamamiento a la movilización general del 9 de octubre de 2024.
Tanto a nivel de sus reivindicaciones, como de su organización y de su contexto, los movimientos en Nueva Caledonia y Martinica son muy diferentes, pero los métodos del estado francés para enfrentarlos son muy similares.
La Francia de ultramar, ¿un laboratorio?
“A veces se dice que los territorios de ultramar son precursores de la ira, pero también son precursores de los métodos autoritarios de la V República”, analiza Julien Anchaing.
“El ultra-mar, eterno laboratorio securitario” subtitula el Centro de Investigación y Estudios de los Derechos Fundamentales un artículo publicado en la Revista de Derechos Humanos en 2020. La investigación analiza las medidas locales aplicadas durante el estado de emergencia sanitario y resalta que los territorios de ultramar han sido los que han vivido las restricciones más estrictas, incluso en los momentos donde había la tasa más baja de contaminación. Denuncia catorce medidas privativas de libertad, toques de queda sistemáticos y describe una actitud paternalista teniendo en cuenta a la prohibición de venta de alcohol.
Laboratorio o no, los territorios de ultramar son ante todo una fuente de riqueza para Francia; tanto en el hecho de que permiten la implementación de bases militares en posiciones geoestratégicas, como al acceso a recursos en Amazonia con Guyana o minas de níquel en Nueva Caledonia, como hace de Francia el país con la segunda zona económica exclusiva más grande del mundo.
Sin embargo, los territorios de ultramar se enfrentan a graves problemas, como la pobreza, el desempleo y profundas desigualdades sociales. Requieren diálogo social y políticas que impulsen el desarrollo de las regiones. Pero la respuesta principal de Francia parece centrarse en la represión, en lugar de fomentar una conversación y soluciones para atender a las necesidades de estos ciudadanos.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/francia/francia-puno-hierro-territorios-ultramar