El próximo 24 de septiembre el pueblo suizo volverá de nuevo a las urnas, esta vez, convocado por el Partido Socialista, seguido por el Ecologista. Así, el electorado helvético nuevamente tomará importantes decisiones acerca de uno de los temas más controvertidos dentro del escenario político actual de la Confederación: la cuestión migratoria; y lo hará, […]
El próximo 24 de septiembre el pueblo suizo volverá de nuevo a las urnas, esta vez, convocado por el Partido Socialista, seguido por el Ecologista. Así, el electorado helvético nuevamente tomará importantes decisiones acerca de uno de los temas más controvertidos dentro del escenario político actual de la Confederación: la cuestión migratoria; y lo hará, fiel a un sistema de gobierno y cultura política sostenidos sobre la base de la llamada «democracia directa o semidirecta» -lo que no necesariamente significa más democracia-, que utiliza como principales instrumentos la iniciativa legislativa y la consulta popular. Un referéndum que en esta oportunidad, tiene la peculiaridad de someter a votación por separado las dos principales legislaciones del país relacionadas con la población de origen extranjero, y por ello, estrechamente vinculadas entre sí: las de Extranjería y Asilo.
El referéndum y los «Humanos sin Derechos»
Pero, se trata de una historia que comenzó un poco antes: en diciembre de 2005, cuando el Consejo de los Estados –Cámara Alta o Senado, 46 miembros en representación de los cantones-, refrendó finalmente un conjunto de reformas a las leyes de Asilo y Extranjería, propuestas por varios legisladores con el ministro de Justicia y Policía, Christoph Blocher, al frente. Lo trascendental en el caso es que Blocher es además el más notorio y activo representante de la llamada derecha «dura» helvética, concentrada principalmente en el Partido del Pueblo Suizo (SVP) -o Unión Democrática del Centro-. En consecuencia, y por lógica sintonía con la posición política de sus principales promotores, las innovaciones se dirigen en lo esencial a un significativo endurecimiento de ambos estatutos
En lo que respecta a la Ley de Asilo, las medidas, altamente restrictivas, obedecen a la férrea determinación expresada por el propio Gobierno de «combatir los abusos de los solicitantes, resguardando la tradición humanitaria del país», tal y como expresara el presidente confederal, Moritz Leuenberger, apoyado por la mayoría parlamentaria, todos los que consideran que la nueva legislación «cumple esa exigencia». Como corolario, las reformas legislativas resultaron aprobadas en el Consejo Nacional –Cámara Baja o Consejo de Diputados, 200 miembros en representación de la población- por 108 votos a favor y 69 en contra, así como por el Consejo de los Estados, cuando 33 legisladores dieron el sí, frente a sólo 12 que se opusieron.
En consecuencia, el proyecto anuncia: Mayor rigor para la admisión de las solicitudes de Asilo, las que sólo se aceptarán si la persona en cuestión presenta algún tipo de identificación en un término no mayor de 48 horas o si puede justificar convincentemente el por qué carece de documentos identificativos. Propuesta que se conjuga con la aprobación de sanciones en contra de las compañías aéreas que trasladen personas indocumentadas: multas de hasta 5 000 francos por caso y/o la definitiva suspensión de las operaciones. Conjuntamente, establece limitaciones a las prestaciones sanitarias, las que serán negadas a aquellos(as) aspirantes que se encuentren en proceso de deportación -por haber sido refutada su solicitud- y no colaboren en el esclarecimiento de su situación, contribuyendo a la aceleración del sumario de expulsión; quienes, además, en el caso en que se nieguen a cooperar con las autoridades migratorias, podrían sufrir condenas de hasta dos años de privación de libertad. De igual modo, los candidatos(as) rechazados(as) carecerán de todo derecho a recibir algún tipo de ayuda social, sin excepciones posibles.
A esto, se une la extensión de la controvertida «prisión de fuerza» de un periodo de 9 a 18 meses. Un engendro concebido por los legisladores como el «instrumento perfecto» para lograr la retención de un «inmigrante ilegal» mientras se realizan los trámites legales para la deportación definitiva. En ese mismo espíritu, las reformas a la Ley excluyen de manera irrefutable la posibilidad de otorgar la condición de asilado político por «motivos humanitarios», la que sólo se concederá en aquellas circunstancias en las que el o la aspirante, puedan probar fehacientemente que son objeto de amenazas en el Estado de origen. Sin embargo, introduce cierta flexibilidad en lo referente a los «asilos transitorios» al otorgar a los Cantones la prerrogativa de conferir dicha condición a quienes hayan residido por más de cinco años en el país, demostrando un adecuado nivel de integración a la sociedad de acogida. De obtener la dispensa, los(as) favorecidos(as), podrían optar por un empleo, y, pasados tres años, acceder a la reunificación familiar, aunque, queda muy claro, que en ningún caso recibirían el permiso de residencia permanente.
Por su parte, los principales cambios previstos en la Ley de Extranjería se dirigen esencialmente hacia los nacionales «extracomunitarios(as)». Se trata de que, como resultado de la ampliación del Tratado de Libre Circulación de Personas hacia los 25 Estados miembros de la Unión Europea y de los países que junto a la Confederación Helvética conforman la Asociación de Libre Comercio (EFTA): Noruega, Islandia y Liechtenstein -aprobado también por referéndum en septiembre de 2005-, se produjo la progresiva apertura del mercado laboral suizo para los 10 países de reciente incorporación a la UE.
En correspondencia, la nueva legislación propone consagrar la prioridad de los trabajadores(as) provenientes de la UE y del EFTA -quienes en este caso serán considerados ciudadanos(as) suizos(as)- en detrimento de los de «terceras naciones», a excepción de los altamente cualificados: directivos, especialistas de primer nivel, etc., manteniendo siempre como brújula las necesidades de la economía nacional, criterio decisivo para la admisión. Una vez establecidos, y convenientemente «integrados», estos «elegidos», podrían tener derecho a reunificación familiar y a la extensión del permiso de residencia, prerrogativas que, no obstante, se refrendan sólo como probabilidad.
Proyecto que, de aprobarse significaría un duro golpe para los miles de inmigrantes indocumentados(as) que hoy residen en el país -las cifras, imprecisas, fluctúan entre 80 y 90 mil personas-, la mayoría de las cuales ocupan puestos de muy baja calificación en sectores como los de hostelería, restauración, agricultura y construcción, así como en el servicio doméstico, que ubica la mayor parte de la fuerza femenina. En opinión de analistas, la medida cerraría definitivamente cualquier posibilidad de regularización para este numeroso contingente. Y es que la propuesta del Gobierno implica el cese definitivo de la contratación a esta fuerza de trabajo, que podría ser aceptada sólo como «mano de obra necesaria para el cumplimiento de tareas específicas», dado el caso en que no exista la posibilidad de incorporarla desde la UE o del EFTA.
Únasele a esto que se trata de una Ley ya de por sí muy dura, desde su aprobación definitiva en septiembre de 2005, cuando el Consejo Nacional -que hasta ese momento había mantenido una posición más flexible- se adhirió a la proyección conservadora pautada por el Consejo de los Estados. Como resultado, fueron desestimadas las propuestas de socialistas y verdes de conceder el permiso de residencia a aquellos(as) inmigrantes que hubiesen vivido durante una década en el país, aprobándose sólo una leve reducción de este período de 14 a 12 años. También se desechó la idea de establecer una disposición especial para la regularización de los indocumentados o «sin papeles» con más de cuatro años viviendo en condiciones de ilegalidad dentro de los límites de la Confederación Helvética. Nuevamente, la mayor oposición se encontró en Blocher, cuyo principal argumento se dirigió contra esta última propuesta, la que, en su opinión, serviría no más que para desatar un «indeseable» efecto llamada. Lo cierto es que ambas legislaciones fueron aprobadas por las dos cámaras parlamentarias y por el Consejo Federal, contando además con el decidido respaldo de los llamados «partidos burgueses»: al frente, el Partido del Pueblo -«derecha dura»-, seguido por el Partido Radical Democrático -derecha- y el Partido Demócrata Cristiano -centro/derecha-.
En la posición contraria, protagonizando una encarnizada lucha contra el proyecto, en calidad de líder de los grupos opositores y convocando al referéndum, se encuentran los socialistas, acompañados por un sólo partido oficial, los verdes. Respondiendo al llamado, y bajo lemas como «Ninguna persona es ilegal» y «No al racismo, el fascismo y la xenofobia«, numerosas organizaciones humanitarias, las iglesias nacionales y varios sindicatos de importancia se han unido a la condena. Incluso la Comisión de Revisión de Negocios ha llamado la atención acerca de que algunas de estas reformas podrían ser «incompatibles con la Convención Europea de los Derechos Humanos«.
Relevante resulta además la oposición de la comunidad nacional de artistas y personalidades de la cultura, quienes el pasado día 9 de septiembre ya habían logrado reunir más de 700 firmas en un manifiesto contra las nuevas legislaciones, que comienza con un pensamiento del destacado escritor y poeta helvético Franz Hohler, quien sagazmente apunta, «Suiza ha contribuido enormemente en la creación del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pero al mismo tiempo quiere eliminar esos mismos Derechos Humanos de su territorio. Nuestro país no se puede permitir esta enorme contradicción».
Y es que en términos generales esos son los principales cuestionamientos que reciben las reformas, muchas de las cuales, a juicio de sus opositores son «represivas, restrictivas, inhumanas e injustificadas», profundamente violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, traicionando además la ancestral vocación humanitaria del pueblo suizo. En mayoritaria opinión, la oposición argumenta que el Gobierno manipula el miedo que puede provocar la inmigración, insistiendo en conductas abusivas con respecto al asilo por parte de inmigrantes, con alarmantes consecuencias. En ese contexto, son altamente criticadas varias disposiciones: la que exige la presentación de documentación oficial -en un casi risible plazo- para acceder al asilo, que deja sin ninguna posibilidad a más del 30% de los solicitantes que carecen de éstos, comprensible dada las situaciones de urgencia -catástrofes, conflictos bélicos, etc.- que en gran parte de las ocasiones les obligan a abandonar sus países de origen; la supresión de la asistencia social a todos los aspirantes rechazados; la prisión forzosa para los inmigrantes cuyas peticiones de refugio han sido denegadas y la obligación de pago por adelantado para una segunda revisión de un caso objetado, lo que sugiere la pregunta, sin respuesta, de, «¿Cómo podría obtener el dinero necesario para esto un refugiado que no tiene derecho a trabajar?».
De manera que, afirman los detractores de las medidas, el único efecto que se alcanzará con éstas será, «aumentar la clandestinidad, la miseria y la criminalidad, pues existen personas en situaciones muy vulnerables, infrahumanas, que no podrán soportarlas, es una nueva manera de reintroducir la esclavitud». Y, por paradójico que parezca, viniendo de una de esas democracias burguesas que tanto apelan y defienden su muy retorcida concepción de los Derechos Humanos, se trata al mismo tiempo y precisamente, de privar de derechos a esos humanos, hombres, mujeres, niños y niñas que acuden en busca de auxilio. Humanos y humanas, cuya única culpa en la mayor parte de los casos resulta la huida desesperada de un mundo que hace mucho tiempo dejó de ofrecer alternativas decorosas de vida, como consecuencia, también en la mayor parte de los casos, de las depredadoras políticas de que ha sido víctima por parte de ese otro mundo que hoy, regodeándose en su riqueza, les utiliza y expolia como materia prima barata, les maltrata y humilla.
Resultados preliminares: la derecha «dura» podría ganar, ¿se repetirá el 2004?
Sin embargo, pese a lo injusto que resulta, sondeos preliminares apuntan a que el nuevo texto recibirá el apoyo de aproximadamente el 54% del electorado, con sólo el 27%, en contra, junto a un 19% que se manifiesta indeciso. Y nuevamente detrás de estos resultados se encuentra la siniestra figura de Christoph Blocher, el ultraderechista y abiertamente xenófobo ministro de Justicia y Policía, que llegara al poder en las elecciones federales de 2003, cuando el Partido Popular Suizo (SVP) logró romper la llamada «fórmula mágica», que había funcionado durante décadas. Un procedimiento que invariablemente ofrecía dos carteras en el Consejo Federal a los tres partidos más representativos hasta el momento: Socialdemócrata, Democrático Libre, y Popular Democrático Cristiano, y sólo una al propio SVP.
Sin embargo, en las mencionadas elecciones, luego de una agresiva campaña electoral diseñada sobre la base de un claro «populismo de derecha» presentado como alternativa novedosa para la gestión pública, y con la nada oculta intención de ganarse a un electorado manipulable, el SVP se impuso por mayoría de votos, al alcanzar el 26,6% del total. Para ello, con Blocher al frente, y bajo el lema, «Ley y Orden» se jugó tres cartas de éxito: la creciente oposición al control estatal y a las políticas fiscales dentro de determinados sectores, y el síndrome de una latente amenaza proveniente de la Unión Europea y de la «devastadora» inmigración, en este último caso desde posiciones claramente racistas y hostiles a ésta. Como resultado, desbancó al Partido Popular Democrático Cristiano, ocupando uno de sus puestos en el Consejo con Christoph Blocher, quien desplazó a la hasta entonces ministra de Justicia, Ruth Metzler, la misma que hoy lucha también contra las discriminatorias medidas.
En correspondencia, desde su llegada al poder, Blocher ha defendido una política de mano dura contra la inmigración y en especial contra la indocumentada, siendo el ideólogo principal de cada una de las nuevas y más restrictivas disposiciones que al respecto se han impuesto en los últimos tiempos. Notoria y ciertamente perversa fue su participación en la importante consulta popular de septiembre de 2004, cuando se decidía la posibilidad de otorgar la nacionalidad suiza de forma directa a los jóvenes de segunda generación educados en el país y a los recién nacidos de tercera generación, así como el seguro de maternidad válido tanto para las nacionales, como para las extranjeras. Entonces, orquestando una furibunda campaña xenófoba que colocó en el centro a una supuesta amenaza islámica, el Partido Popular y Blocher consiguieron sus objetivos: las dos primeras propuestas fueron rechazadas por el electorado, no así la tercera que logró la aprobación. Ahora, todo parece indicar que lo logrará nuevamente, y que las reformadas y endurecidas leyes de Asilo y Extranjería serán ratificadas. Y es que, como agravante, a diferencia del referéndum de 2004, cuenta para ello no sólo con el respaldo del Gobierno en pleno, sino incluso con el del Consejo de los Suizos en el Extranjero cuyo Parlamento de la Quinta Suiza, le ha dado el visto bueno.
Sin embargo, si bien este sombrío panorama que amenaza a la población de origen extranjero en Suiza resulta preocupante, lo es mucho más si se toma en consideración que Blocher y su controvertido partido no constituyen un hecho aislado dentro del muy civilizado continente, europeo, donde el «odio al extranjero», representado mayoritariamente por la ultra conservadora extrema derecha, crece a pasos agigantados, reconocido incluso por el Parlamento comunitario (PE) en una resolución aprobada en junio de 2006. Así, el documento, lamentando «que en varios Estados miembros se esté registrando un aumento del apoyo a partidos y grupos extremistas con programas claramente racistas, xenófobos, antisemitas y homófobos (…) destaca la necesidad de atacar las raíces de estos fenómenos, como serían la exclusión, la marginación sociales y el desempleo».
Y es que los ejemplos están ahí, entre otros, en una Francia que conserva vital al reconocido fascista Jean Maria Le Pen y su Frente Nacional; en una Austria donde la pro-nazi y muy racista Alianza para el Futuro creada y liderada por Jorg Haider continúa en el Gobierno, manteniendo al frente de un ministerio a uno de sus más activos miembros y hermana del líder, Ursula Haubne. En Polonia, donde la ultra-católica Liga de las Familias Polacas y el partido populista Autodefensa, «cuyos líderes incitan al odio y la violencia», según expresa la mencionada resolución del PE, integran la coalición gubernamental. Un futuro que se vislumbra así muy incierto para esos millones de hombres y mujeres de las más disímiles latitudes que, expulsados por el empobrecimiento endémico y la inseguridad creciente de sus países de origen, llegaron un día al continente europeo tras un presente y futuro mejor. Un espacio que una vez más cierra sus puertas, con el agravante de que ahora lo hace con la fuerza del duro garrote, del oprobio sin miramientos… Vale entonces preguntarse, ¿hasta cuando?, ¿qué hacer para revertir tanta ignominia?