El presidente peruano Alan García esta tratando de convertirse por todos los medios en el mejor aliado de la administración estadounidense de George W. Bush para contrarrestar la fuerza que ha tomado desde la fundación hace tres años la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por Venezuela y Cuba. En su obstinada carrera por […]
El presidente peruano Alan García esta tratando de convertirse por todos los medios en el mejor aliado de la administración estadounidense de George W. Bush para contrarrestar la fuerza que ha tomado desde la fundación hace tres años la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), impulsada por Venezuela y Cuba.
En su obstinada carrera por destacarse ante el poderoso e históricamente anexionista vecino del norte, García ha viajado en los últimos cuatro meses en dos ocasiones a Washington para rogarle al presidente Bush que presione al Congreso de su país para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambas naciones.
También ha aprovechado la ocasión para implorarle apoyo a senadores y representantes estadounidense que aun no están convencidos del TLC con Perú y los cuales Adan les ha ofrecido toda clase de concesiones.
Los congresistas se oponen porque al establecerse algunas empresas en Perú, podrían disminuir los puestos de empleos en el Norte, y además insisten en que se les otorguen mayores prebendas a las compañías transnacionales. Es decir, lo entregas todo o no te haremos el favor.
Las modificaciones y cambios acrecentarían las desventajas que ya implica para Perú un TLC. Entre las exigencias aparece la de ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del Tratado que al posibilita a las empresas estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que promulgue leyes que atenten contra sus intereses económicos.
De esa forma y como ya se ha hecho con los TLC con Centroamérica, México, Chile y Colombia, Perú no podrá acudir a los tribunales nacionales cuando se presenten diferencias.
Las decisiones de los mecanismos de resoluciones de disputas internacionales son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y los Estados pueden ser demandados pero no pueden reclamar a los inversionistas.
De un solo brochazo, el gobierno peruano no podrá promulgar normas de protección del medio ambiente, ni contra productos nocivos que afecten la salud de sus ciudadanos si eso afectara el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas transnacionales.
Aunque el capítulo 10 del TLC condiciona la soberanía del gobierno para tomar medidas en caso de presentarse diferencias con los capitales foráneos, el ministro de Producción de Perú, David Lemor, declaró que «todos los convenios económicos buscan primeramente la protección de las inversiones y por tanto no cambiaremos las reglas de juego que hemos expuesto para la inversión extranjera».
En un enorme intento por superar al anterior presidente Alejandro Toledo, quien tampoco desperdició esfuerzo para alcanzar el acuerdo preliminar de libre comercio con Estados Unidos, Alan García dijo que la ratificación del tratado «definirá el futuro de América Latina, pues si (…) este modelo de democracia con inversiones y libre comercio funciona en Perú, otros países tendrán que seguirlo».
Toledo, primero, y García después, se han negado a realizar un referendo nacional para que el pueblo conozca sobre las posibles ventajas o desventajas del TLC y decida al respecto.
En cuanto se ponga en funciones el Tratado, se eliminarán los aranceles a dos tercios de las exportaciones mercantiles y agrícolas de Estados Unidos a Perú, a pesar de que Washington continuará otorgando millonarios subsidios a sus cosechadores.
Las medidas pondrán en crisis a la agricultura peruana que se dedica a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los super industrializados productores estadounidenses.
Datos oficiales indican que el 22 % de la población vive de la agricultura, es especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar.
Las declaraciones de Luis Zúñiga, presidente de la Convención del Agro son concluyentes cuando asevera que «resulta lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano mediante el cual se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional».
Pese a que desde hace varios años el PIB peruano ha estado en constante crecimiento y en 2006 llegó a un 8 %, la mitad de sus 28 millones de habitantes se encuentran en la pobreza porque las riquezas del país van a parar a las arcas de las transnacionales que controlan las principales fábricas y la extracción de minerales.
Otra de las órdenes impuestas por Washington a Lima es la de proteger durante cinco años los datos de prueba de los fármacos. De esa forma, no se podrán vender en el país medicamentos genéricos, que son más baratos, medida que afecta a la mayoritaria población empobrecida.
Al remover las barreras comerciales de los servicios y proveer un marco legal seguro para los inversores, las transnacionales estadounidenses podrán controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Pero Alan Gracía continuará adelante. Tras su segunda visita a Washington declaró «Creo que, naturalmente, los políticos americanos valoran mucho que haya cercanía personal. Su forma de actuar exige mucha presencia y saber que hay un compromiso». Los comentarios huelgan.