Veinte años después de la tragedia de Bhopal, la fábrica que la causó continúa arruinando la vida de las comunidades circundantes. Los efectos de la fuga de gas y la contaminación medioambiental siguen haciéndose sentir sobre los derechos humanos básicos de los habitantes de la zona. Amnistía Internacional muestra en un informe cómo las empresas […]
Veinte años después de la tragedia de Bhopal, la fábrica que la causó continúa arruinando la vida de las comunidades circundantes. Los efectos de la fuga de gas y la contaminación medioambiental siguen haciéndose sentir sobre los derechos humanos básicos de los habitantes de la zona. Amnistía Internacional muestra en un informe cómo las empresas y los gobiernos eluden sus responsabilidades con respecto a los derechos humanos y pone de manifiesto la necesidad de establecer normas universales de derechos humanos para las empresas.
«Una generación después de la tragedia, los supervivientes siguen esperando recibir una indemnización justa y atención médica adecuada -ha señalado Benedict Southworth, director del Programa de Campañas de Amnistía Internacional-. UCC, y Dow, que se fusionó con ella en 2001, no han limpiado aún el lugar ni detenido la contaminación iniciada cuando se inauguró la fábrica en la década de 1970, por lo que los habitantes de la zona siguen cayendo enfermos por beber agua contaminada.»
Los efectos de la contaminación aún existente se pueden observar en los recién llegados a Bhopal, que no estuvieron expuestos a la fuga original de gas. Shehesta Kureishi, de 35 años, se mudó a la zona cuando se casó, hace ya 12 años. Ha contado lo siguiente a Amnistía Internacional: «Hace dos años y medio dejé totalmente de menstruar». También tiene un dolor que se extiende desde la parte inferior de la espalda hasta la ingle. Su hijo Ateeb, de siete años, se queja de dolor en las articulaciones. Los dos han bebido agua contaminada.
Incluso hoy hay muy pocas investigaciones médicas sobre los efectos de la fuga de gas y la contaminación, por lo que se ignora cuáles son realmente. El gobierno indio tiene que impedir que la salud de los habitantes de la zona sufra más daños asegurándose de que Dow limpia el lugar e indemniza debidamente a las víctimas y haciendo una evaluación exhaustiva de los efectos en la salud y el medio ambiente.
Sorprendentemente, nadie ha rendido cuentas por la fuga tóxica y sus terribles consecuencias: más de 20.000 personas han muerto y 100.000 padecen enfermedades crónicas. Dow y UCC no asumen ninguna responsabilidad legal, y la segunda se niega a comparecer ante los tribunales indios para ser juzgada.
UCC ha intentado que sea Union Carbide India Ltd (UCIL) la que cargue con la responsabilidad, afirmando que no tenía ningún control sobre su filial india. Lo cierto es que tenía el 50.9% de UCIL y ejercía un alto grado de control empresarial, administrativo y técnico sobre ella, por lo que estaba en condiciones de prevenir el desastre.
«UCC fue responsable de incontables fallos en el periodo previo a la fuga de gas -ha manifestado Southworth-. Bhopal demuestra con qué facilidad pueden eludir algunas empresas sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Es absolutamente necesario establecer unas normas mundiales de derechos humanos para las empresas. Las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas constituyen un importante avance en este sentido, pero para hacer que las empresas rindan cuentas y para prevenir desastres como el de Bhopal son necesarias una normas que puedan hacerse cumplir y que garanticen que se ofrece resarcimiento a las víctimas.»
En el informe de Amnistía Internacional se explica cómo:
UCC almacenó substancias químicas extremadamente peligrosas en grandes cantidades, no elaboró un plan de emergencia para avisar a los habitantes de la zona, hizo caso omiso de las advertencias sobre la posibilidad de que se produjera una reacción química como la que causó la fuga y no reveló información decisiva para el tratamiento médico de las víctimas.
Las autoridades indias no protegieron debidamente a sus ciudadanos ni antes ni después de la tragedia. Las autoridades sabían que en la planta se estaban utilizando materiales peligrosos, pero Amnistía Internacional no ha encontrado ningún dato que indique que el estado o el gobierno central hubieran tomado las medidas adecuadas para evaluar los riesgos que corría la comunidad local. Sin consultar a las víctimas, el gobierno indio llegó a un modesto acuerdo económico con UCC y eximió a la empresa de responsabilidad legal.
Se han violado los derechos humanos a escala masiva, incluido el derecho a la vida y a la salud. Se podría utilizar un marco basado en las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas para hacer que las empresas rindan cuentas por los efectos de sus actividades en los derechos humanos.
Los efectos de la fuga de gas y la falta de indemnizaciones adecuadas, junto con otros fallos del gobierno, se hacen sentir cada día entre los supervivientes. Muchos no pueden ganarse la vida, tener familia o conseguir siquiera medicinas para su enfermedad. Parvati Bai, de 70 años, está enferma y demasiado débil para trabajar. Su esposo murió meses después de la fuga de gas. Sus únicos ingresos son una pensión de 150 rupias (3,3 dólares estadounidenses) mensuales. «Con eso no tengo ni para comprarme comida -afirma-. Un día me moriré y el ayuntamiento se llevará mi cuerpo. Así será el final.»
Amnistía Internacional insta a los ciudadanos de todos los países del mundo a que escriban a Dow para pedirle que limpie el lugar.
Se puede consultar el informe de Amnistía Internacional en http://web.amnesty.org/library/index/eslasa200152004