La represión de la autoridad municipal contra ocho vendedores ambulantes de flores precipitó uno de los más graves conflictos sociales de este sexenio. Un muerto, más de 200 detenidos, centenares de heridos, graves violaciones a los derechos humanos, es el saldo provisional del enfrentamiento entre la comunidad de Atenco y la fuerza pública. Lo peor […]
La represión de la autoridad municipal contra ocho vendedores ambulantes de flores precipitó uno de los más graves conflictos sociales de este sexenio. Un muerto, más de 200 detenidos, centenares de heridos, graves violaciones a los derechos humanos, es el saldo provisional del enfrentamiento entre la comunidad de Atenco y la fuerza pública. Lo peor podría aún estar por venir.
No es la primera vez en la historia reciente de México que algo así sucede. El conflicto estudiantil popular de 1968 comenzó por un pleito entre estudiantes de la Vocacional 5 y la secundaria Isaac Ochoterena. Lo mismo ha pasado en otros países. La reciente revuelta de los suburbios en Francia, de finales del año pasado, fue provocada por la trágica muerte de dos jóvenes que huían de la persecución policial.
En sociedades con graves problemas de representación política como la nuestra, es frecuente que el descontento de los sin voz busque y encuentre canales inesperados para expresarse. Años de precariedad, carencias, agravios y humillaciones explotan repentinamente por las razones más pequeñas. Ese es el caso de Atenco y de la amplia solidaridad que ha recibido. A través suyo se está expresando el profundo malestar que atraviesa el México de abajo.
¿Por qué Atenco? Por principio de cuentas, porque la lucha exitosa de los pobladores de Atenco organizados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se convirtió en un doble símbolo profundamente arraigado en el imaginario político nacional. Hacia abajo, en ejemplo de que es posible enfrentar exitosamente las decisiones arbitrarias del poder, sin tener que echar mano de negociaciones oprobiosas. Hacia arriba, en muestra de lo nefasto que resulta la supuesta renuncia al uso «legítimo» de la violencia del Estado.
La decisión del Ejecutivo federal de dejar sin efecto el decreto expropiatorio que afectaba las tierras ejidales para construir un gran aeropuerto, a mediados de 2002, provocó que poderosos intereses inmobiliarios y políticos perdieran un gran negocio. Para ellos el gobierno federal sentó un precedente inadmisible al negociar con los inconformes en lugar de ejercer la mano dura. Su venganza consistió en presentar la medida como una muestra inadmisible de debilidad gubernamental.
En un primer momento, la solución distendió relativamente el conflicto con los pobladores de Atenco, pero no acabó con las tensiones. Ejidatarios y avecindados siguieron sufriendo el hostigamiento sistemático del gobierno estatal. Sus dirigentes han sido detenidos, se ha promovido la división de la comunidad y se les ha negado solución a sus requerimientos. La autoridad los ha atropellado y humillado sistemáticamente. En muchos medios de comunicación electrónicos y escritos se les hostiga regularmente. En ese contexto, lejos de disminuir, el malestar y rencor de los pobladores, creció.
Lejos de abandonar la lucha por otras demandas, los integrantes del FPDT mantuvieron viva la movilización, utilizando las mismas tácticas que habían puesto en práctica en su resistencia a la expropiación de las tierras. Además, su apoyo a otros movimientos sociales fue constante y los vínculos con otras organizaciones, los zapatistas incluidos, profundo. Su participación en la otra campaña lo demuetra.
La animadversión gubernamental y empresarial hacia ellos se hizo cada vez mayor. Su existencia misma se convirtió en un hecho intolerable, en la evidencia misma de un precedente inadmisible: negociar con los inconformes en lugar de ejercer la mano dura.
Se estableció así un clima de crispación sostenido y ascendente. En lugar de que el gobierno estatal buscara canales de diálogo y negociación, los cerró. Este esquema de relación entre campesinos y autoridades es el que explotó el 3 de mayo, ante un nuevo abuso policial contra ocho floricultores.
Atenco no es una excepción. Apenas hace apenas dos semanas diversas policías reprimieron violentamente a los trabajadores siderúrgicos en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y éstos se defendieron exitosamente. El recuento de los choques entre ciudadanos que protestan y la fuerza pública durante los últimos dos años es impresionante por su número. Se han producido en todo el país. Atenco es el último síntoma de lo que ya acontece en otros sectores de la población y lo que puede llegar a suceder en muchos más: la desobediencia de quienes hasta ahora estaban acostumbrados a obedecer a los que se sienten con el derecho de mandar. Es decir, la crisis de un modelo de mando.
Es esta profunda crisis la que alimenta la amplitud y combatividad de la solidaridad que ha recibido el FPDT. Pero, también, la que explica, en parte, la represión salvaje en contra de sus integrantes. El poder decidió que había que dar en Atenco un castigo ejemplar a todo el México de abajo para tratar de frenar, de una vez por todas, su insumisión. De paso, quiso ajustar cuentas con la afrenta sufrida por la derrota de su proyecto aeroportuario.
Sin embargo, esa venganza ha creado un gravísimo conflicto que amenaza con extenderse a otras regiones del país. El descontento obrero se ha incrementado al calor del conflicto minero. La crispación electoral para inducir el voto del miedo ha enrarecido la contienda. La brutalidad policial ha indignado a muchos jóvenes y campesinos. La burda manipulación informativa en contra de los pobladores de San Salvador Atenco, que recuerda las peores tradiciones de la guerra fría, ha ofendido la inteligencia de muchos ciudadanos. La mecha está muy corta y la acaban de prender.