El Senado ratificó el miércoles y elevó a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, doce días después de que lo hiciera la Cámara de Diputados. De esta manera Bolivia se convierte en el primer país en darle fuerza vinculante a la Declaración aprobada por la […]
El Senado ratificó el miércoles y elevó a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, doce días después de que lo hiciera la Cámara de Diputados.
De esta manera Bolivia se convierte en el primer país en darle fuerza vinculante a la Declaración aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de septiembre último, luego de dos décadas de debate y negociación.
«Lo hemos aprobado e inmediatamente lo remitimos al Poder Ejecutivo para su promulgación respectiva», expresó el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Vásquez Villamor.
Se espera que la declaración de la ONU sea incorporada en la futura Carta Magna que redacta la Asamblea Constituyente, según han adelantado legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS).
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta , Luís Vásquez Villamor, del opositor partido Podemos, expresó su complacencia por la aprobación de la ley porque Bolivia se constituye en el primer Estado que ratifica la vigencia de la declaración y envía una señal al mundo para reconocer de los derechos denominados de la tercera generación.
«La aprobación de esta ley se constituye en el nivel de desarrollo del Estado social, democrático y de derecho. En ese sentido es la aprobación unánime de la Comisión y en el Senado es una señal para que los otros estados se adhieran a su aprobación», precisó el legislador.
De su parte, el senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Ricardo Díaz, felicitó a la Comisión de Constitución por el informe que presentó en menos del tiempo previsto, lo que posibilitó la sanción de la norma por el pleno de la Cámara Alta, dando cumplimiento a la demanda de los más de 36 pueblos originarios y etnias existentes en el territorio boliviano.
A su vez, el diputado aymara Lino Villca (MAS) agradeció al Congreso, a nombre del Parlamento Indígena de América (PIA), el haber elevado a rango de ley la Declaración.
«Un pueblo sin identidad es un pueblo sin destino, por eso es que las 36 nacionalidades de Bolivia tienen arraigada en lo más profundo de sus raíces. Después de 20 años de peregrinación nos ha reconocido como pueblos y nuestros derechos en la ONU. Para los pueblos de Bolivia es un triunfo», aseguró.
La declaración, promulgada hace seis semanas por la Asamblea General en el marco de su 62º sesión fue considerada histórica y generó una oleada de reacciones de reconocimiento alrededor del mundo.
Pese a que desde la segunda década del siglo pasado hubo intentos de llevar la cuestión de los derechos indígenas al foro de Naciones Unidas, fue sólo en en 1982 que se estableció un grupo de trabajo en la ONU para estudiar las necesidades de los pueblos originarios, en todas partes marginados de la sociedad y obligados a sobrevivir bajo condiciones miserables.
A lo largo de la historia los intereses de los pueblos originarios se han visto amenazados a causa de las valiosas materias primas ubicadas en sus territorios. A menudo su entorno es completamente destruido porque se explotan reservas petroleras o se talan sus bosques, o se desencadenan guerras genocidas, como en el caso de los kurdos en Irak y de los pueblos indígenas de América Central.
En la votación de septiembre solamente Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos -países que cuentan con una empobrecida población indígena- votaron en contra. La declaración reafirma la igualad de más de 370 millones de indígenas y su derecho a mantener sus propias instituciones, culturas, tradiciones espirituales y a participar de los beneficios de los recursos naturales dentro de sus comunidades.
Asimismo, establece mecanismos para combatir la discriminación y marginalización, además de eliminar las violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, no tiene carácter vinculante.
La declaración también llama a los gobiernos a impedir o resolver la migración forzosa de los pueblos indígenas, el desalojo de sus tierras o su integración forzosa a otras culturas. Asimismo, les da el control sobre sus sedes religiosas y culturales, así como de manejar sus sistemas educativos, incluyendo el dar clases en sus idiomas autóctonos.
Bolivia reconoce la educación bilingüe (español e idioma nativo) y la Constituyente analiza reconocer autonomía a los indígenas en el marco de futuros gobiernos locales autónomos.