La guerra sucia que India libra desde hace décadas contra la población civil de Cachemira, el territorio en disputa por India y Pakistán, una riquísima región en agua y energía hidroeléctrica, que ya provocado tres guerras desde 1947, entre ambas potencias nucleares, se ha vigorizado desde la llegada al poder en 2014 del neo fascista […]
La guerra sucia que India libra desde hace décadas contra la población civil de Cachemira, el territorio en disputa por India y Pakistán, una riquísima región en agua y energía hidroeléctrica, que ya provocado tres guerras desde 1947, entre ambas potencias nucleares, se ha vigorizado desde la llegada al poder en 2014 del neo fascista Narendra Modi junto a su partido el Bharatiya Janata Party, (Partido Popular Indio), que en mayo último volvieron a triunfar en las elecciones generales.
Las fuerzas de seguridad y el ejército indio, que han sido denunciados en todos los foros internacionales sobre crímenes de guerra, emplean tácticas brutales contra la población civil de manera cotidiana en Cachemira, donde esta librado una guerra asimétrica con una fuerza compuesta por 700 mil efectivos altamente entrenados y armados con material de última generación, contra una población desarmada de 10 millones de almas, de las cuales solo unos pocos cientos se han alzado con armas,
Desde 2008, año del primer levantamiento masivo los civiles muertos han sido: 153 en 2008, 99 en 2009, 167 en 2010, 56 en 2011, 35 en 2012, 48 en 2013, 53 en 2014, 55 en 2015, 145 en 2016 y 81 en 2017, 160 en 2018 el gobierno indio dice que el número de civiles muertos de 2018 fueron 37.y entre enero y marzo de este año la cifra era de 165.
También se ha utilizado formas de castigo colectivo, como los toques de queda durante los levantamientos de 2008, 2010 y 2016, y los arrestos en masa en virtud de la Ley de seguridad pública
En mayo, grupos de derechos humanos de Srinagar, la capital cachemir administrada por India, hizo conocer un informe de por lo menos 432 víctimas de tortura desde 1990 a 2019, de las cuales 49 murieron durante o después de ser atormentadas. Otros informes dicen que el ejército indio es responsable de 1052 presuntos abusos contra los derechos humanos entre 1994 y el 31 de mayo de 2019. El año pasado, Naciones Unidas, planteó su preocupación por la violación a los derechos humanos en Cachemira, habiéndose registrado números casos de tortura, mientras los detenidos se encontraban bajo la custodia de las fuerzas de seguridad, entre junio de 2016 y abril de 2018.Todas estas acusaciones India las niega sistemáticamente, denunciando que están basadas en informes falsos.
En julio de 2017, las fuerzas indias estacionadas en Cachemira, iniciaron una operación conocida como All-Out, nombre de un popular repelente de mosquitos, para expulsar a militantes separatistas y miembros de grupos terroristas, que fue considerada por las autoridades de Nueva Delhi un gran éxito, ya que durante la operación, las fuerzas indias asesinaron a cerca de 200 rebeldes, aunque para muchos observadores no fueron más que ejecuciones extrajudiciales, de los cuales se constató que 19 eran civiles que no tenían ninguna relación con grupos insurgentes.
Estas políticas implementadas Nueva Delhi, parece estar consiguiendo los efectos contrarios a los «aparentemente» propuestos ya que el número de cachemires que se unen a la insurgencia armada se encuentra en permanente crecimiento. 2016; fue un año en que las manifestaciones masiva contra el dominio indio, tuvieron un fuerte incremento en los que se produjo la muerte de 145 civiles y en las que miles resultaron heridos.
Los distritos del sur de Shopian y Pulwama se han convertido en la primera línea fuego de la guerra sucia que India libra contra los cachemires, donde la represión se ejerce libremente y a gran escala ya que el ejército cuenta con absoluta impunidad, para cualquier tipo de procesamiento, enmarcado en una «ley de poderes especiales de las fuerzas armadas», dictada durante la presencia británica y restablecida en Cachemira en la década de los noventa, que permite detener entre tres meses y tres años, sin cargos, a cualquiera ciudadano o allanar cualquier lugar sin orden judicial. Las fuerzas de seguridad indias califican a muchas de sus víctimas como Trabajadores de tierra (OGW), un término asociado a los civiles, sospechados de colaborar de alguna manera con los grupos armados.
Amparados en esas leyes los militares indios, han podido hostigar y detener tanto a activistas por los derechos humanos, como periodistas de la región, incluso algunos de ellos han resultado muertos. Mientras que miles de civiles han sido arrestados sumariamente, donde por lo menos reciben una dura golpiza en los casos más irrelevantes, mientras la desaparición y muerte no deja de ser frecuente. El acceso a Internet se ha bloqueado más de 31 veces en los últimos cuatro años para impedir que los informes sobre la represión se conozcan en el exterior.
El ejército suele utilizar a los ciudadanos cachemires como verdaderos escudos humanos cuando son atacados en las manifestaciones, desde las operaciones de contrainsurgencia de loa noventa, hasta la actualidad. Durante las elecciones parlamentarias de la India en 2017, en la ciudad de Shopian, varios civiles fueron asesinados mientras estaban siendo utilizados como escudos por las fuerzas de seguridad. El caso más relevante se registró el 9 de abril de 2017, cuándo un conocido militante llamado Farooq Ahmed Dar, fue atado al capot de un jeep militar, que intentaban escapar de la lluvia de piedras después de una operación en el distrito central de Budgam.
La situación de la resistencia cachemir, llegó a un punto crítico en febrero pasado, cuando un shaheed (mártir) del grupo Jaish-e-Mohammed, (Ejército de Mohammed), se inmoló al paso de un convoy policial, asesinando a cuarenta miembros de la fuerza, (Ver: Cachemira, más fuego a la caldera.) que abrió una escalada bélica entre Pakistán e India como desde hacía treinta años no se vivía y de la que Narendra Modi, en plena campaña electoral, supo sacar muy buena ventaja.
Los miembros de la Agencia Nacional de Investigación (NIA), la principal institución de contraterrorismo de la India, es la fuerza a la que más se la responsabiliza de los excesos contra la población civil.
La represión a cualquier costo
Según las fuerzas de seguridad los civiles que mueren en las protestan armados con piedras, se producen de manera involuntariamente por «balas perdidas», lo que engloban entre los daños colaterales. El 1 de abril, 2018, tras tres enfrentamientos en el que murieron trece milicianos y cuatro civiles, fueron atacados cientos de civiles que se acercaron a los lugares de los hechos para conocer la suerte de los suyos. Tras el comienzo de la evacuación de heridos, las ambulancias que estaban encargadas de los traslados a hospitales fueron detenidas por las fuerzas armadas desplegadas en las rutas. Incluso alguno de los hospitales del distrito en Shopian, fue atacado con gas lacrimógeno y balas. Los médicos declararon que el objetivo principal había sido el banco de sangre. Un hecho similar se produjo en 2016, a raíz de las protestas por la el asesinato de Burhan Wani, un conocido comandante rebelde, cuándo cerca de 150 ambulancias fueron inutilizadas para impedir el traslado de heridos.
Una de las más crueles metodologías aplicadas por Nueva Delhi es la utilización de fusiles de perdigones o pellets aparentemente no letales que hasta la fecha han matado a catorce personas. Los cartuchos tienen entre 500 y 600 diminutas bolitas de plomo que se dispersan en todas las direcciones al estallar. Si bien es muy difícil conseguir información confiable acerca del número de heridos, se sabe que desde 2016 fueron heridas más de 6 mil personas de las que 782 sufrieron graves lesiones en oculares, en muchos casos llegando a perder la vista totalmente, aunque el número puede ser infinitamente mayor ya que las autoridades de la Fuerza de Policía de la Reserva Central (CRPF), desplegada en Cachemira, reconoció que en 2016 lanzaron aproximadamente 1.3 millones de cartuchos en solo 32 días.
Son cientos los adolescentes y niños afectados por los perdigones, algunos de ellos han recibido hasta más de 200 perdigones, que dada la velocidad que penetran en el cuerpo y lo diminuto de su tamaño son prácticamente imposibles de extirpar, por lo que los afectados están condenados de por vida a llevar ese estigma de la represión. Como es el caso de Mohammad Ashraf, ciego de un ojo, que tiene alojados en su cuerpo y cabeza 635 perdigones.
Según Médicos Sin Fronteras, el 41% de los adultos en Cachemira tienen síntomas significativos de depresión tras haber vivido toda su vida en un latente y no tan latente estado de guerra, que políticos como Narendra Modi, saben aprovechar muy bien.
Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC.
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