Los cañeros de Nicaragua afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) lograron un primer importante resultado, obligando al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a considerar las denuncias de violaciones a los acuerdos firmados con la Comisión Interinstitucional del gobierno el pasado 13 de mayo de 2005. En los meses pasados, la Asociación Nicaragüense de Afectados […]
Los cañeros de Nicaragua afectados por Insuficiencia Renal Crónica (IRC) lograron un primer importante resultado, obligando al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a considerar las denuncias de violaciones a los acuerdos firmados con la Comisión Interinstitucional del gobierno el pasado 13 de mayo de 2005.
En los meses pasados, la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC), denunció a nivel nacional e internacional una serie de graves anomalías en el proceso de otorgamiento de las pensiones por riesgo laboral a miles de ex trabajadores de la caña de azúcar afectados por IRC, y a las viudas de más de 1.100 personas ya fallecidas a causa del agua contaminada con pesticidas en el Ingenio San Antonio en Chichigalpa.
A consecuencia de las fuertes protestas y denuncias de los cañeros, el INSS no tuvo más remedio que avenirse a dialogar.
Sobre esta nueva etapa de la lucha, SIREL conversó con Denis Meléndez, responsable del Área de Incidencia del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), organismo de la sociedad civil nicaragüense que está acompañando y asesorando la lucha de los afectados por IRC.
-¿Cómo sigue el proceso de negociación entre los afectados por IRC y el INSS?
-Finalmente se logró que las autoridades nacionales del Seguro Social atendieran los planteamientos formulados por la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC). Básicamente se están atendiendo cuatro aspectos que son medulares para este asunto.
El primero tiene que ver con la revisión de todos los casos de las personas que son pensionadas, pero que no están de acuerdo con la forma y, sobre todo, con los montos que están recibiendo. Se ha solicitado la revisión de cada uno de esos casos.
En segundo lugar se ha abierto un espacio de atención a las personas a las cuales se les han negado las pensiones. Muchas veces esto tiene que ver con resultados de laboratorio.
-¿Que tienen que ver los resultados de laboratorio?
-Es el tercer punto. Hay un fuerte cuestionamiento a los laboratorios privados en cuanto las personas afectadas, por todos los síntomas que presentan, evidentemente tienen un elevado grado de IRC. Pero resulta que en casi todos los casos los exámenes de laboratorio no detectaban la enfermedad y la gente comenzó a pedir que fuera un laboratorio nacional del Ministerio de Salud (MINSA) el que efectuara los exámenes.
Con las negociaciones se ha logrado que el Ministerio de Salud, a través de su Centro Nacional de Referencia y de su Laboratorio Nacional, asuma los exámenes y análisis de laboratorio, pero hay que tener en cuenta que la huelga que está atravesando el Sistema de Salud está afectando esa parte de la negociación.
Los médicos del Minsa nos han asegurado que se realizarán los exámenes para la IRC, acompañándolos con otros tipos de exámenes para garantizar resultados ciertos y confiables.
-¿Qué más resultó en las negociaciones?
-Un cuarto punto es que próximamente se van garantizando otros tipos de condiciones en la sucursal del INSS de Chichigalpa.
Ya se han trasladado a otra instalación que ofrece mejores condiciones para las personas que allí acuden, y queda pendiente lo relacionado con la evaluación del desempeño de las personas que trabajan en la sucursal.
-Este era uno de los puntos más críticos que denunciaban los afectados…
-El INSS decía que ya se había realizado una evaluación, pero lo que quieren los afectados es que se realice una evaluación con personal externo a la institución, una evaluación independiente.
Además de eso se está pidiendo una auditoría interna en la sucursal, y se ha logrado que se escuche la voz por lo menos de los cinco casos que aparecieron en la primera carta que la ANAIRC envió a la Dirección Superior del Seguro Social.
Ahora está abierta la investigación, como consecuencia de las denuncias presentadas y de las declaraciones juradas de las personas que, de alguna manera, fueron afectadas por las situaciones anómalas que se presentaron.
-¿Te refieres a las denuncias sobre los fraudes que supuestamente se estaban cometiendo en contra de los afectados?
-Sí. Se está llevando a cabo una auditoría y estamos a la espera de los resultados. El personal de la auditoría interna del INSS ha dejado abierta la posibilidad para que otras personas puedan participar en el proceso.
A lo largo del proceso hemos presentado la documentación sobre otros 303 casos similares, y otros tantos están en la espera de ser considerados. Existe también la denuncia de que las autoridades del INSS de Chichigalpa acosaron y amenazaron a las personas que habían denunciado las irregularidades.
-¿Se habló de eso en las negociaciones?
-El INSS central siempre dijo que no es política de la institución utilizar métodos intimidatorios. Es probable que haya sido una medida utilizada por los funcionarios de Chichigalpa y que las autoridades nacionales desconocían. Efectivamente, después de la denuncia pública la situación se ha calmado y no se ha vuelto a repetir.
-¿Cuáles van a ser las próximas etapas de la negociación?
-Nos vamos a reunir cada 15 días en una Comisión Bipartita integrada por el INSS y la Asociación de los Afectados por IRC, y en ese ámbito se van a revisar todas las demandas presentadas por ANAIRC.
Hay que decir que la actitud de la Dirección del INSS ha cambiado después de las denuncias y nos hemos encontrado con una posición mucho más flexible y dispuesta a la negociación.
Por ejemplo, uno de los resultados conseguidos es que en los próximos días un grupo de afectados de ANAIRC estará siendo capacitado en aquellos aspectos de la Ley de Seguridad Social que más están incidiendo en Chichigalpa. Todo lo relativo al tema de la viudez, de las pensiones por incapacidad, el proceso que hay que seguir para acceder a una pensión o cuando una pensión es denegada.
-Hay también un proceso en marcha que apunta a la unidad de todos los afectados…
-Eso es muy importante. Hemos analizado lo que ha ocurrido en Chichigalpa y hemos establecido algunos principios básicos. Hay que informar constantemente a la gente de los avances de las reuniones y negociaciones que se realizan en Managua con las autoridades del gobierno y del INSS. Cada vez que se presenta una denuncia o una demanda hay que hacerlo por escrito.
Se ha tenido el cuidado de explicarles a las personas que tienen que ir armando y organizando sus expedientes de manera seria. Se acordó de no trabajar sobre la base de los rumores sino de los hechos, y a los afectados se les pidió que comenzaran a trabajar de manera prolija, asumiendo el compromiso de presentar de manera concreta y articulada sus denuncias.
Esto dio mucha credibilidad a la Asociación, y ahora resulta que otros grupos de afectados reunidos en otras asociaciones están pidiendo integrarse a ANAIRC, para formar parte de ese proceso.
Además se está intentando abordar la situación de los cañeros que trabajan o trabajaron en otros ingenios, como por ejemplo en el Ingenio Monterrosa en El Viejo. Vamos a abrir el espacio para que otros grupos de afectados por IRC se incorporen a esta negociación.
-Queda pendiente una parte muy importante de la lucha de los cañeros, que es el Proyecto de Ley de Reforma a la Ley No. 456 «Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales, a la Ley 185, Código del Trabajo». ¿Cómo piensan actuar los cañeros?
-Hace unos cuantos días se depositó una carta en la Secretaría de la Asamblea Nacional recordándole a la Junta Directiva que en agosto de 2005 se firmaron acuerdos que tenían que ver con esta reforma de la Ley 456. Estamos en espera de que reaccionen a esa carta, aunque sabemos que en ese caso hay que hacer gestiones de manera focalizada.
Queda pendiente también establecer una negociación con el Ingenio San Antonio, en relación con el tema de la indemnización a las personas afectadas por IRC.
Debe estar claro que el tema de pensiones es responsabilidad del Instituto de Seguridad Social, pero que lo demás es responsabilidad de la empresa dueña del Ingenio San Antonio.
No hubo todavía un contacto formal, pero enviamos una carta a la empresa pidiéndole que, en el caso de una negociación, se realice de la manera más clara y transparente posible para que las personas afectadas reciban en su totalidad el beneficio.
No queremos que se repita la experiencia de que la gente sea llamada por la empresa en forma privada y que, al final, reciban una indemnización ridícula.
-¿El hecho de estar en un año electoral puede abonar a un avance en la solución de las problemáticas que presentan los sectores afectados por agrotóxicos?
-Es el momento de hacer un nuevo esfuerzo para presionar a las diferentes autoridades. En el análisis de las problemáticas hemos sugerido que haya una disgregación de la agenda. A diferencia del año pasado, cuando se presentó un solo pliego de demandas, creo que ahora hay que separarlas y que se negocien por separado.
Hay que identificar claramente en qué punto estamos en las negociaciones con el Ejecutivo, que es donde se ha avanzado un poco y de forma separada, analizar la agenda con el Legislativo y con las empresas nacionales y transnacionales.
Es difícil, pero es un esfuerzo que hay que hacer, porque son diferentes actores y cada cual tiene su propia responsabilidad.
El momento electoral podría presentar las condiciones para eso y hay que focalizarse en los diversos actores políticos que tienen que ver con los diferentes problemas.
Esto no quiere decir separar la lucha, se debe continuar siendo un sólo cuerpo pero consciente de que hay varios actores y diferentes puertas que tocar.
-¿Qué importancia tuvo la difusión de la información a nivel nacional e internacional sobre lo que estaba ocurriendo con los afectados por IRC?
-La opinión que tenemos de la comunicación social es que ha sido determinante en este y en otros casos. En la medida en que se ha logrado romper el silencio, y a pesar de que se molesten las autoridades se ha colocado en la agenda nacional toda esta problemática a través de los medios de comunicación social, recién entonces se han abordado con mayor responsabilidad.
Eso nos obliga a mantener informada, no solamente a las personas afectadas, sino a la sociedad en general y a la comunidad internacional.
Ha sido constante, por ejemplo, la labor de la UITA, que ha enviado cartas y comunicaciones a diferentes estamentos gubernamentales. Sabemos que han llegado y que en las mismas instituciones se han hecho comentarios sobre estas comunicaciones.
Para dar un ejemplo: tuve la oportunidad de recibir por cinco fuentes diferentes tres de los artículos que publicó la UITA sobre este tema. La información ha estado fluyendo y circulando a nivel nacional e internacional, y esa comunicación ha jugado un papel valiosísimo en este proceso.