La regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos ha sido una cuestión central en la agenda de las instituciones internacionales y los organismos multilaterales en la última década. Cómo avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar los abusos cometidos por las grandes corporaciones en el marco de su expansión global, que pueden encuadrarse en una dimensión socioeconómica pero que también adquieren notable importancia en términos políticos, jurídicos culturales y ambientales, se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la comunidad internacional.