Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus objetivos, y sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID -a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 […]
Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus objetivos, y sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID -a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.
Declaración de campaña
A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: «Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo».
Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina «equitativa y desarrollada». Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes1. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más pobre2.
Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.
Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales. Siempre apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la IIRSA, que ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.
Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Lo anterior fue especialmente evidente a mediados de la década de 1990. Con la Octava Reposición de Recursos, el BID diseñó una estrategia de préstamos con un promedio anual de US$7.000 millones, haciendo énfasis en proyectos que contribuyeran a temas relacionados con las transformaciones tecnológicas y productivas, la llamada modernización del Estado y el fortalecimiento del sector privado. Su objetivo no era exactamente el de reducir las inequidades de la región, sino el de avanzar decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.
No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el rol que ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la apropiación de parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los créditos otorgados a los gobiernos.
La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. Es por eso que buena parte de los proyectos impulsados por el BID han sido ampliamente cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para los pueblos de América latina y el Caribe, y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. Dichos cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que responden, al debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los deficientes procesos de evaluación integral de los costos y beneficios de los proyectos en los que participa, a las ambiguas salvaguardas sociales y ambientales, a la deficiente supervisión y fiscalización de las distintas etapas de los proyectos, a la limitada transparencia en la provisión de información y acceso a la participación, entre otros.
El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en la región frente a las consecuencias de su gestión y del impacto económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Sobre todo en la actual coyuntura, marcada por la crisis global económica, alimentaria, energética y climática, en gran medida reflejo de las políticas impulsadas por el BID y demás instituciones financieras multilaterales, es urgente evitar una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región. No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.
Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación de acciones de resistencia y construcción de alternativas, hemos organizado un encuentro popular de 3 días, paralelo a la Asamblea Anual de Gobernadores 2009 para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo largo de sus 50 años.
El trabajo examinará tres ejes temáticos:
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La crisis financiera. Para la banca multilateral, la actual crisis financiera constituye una oportunidad para aumentar la deuda con nuestros países. Un análisis detallado nos permitirá realizar un balance sobre los procesos de liberalización económica, integración comercial y privatización; sobre la ilegitimidad de las deudas reclamadas por el BID;
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Los retos de la sustentabilidad. A pesar de las salvaguardias ambientales adoptadas para su ciclo de proyectos, el BID todavía no incluye la utilización de herramientas de planificación y de ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los grandes proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro que enmarque las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y el reconocimiento de la deuda ecológica;
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Los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales. Debatiremos sobre la poca efectividad de los mecanismos de participación para la sociedad civil; sobre los efectos de la flexibilización laboral y la generación de empleo informal; el no acatamiento al derecho de los pueblos indígenas a solicitar la consulta previa que incluya el derecho a veto sobre los proyectos; sobre el alto costo y mala calidad de los servicios públicos que han sido privatizados, lo cual ha generado movimientos de usuarios («desconectados») por no poder pagarlos; sobre la falta de inclusión de temas de género; sobre la atención a la población migrante, no sólo medida por la cantidad de las remesa que llegan y que se deben canalizar, entre otros.
Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de gobiernos afines harán parte de esta gran manifestación que pretende contribuir a la articulación de una plataforma social frente al BID e incidir de forma directa en las actuaciones de la institución, cuestionando los 50 años de financiación de la desigualdad económica, el deterioro ambiental y social que se evidencian en:
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Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción, expropiación y exportación de productos primarios y en la liberalización salvaje que aumentó la desigualdad, la injusticia en término de derechos humanos y una mayor inequidad entre la región y el resto del mundo;
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La desigualdad de poder entre grupos empresariales transnacionales y las poblaciones afectadas y la imposición de los planes las políticas y los proyectos promovidos y financiados por el BID;
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La desigualdad y no satisfacción a los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para la población latinoamericana, incluyendo el agua;
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La exclusión en la toma de decisiones, perpetuando la desigualdad entre clases, géneros, etnias y razas;
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La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas del cambio climático y otros daños ambientales y sociales.
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El fracaso de las políticas y proyectos de reforma agraria para cambiar el esquema de expropiación, desplazamiento, concentración de la tierra;
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Sus discursos populistas (Verbi gratia: «oportunidades para la mayoría»), que no han tenido efecto alguno en la exclusión persistente y discriminación de importantes poblaciones, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otras;
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La existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya no viven en sus lugares de origen, pues han sido desplazados, expulsados, teniendo que buscar seguridad ciudadana y bienestar en otras tierras, muchos viviendo como refugiados o en condiciones de mayor pobreza e inseguridad;
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La violación permanente y sistemática de los Derechos Humanos.
Los hechos son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable repensar el desarrollo que queremos como pueblos y países de América Latina y el Caribe, que garantice un medio ambiente sano y el buen vivir de los pueblos en la región. Esperamos contar con su apoyo para alcanzar éste propósito políticamente ineludible.
Notas:
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama social de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 5.
2 Ídem.
Para mayor información, contáctenos en: http://www.frenteBID2009.org
E-mail: [email protected]
Organizaciones participantes:
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Bank Information Center – BIC (Estados Unidos);
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Bloque Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras):
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Campaña colombiana En deuda con los derechos (Colombia);
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Censat Agua Viva. Amigos de la tierra internacional (Colombia);
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Centro de Derechos Humanos y Ambiente – CEDHA (Argentina);
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Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES (Uruguay);
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Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos – LIDH (Ecuador):
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Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE (Ecuador);
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Consorcio por la Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía – (Colombia);
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Corporación de Gestión y Derecho Ambiental – ECOLEX (Ecuador);
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Diálogo 2000 (Argentina)
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Frente Social y Popular de Paraguay
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Fundación Esperanza (Ecuador);
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Fundación Pachamama (Ecuador);
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Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos – INREDH (Ecuador);
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Grupo FARO (Ecuador);
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Grupo Semillas (Colombia);
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Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos – ILSA (Colombia);
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Instituto Popular de Capacitación – IPC (Colombia);
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Instituto del Tercer Mundo – ITeM (Uruguay);
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Jubileo Sur/Américas
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Jubileo Sur/México
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M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina);
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National Alliance Latin American Caribbean Communities – NALACC (Estados Unidos);
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Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif – PAPDA (Haití);
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Productividad, Biósfera y Medio Ambiente – PROBIOMA (Bolivia);
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Red de Educación Popular entre Mujeres – REPEM (Latinoamérica y Caribe);
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Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales;
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Rede Jubileo Sur Brasil;
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Red Jubileo Perú;
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Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la vida (Colombia);
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Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador);
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Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay);
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Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB (Colombia).