Aunque ahora se conmemore el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay poco que festejar. Cierto es que, paradójicamente, es el documento que más se ha traducido en el mundo, de modo que puede leerse en más de 300 lenguas diferentes. Ha servido de impulso también para que a lo largo […]
Aunque ahora se conmemore el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay poco que festejar. Cierto es que, paradójicamente, es el documento que más se ha traducido en el mundo, de modo que puede leerse en más de 300 lenguas diferentes. Ha servido de impulso también para que a lo largo del tiempo hayan proliferado pactos, convenciones, estatutos, y en definitiva, un sinfín de instrumentos que han pretendido asentar y reforzar los 30 artículos que la componen.
Pero a pesar de la profusión de iniciativas que siguieron a la Declaración Universal, ninguna de ellas ha conseguido ser vinculante u obligatoria para los Estados que las han respaldado. La falta de una jurisdicción que garantice de forma real cuantos derechos quedan estipulados incluso en las Constituciones de cada país ha provocado un desinterés general en exigir su efectividad. Ha sido cuestión de tiempo que esto diera paso, en consecuencia, a un simple desconocimiento de los derechos que deben amparar a cada ciudadano.
Así ocurre que una breve ojeada a las cifras de pobreza, por poner un caso, desvelan que casi la mitad de la población mundial, unos 3.000 millones de personas, viven por debajo del umbral (esto es, que sobreviven con menos de dos dólares al día). La pobreza extrema, o aquellos que no llegan a un dólar diario, son más de 1.400 millones, de acuerdo con la ONU, lo que entra en clara contradicción con no pocos artículos de la Declaración Universal.
Lo mismo ocurre con la esclavitud, que afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, aunque el art. 4 de la Declaración establezca que n adie estará sometido a ella. Con especial urgencia debería entonces atenderse a otra parte del escrito en la que se afirma que (art. 3) «todo individuo tiene derecho a la vida» o bien que (art. 25) «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Algo dirían sobre esto, si pudieran, los 26.000 niños menores de 5 años que mueren cada día por falta de acceso a una mínima cobertura sanitaria y nutricional.
Si se acude a la situación actual de ciertos países, se podrá observar que hay quienes sufren con mayor agudeza la violación de algunos derechos. El artículo anterior señalado, por ejemplo, sería uno de los que más rápido reclamarían los 47 millones de estadounidenses que no tienen seguro médico. Si la Declaración Universal no pudiera ser contradecida, millones de migrantes en cualquier parte del mundo pasarían por cualquier frontera con la tranquilidad de que en el art. 13 se afirma que «toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país».
Si los derechos humanos, en suma, fueran de inevitable cumplimiento, 300.000 saharauis, que viven confinados en la parte occidental del desierto argelino desde 1975, podrían levantarse de inmediato y presentarle a Marruecos esa parte en la que se explicita que (art. 28) «t oda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». Y así podrían seguir los palestinos, iraquíes, afganos, congoleños, nigerianos, somalíes, y originarios de tantas regiones que se encuentran en conflicto.
Dice el escritor Eduardo Galeano, en su libro Espejos, que fue en 1886 cuando las grandes transnacionales lograron hacer suyos los derechos que tenían las personas. Todavía tendría que pasar más de medio siglo para que se ratificara la Declaración Universal de Derechos Humanos, valorada por haber universalizado, al menos en papel, una serie de derechos básicos que hasta entonces habían ido surgiendo de manera aislada.
Todo lo anterior no hace sino ensombrecer el sexagésimo año de vigencia de un tratado que, al menos por un día, será el protagonista a su paso por los medios de comunicación. Más allá de los fastos que se presenten de cara al público, el hecho es que la Declaración Universal ha supuesto un gran avance en cuanto que triunfó su vocación ecuménica y fue acogida como el instrumento al cual podían abrazarse todas las naciones del mundo. Y precisamente porque hoy es la insignia de referencia en cuanto a reconocimiento de derechos humanos se refiere, cabría preguntarse cómo puede ser que casi cualquier Gobierno se apreste a recordarla, a elogiarla, y, con el mismo ánimo, a desentenderse de cuanto en ella está escrito. Sería de esperar que por cautela y pudor, este 10 de diciembre pudiera ser recordada con mayor sobriedad. La mayoría de los habitantes del planeta no tienen nada que celebrar.