El proyecto de constitución, también llamada la «Constitucion Bayanihan» ha sido presentado por el comité constitucional encabezado por el ex juez del Tribunal Supremo Reynato Puno al presidente Rodrigo Duterte. Pero no está inculcada del espíritu «Bayanihan», ni en su redacción ni en su puesta en práctica federalista. «Bayanihan» significa comunidad en acción, espíritu de […]
El proyecto de constitución, también llamada la «Constitucion Bayanihan» ha sido presentado por el comité constitucional encabezado por el ex juez del Tribunal Supremo Reynato Puno al presidente Rodrigo Duterte. Pero no está inculcada del espíritu «Bayanihan», ni en su redacción ni en su puesta en práctica federalista.
«Bayanihan» significa comunidad en acción, espíritu de apoyo entre todos sus miembros. La nueva constitución Bayanihan no se aproxima ni de lejos a ese concepto. No es el resultado de una consulta entre la gente o de los varios sectores y comunidades que agrupa la nación. Es la creación de un comité de 22 personas designadas por el mismo presidente Duterte. No ha habido ni una sola consulta donde se haya preguntado a las personas sobre su visión y sus propuestas para la reforma de la constitución (la «Cha-cha», de Charter Change).
De hecho, el borrador de constitución del comité constitucional fue ocultado al publico hasta que no fue entregado de manera oficial al presidente Duterte. Cuando fue finalmente hecho público, los críticos fueron calificados de insolentes y estúpidos por los miembros del comité constitucional porque los críticos no habían leído voluminosos documentos sobre federalismo como ellos.
El proyecto de constitución tiene aun que ser aprobado por tres cuartas partes del congreso bicameral constituido en «Asamblea Constituyente». El proceso está actualmente estancado porque el senado, superado en número por casi 300 miembros de la cámara baja, insiste en votaciones separadas en vez de realizar una votación conjunta, que es lo que quiere la cámara baja.
Una vez ambas cámaras aprueben una versión consolidada, tiene que ser sometida a plebiscito, para que la apruebe o rechace en un plazo de 60-90 días. Para algunos, este será un periodo de discusión pública y de debates que podría ayudar a la gente a decidir su voto. Pero un plazo de dos o tres meses no es suficiente y además ¿por qué se quiere precipitar este proceso cuando aún necesitamos más información sobre lo que supone el cambio de constitución y el federalismo?
Cuba esta en un proceso parecido de cambio constitucional. Pero su proceso incluye discusión y consulta popular del borrador constitucional a nivel de base, en las comunidades, fabricas, colegios y oficinas donde todos son animados a participar, discutir e incluso proponer enmiendas a la constitución antes de que sea votada a nivel nacional. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó un borrador de la constitución el 22 de julio de 2018 y la consulta popular, que comenzó el 13 de agosto, concluirá el 15 de noviembre. Si, serán 3 meses de discusión a nivel de base, pero incluirá propuestas de enmiendas a la constitución. La constitución enmendada será sometida a referéndum el 24 de febrero de 2019.
No hay tampoco ningún espíritu «Bayanihan» en la nueva manera en que se organizará el federalismo en Filipinas. Ahora mismo es una imposición que proviene de arriba ya que no ha habido ninguna consulta popular con las masas sobre el tipo de federalismo que se quiere construir.
Uno de los principios del federalismo es que el gobierno comparte el poder entre un centro federal y unos estados o regiones del país. Los estados federados tienen garantizados ciertos poderes por la constitución. En un gobierno unitario, como el que tenemos ahora mismo, las regiones tienen poder, pero este esta delegado por el gobierno central y la mayoría de las leyes y los procesos legales son sometidos y aprobados a nivel central.
Existen diferentes tipos de federalismo. Mientras los principios del federalismo, como los hemos definido, son los mismos, hay diferencias en cada país. El grado de poder asignado al gobierno federal y el otorgado a las regiones federadas no son los mismos en los distintos países con sistema federal. Veamos como el comité constitucional y su borrador piensa implementar el federalismo en Filipinas.
El federalismo no acaba con la pobreza
Antes vamos a analizar la propaganda de que el federalismo es la solución a la pobreza del país, especialmente al subdesarrollo impuesto por el control de los ingresos y recursos por la «Manila imperial». Un argumento simplista, que defienden los partidarios del federalismo es que todas las naciones avanzadas han prosperado gracias a su sistema federal, como los EEUU, Canadá, Alemania y Australia.
La verdad es que no todas las naciones federales son prosperas. Hay economías pobres y subdesarrolladas que no han progresado, aunque estén bajo un sistema federal desde hace mucho tiempo. Son mas pobres que nosotros, por eso no enviamos a nuestros trabajadores filipinos a estos países. Algunos de ellos están en las noticias como países arruinados por la guerra y víctimas de señores de la guerra y bandas que controlan diferentes regiones. Este ha sido el destino de países federados como Nigeria, Somalia o Sudan.
Claramente no es el sistema de gobierno lo determinante en el progreso y desarrollo de un país. Hay numerosos factores que importan sustancialmente más en el desarrollo social y económico de un país: como están organizados sus activos productivos y si sus recursos y políticas están monopolizadas o controladas por unas pocas familias.
El federalismo como una fusión de estados sostenibles
El federalismo es también el producto de la historia de un país. La mayoría de los gobiernos federados con economías avanzadas empezaron como estados separados y con economías sostenibles que se federaron o confederaron. Los EEUU fueron formados por 13 colonias que declararon su independencia del Reino Unido el 4 de Julio de 1776. El federalismo fue recogido en la constitución en 1787, la misma que aún está en vigor.
El federalismo de Canadá también proviene de la unificación de las colonias de la Provincia de Canada, New Brunswick y Nova Scotia en 1867. En Alemania, una tradición de poderosos gobiernos federales precede a la fundación del Imperio Alemán en 1871. En Australia, seis colonias alcanzaron la independencia de Gran Bretaña bajo un gobierno común («Commonwealth») federal en 1901.
Mas cerca de Filipinas, la República Federal de Malasia fue el resultado de la unificación y confederación de 13 estados, incluidos la propia Malasia, Borneo del Norte, Sarawak y Singapur. Singapur se separo en 1965 y formo su propio gobierno central.
El federalismo de Duterte
Por lo tanto, el federalismo que propone la administración de Duterte y sus aliados en el gobierno solamente puede ser visto como un federalismo a la Duterte. Supone los objetivos, diseño, estructuras y procesos promovidos por el presidente Duterte y sus aliados políticos.
El federalismo de Duterte no asegura el desarrollo regional
El borrador de la constitución no puede garantizar que el federalismo acabará con la «Manila imperial» y permitirá el desarrollo regional, confiriendo a las regiones el poder exclusivo para imponer y recaudar impuestos para su propio beneficio y programas.
Primero, bajo la constitución, el gobierno federal continuara decidiendo los principales impuestos, como el IRPF, el IVA, el impuesto al consumo y las tarifas aduaneras. Estos cuatro impuestos suponen una gran parte de la recaudación fiscal del gobierno.
Las 18 nuevas regiones federadas impondrán y recolectarán los siguientes impuestos: impuesto sobre la propiedad, impuestos sobre el patrimonio, impuestos sobre las donaciones, impuesto sobre el registro de documentos, impuesto sobre los ingresos profesionales, impuestos sobre las franquicias, el juego y el ocio, impuesto medio ambiental, impuesto sobre la contaminación, impuesto sobre el registro de vehículos, impuesto sobre el transporte y otros tantos impuestos locales.
Según el informe anual del 2016, del total de los impuestos recaudados, el 58.67% se origina gracias al impuesto sobre el salario, el 10.38% del impuesto sobre el valor añadido y el 21.03% del impuesto sobre el consumo – suponiendo un total del 90.08%. Esto significa que solo el 9.92% de los impuestos sería recaudado por las regiones federadas en el sistema federal. Bajo el prometido federalismo, la mayoría de los ingresos serían recaudados por el gobierno nacional.
Solo las regiones ricas – como la región de la capital nacional, la región III (Luzon Central) y la región IV-A (Calabarzon) – se beneficiarían de los nuevos impuestos locales debido a las recaudaciones masivas que hacen en comparación con otras regiones. En todas las demás regiones, los impuestos recaudados seguirán siendo insignificantes comparados con los del gobierno federal central.
Segundo, la Ley del gobierno local de 1991, aprobada bajo la constitución de 1987, establece que el 40% del total recaudado por el gobierno debería estar destinado a las regiones. El proyecto del del comité constitucional prevé que el 50% del total recaudado ira a las regiones. Un incremento del 10% que sería insuficiente.
Sabiendo que la mayoría de las regiones no recaudarían mucho directamente, así como a través de la fiscalidad nacional, se prevé un «fondo de ecualización» que suponga el 3% del presupuesto nacional en la nueva constitución. Un economista ha señalado que será insuficiente incluso para el presupuesto nacional del 2019 de 3.75 billones de pesos, pues un 3% supone solo 625 millones de pesos para cada región.
Aun así, la decisión sobre Mandanas del Tribunal Supremo de 4 de julio, prevé un incremento mayor sobre las recaudaciones de los gobiernos locales basado en un «reparto equitativo» de los impuestos nacionales recaudados por el gobierno central nacional. Esta es la reinterpretación del Tribunal Supremo de la sección 6 del artículo X de la constitución de 1987. Los impuestos nacionales no solo incluyen la recaudación interna sobre los ingresos, sino también el impuesto sobre el consumo, sobre el patrimonio, las tarifas aduaneras y otros. Si el proyecto de constitución es aprobado, esta conquista de los gobiernos locales será eliminada ya que todas la leyes contrarias a la nueva constitución quedarán derogadas.
El federalismo de Duterte acabaría con las conquistas de los gobiernos locales
No solo será la decisión sobre Mandanas la que quedará anulada. Todo el articulo constitucional que se refiere a los gobiernos locales, que es la base de la Ley de gobierno local de 1991, será remplazado por un artículo sobre las regiones federadas y las regiones autónomas federadas de Bangsamoro y las Cordilleras (articulo XI del borrador de la nueva constitución). Por lo tanto, no hay mención alguna de provincias, ciudades, municipios y barangays como subdivisiones políticas y territoriales de gobierno.
En la nueva constitución, no hay un mandato claro al congreso para que apruebe una Ley de gobierno local, ni transferencia de competencias a los gobiernos locales para que establezcan sus propios ingresos e impuestos y tampoco hay mención alguna que limite temporalmente el mandato de los gobernantes electos. De golpe, todas las competencias de los gobiernos locales según la Ley de gobiernos locales de 1991 desaparecerán si se aprueba la nueva constitución del comité constitucional.
Lo más probable es que los gobiernos locales sean reorganizados para ampliar la burocracia de las regiones federadas con grandes asambleas. Lo primero en desaparecer probablemente serán los «barangays» (desde los SK a los consejos) y será sustituidos por representantes uninominales como pretenden algunas propuestas de ley en tramitación en el congreso.
El federalismo de Duterte no acabará con las dinastías políticas caciquiles
El comité constitucional introduce en su borrador lo que llama «provisiones auto ejecutantes» sobre la abolición de las «dinastías políticas» en el país. Los promotores dicen que es la respuesta al mandato constitucional de 1987, que no logro implementar una prohibición sobre las dinastías porque era necesaria la aprobación de una ley previa por el congreso. El octavo congreso se constituyó en 1987, después de la ratificación de la constitución de 1987.
Desde entonces ha habido nueve congresos, incluido el actual, pero no se ha aprobado una ley que prohíba las dinastías políticas.El propio congreso está dominado y controlado por miembros de esas dinastías políticas.
El artículo V, sección 18 de la constitución del comité constitucional define «dinastía política» como aquella compuesta por familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, sobrinos, abuelos, nietos, tíos, tías, primos y medio-hermanos), que tengan o sean capaces de tener control político a través de una sucesión de cargos o que simultáneamente se postulen o tengan cargos electorales.
«Sucesión de cargos» significa que ninguna persona relacionada con un cargo electo con un segundo grado de consanguineidad o afinidad puede concurrir para el mismo cargo inmediatamente después de las elecciones. Se prohibe «concurrir simultáneamente» a un clan político si uno o más de sus miembros hasta un segundo grado de consanguineidad o afinidad se presentan a las elecciones simultáneamente o acaparan cargos electos, es decir más de uno a nivel local, regional y nacional.
Esto ultimo quiere decir que si se pueden presentar simultáneamente si un miembro del clan se presenta a un cargo nacional, como la presidencia o la vicepresidencia y otro familiar a un cargo regional (como, por ejemplo, el nuevo senado federal) o local. ¿Qué ha cambiado? Los clanes políticos lo han hecho antes, como cuando Dato Arroyo, el hijo de Gloria Matapagal Arroyo (GMA), concurrió y logro ser congresista por el segundo distrito de Camarines del Sur en 2007, cuando GMA era presidenta. Esta forma de hacer las cosas, que permite que los clanes políticos mantengan el control de varios cargos gubernamentales, continúa en la nueva constitución.
Habrá que ver si el mandato antidinástico de la constitución permanecerá intacto después de pasar por la Asamblea Constitucional. Lo más probable es que desaparezca, como ocurrió con la prohibíción de las dinastías políticas en el borrador de la Ley Orgánica de los Bangsamoro.
Según el Centro Filipino de Investigación Periodística, si por algún milagro la prohibición sobre dinastías es aprobada, solo prohibiría la sucesión y acaparación de cargos públicos por miembros de la misma familia hasta el segundo grado de afinidad o consanguineidad. ¿Y qué pasa con el constante «cambio de guardia» entre el alrededor de 200 familias que llevan dominando las 81 provincias desde hace décadas?
El Centro Filipino de Investigación Periodística señala otra trampa en el borrador constitucional si se aprueba en el plebiscito del 2019. Las elecciones sincronizadas para todos los cargos regionales y federales en mayo del 2022 serán un juego suma-cero. Es como empezar de nuevo, es decir, que todos los políticos, tanto nuevos como veteranos de cada una de las dinastías políticas podrán optar de nuevo a cargos de cuatro años e incluso también ser reelegidos de nuevo para otros cuatro. Y, además, como todos los miembros del mismo clan podrán presentarse y ganar elecciones- como harán con toda probabilidad- podrán acaparar 10 años más de reinado ininterrumpido en sus localidades durante el periodo de de 10 años de transición federalista.
El control político de las dinastías a nivel regional es aún más perjudicial para los pobres ya que estos «trapos» (políticos tradicionales) tendrán ahora el poder de aprobar leyes sobre el desarrollo socioeconómico, zonas económicas, uso territorial, vivienda y otros asuntos en sus regiones. Habrá una «carrera hasta el fondo» entre los estados federados en termino de salarios, beneficios y leyes laborales para atraer inversiones, lo que implicará una mayor presión sobre las comunidades pobres y el desahucio de gente sin recursos sin una vivienda de recambio, expropiación y especulación con las tierras distribuidas entre los colonos agrícolas y muchas otras cosas.
Finalmente, también se establece en la constitución que el congreso federal podrá aprobar por ley prohibiciones adicionales. Si se permite, el congreso federal podrá por ley también condicionar los términos de la prohibición. En cualquier caso, la prohibición de las dinastías políticas parece distante cuando depende de un congreso controlado por esas mismas dinastías.
El federalismo de Duterte probablemente promocionará a los partidos políticos de sus amigos y aliados
Aunque el proyecto de constitución establezca la «promoción y fortaleza de los partidos políticos como mecanismo de participación y gobernación democrática y ciudadana» (Articulo V), los partidos que se beneficiaran serán los tradicionales, los de los «trapos».
El borrador de la constitución estipula que el 60% de los 400 escaños en la cámara de representantes (240) serán elegidos por votación plural en cada una de las circunscripciones electorales, mientras que un 40% (160) serán votados a nivel nacional entre los partidos políticos en representación proporcional a partir de un umbral del 5%, y con escaños asignados según los votos recibidos. Será el mismo sistema electoral, pero con más escaños.
Aunque un sistema representativo de partidos suena bien, la realidad es que los partidos políticos tienen que lograr registrarse en una comisión federal electoral cuyos miembros son nombrados por el presidente con la confirmación de la Comisión de Nombramientos. La Comisión de Nombramientos estará compuesta por el presidente del Senado, 12 senadores y 12 miembros de la cámara (de los partidos políticos). Con este tipo de «Comelec» federal, los partidos políticos de los sectores marginados, como las listas de partidos de hoy en día, tendrán muy difícil atravesar esta etapa de registro, favoreciendo de nuevo a los «trapos».
En realidad, se hace más rigurosa debido a la condición impuesta a todos los cargos electivos de tener un «titulo universitario o su equivalente». Esto contradice la llamada acción afirmativa a favor de los sectores marginados y sub representados, muchos de los cuales no tienen títulos universitarios. El proyecto de Constitución también estipula que durante tres períodos consecutivos posteriores a la ratificación de la nueva Constitución, la mitad de los escaños se reserven a los partidos mediante representación proporcional (20%, o 130 de los 400 escaños) estarán reservados a los grupos de trabajadores, campesinos, urbanos pobres, pueblos indígenas y pescadores organizados bajo el paraguas de los partidos o coaliciones de partidos. Pero después de tres elecciones, todos los escaños serán para los partidos políticos, en detrimento de los más pobres.
A pesar de la creación del Fondo Democracia, administrado por la Comelec Federal, como depósito de fondos de campaña para todos los candidatos en las elecciones, los donantes pueden especificar a qué partido quieren que vayan sus contribuciones. Lo que no crea una igualdad de oportunidades como dicen.
La Cha-cha de Duterte elimina las disposiciones proteccionistas de la Constitución de 1987
En el artículo XV de Economía y Patrimonio Nacional, el proyecto mantiene el requisito de que los filipinos tengan el 60% de las acciones y la propiedad de las empresas siguientes:
• arrendamiento de tierras de dominio público;
• exploración y utilización de los recursos naturales;
• La propiedad de los medios de comunicación;
• El funcionamiento de cualquier empresa de servicios públicos; y • El funcionamiento de las instituciones educativas (distintos de los colegios establecidos por grupos religiosos y las misiones).
Por otra parte, la Constitución incluye la proverbial coletilla de que el Congreso «puede, por ley,» cambiar el requisito del 60%. Dar esta prerrogativa al Congreso significa eliminar cualquier resto de medidas proteccionistas de la actual constitución. Es el típico caso de «lo que reparte la mano izquierda, la mano derecha quita.»
El federalismo de Duterte se impondrá a través de una dictadura
El artículo XXII o las Disposiciones Transitorias del proyecto de la Concom es el más alarmante. Se impone una dictadura de la llamada Comisión Federal de Transición encabezada por el presidente. Si bien el proyecto de Constitución impone una dictadura de una Comisión, la versión Congreso, a través de la resolución de ambas cámaras Nº 8, impone una dictadura individual. Su artículo XVIII, Sección 6 de las Disposiciones Transitorias afirma: «Tras la ratificación de esta Constitución, el actual Congreso se disolverá y el actual presidente ejercerá las competencias legislativas hasta que se convoque el primer Congreso de la Unión». (Esto es lo que nos espera hasta que Duterte apruebe su propia versión del Cha-cha, ¡Dios no lo quiera!)
En la Sección 3 del Artículo XXII de las Disposiciones Transitorias del borrador de la Concom, el Presidente convocará la elección del presidente y vicepresidente de la Comisión Federal de Transición (FTC), que conducirá la transición a un sistema de gobierno federal.
La FTC tendrá las siguientes facultades y funciones: (1) formular un plan de transición para el cambio ordenado al sistema federal; (2) ejecutar el plan de transición, promulgar las normas, reglamentos, órdenes, proclamaciones, y otras publicaciones; adoptar todas las disposiciones para que se apliquen; y resolver todas las cuestiones y controversias que pudieran derivarse; y (3) ejercer todos los poderes necesarios y adecuados para garantizar una transición sin problemas, rápida y exitosa.Todo ésto, y sobre todo al tercer punto, crea un tipo de organismo muy poderoso, una dictadura de hecho, que tiene todas las facultades necesarias para llevar a cabo y poner en práctica sus planes.
Cuando los redactores de la CONCOM dieron una copia del proyecto de constitución al presidente Duterte el 9 de julio de este año, el Presidente montó toda una campaña para asegurarse que el término del presidente y del vicepresidente, que termina el 30 de junio de 2022, no se extenderá y que el actual presidente no pueda presentarse de nuevo a las elecciones de 2022 bajo la nueva constitución federal. Los redactores de la CONCOM regresaron el 12 de julio, con la prohibición solicitada. Pero ¿puede el Presidente Duterte presentarse a la FTC? En el marco del proyecto, aunque se prohíbe presentarse para presidente en las elecciones federales de 2022, no se le prohíbe concurrir a la presidencia de la poderosa Comisión Federal de Transición. Si las elecciones de la FTC se convocan en 2019, o en los seis meses posteriores a la ratificación de la nueva Constitución conforme a lo estipulado en la constitución, Bongbong Marcos será muy probablemente el vicepresidente de Duterte.
La figura más poderosa de la FTC será su presidente. El vicepresidente sólo será un compañero de equipo del presidente, es decir, cualquiera que sea el presidente sus votos serán los del vicepresidente. En el escenario de Duterte concurriendo a la FTC, Leni Robredo perderá definitivamente la vicepresidencia. Duterte ha venido preparando este escenario con sus recientes declaraciones sobre la «incompetencia» de Robredo y su «incapacidad para gobernar».
La FTC también tendrá el poder de prolongar la duración del mandato del Presidente hasta que se haya logrado una transición exitosa hacia el federalismo. La arrogación de «todos los poderes necesarios» para el presidente de la FTC también implica el poder de imponer la ley marcial para asegurar una «transición suave, rápida y exitosa al federalismo.»
La FTC es una comisión de 11 miembros, encabezada por el presidente. El vicepresidente para la Transición, el presidente del Senado, el presidente de la cámara, y todos los presidentes anteriores sólo serán miembros ex-oficio de la Comisión. No hay ninguna disposición expresa en el proyecto de constitución sobre lo que ocurrirá al Congreso, el Tribunal Supremo y todos los demás poderes del estado durante el mandato de la FTC, pero podemos suponer que eso dependerá de lo que quieran el presidente Duterte o el presidente de la FTC.
La Sección 12 del Artículo XXII incluye una premonición: «Todos los funcionarios del gobierno bajo la Constitución de 1987 continuarán en su cargo a menos que sean cesados por motivo de la reorganización de conformidad con el plan de transición». El destino del Congreso, el Consejo de Ministros y otros órganos de gobierno radica en el «plan de transición», según las indicaciones de la FTC o de su presidente.
Parece que todo esta previsto, por así decirlo, por la administración Duterte. Incluso después de la FTC, o en las elecciones de 2022, las disposiciones transitorias no prohíben presentarse al Presidente Duterte, siempre y cuando no esté ejerciendo como tal.
Otros temas
El artículo VIII, Sección 18 del Ejecutivo: Incluye la existencia de la ‘violencia sin ley’ como motivo para la suspensión del recurso de habeas corpus o la declaración del estado de sitio. La constitución de 1987 lo permitía sólo en casos de invasión o rebelión, o cuando la seguridad pública lo requiera. «La violencia sin ley» es una categoría amplia y puede ser interpretada como un aumento del número de asesinatos, asaltos y crímenes que ya están sucediendo bajo la administración Duterte.
El artículo XVI, Sección 4 sobre la justicia social: aunque la disposición sobre la reforma agraria exige la distribución justa de todas las tierras agrícolas a los campesinos sin tierra, queda de nuevo «sujeta a las prioridades y unos límites de confiscación razonables que el Congreso podrá prescribir.» El artículo X, Sección 3, E. Sobre la Comisión Federal de Derechos Humanos, en relación a las comisiones constitucionales: la definición de violación de derechos humanos ahora cubre a los perpetrados por «actores no estatales». Por lo tanto, se amplía el ámbito de cobertura de la Comisión de Derechos Humanos para que incluya la investigación y la presentación de quejas contra las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes no estatales. Esto significaría que los movimientos sociales y la sociedad civil, que no son parte del estado, pero que protesta contra el Estado, ahora puede ser acusados de violaciones de derechos humanos si la CDH lo considera necesario. El artículo XVII, Sección 2 (b) sobre Educación: aunque se mandara la educación pública gratuita en el jardín de infancia, primaria, secundaria y terciaria, la educación pública gratuita y obligatoria sólo cubre hasta el nivel secundario.
El artículo IX, Secciones 1-29 sobre el Poder Judicial: Habrá cuatro cortes federal que ejercerán todo el poder judicial:
(1) El Tribunal Supremo Federal compuesta por 9 jueces, incluyendo un Presidente;
(2) El Tribunal Constitucional Federal compuesta por 9 jueces, incluyendo un Presidente;
(3) El Tribunal Contencioso Administrativo Federal compuesta por 9 jueces, incluyendo un Presidente; y
(4) El Tribunal Federal Electoral compuesto por 15 jueces, incluyendo un Presidente del Tribunal Supremo.
Con todo, habrá cuarenta y dos (42) jueces en las altas cortes federales, un aumento de 27 magistrados del Tribunal Supremo de la actual Corte Suprema.
La división de la Corte Suprema en cuatro cortes federales no solo es cara, debido al aumento del número de magistrados del Tribunal Supremo, sino que implica un debilitamiento de los poderes del poder judicial, un poder del estado supuestamente equivalente al poder ejecutiva y legislativo.
Según el ex juez asociado Vicente Mendoza, ello dará lugar a un sistema de control y equilibrios del estado más débil. [6]
El coste de cambiar al sistema federal es también un gran problema para un país que sufre una crisis tras otra debida al despilfarro y la corrupción de los funcionarios públicos. Habrá un aumento del número de burócratas, como el aumento de 36 senadores en el gobierno federal, de 400 representantes en la cámara baja, de 374 legisladores adicionales de las 18 regiones federadas, los nuevos tribunales en los niveles federal y regional , y otros. El «coste burocrático» oscila entre los 72 mil millones de pesos, según las estimaciones del Instituto Filipino de Estudios de Desarrollo (PIDS), hasta los 130 mil millones de la Autoridad Nacional y Desarrollo Económico (NEDA).
Por último, la Cha-cha de Duterte ni siquiera menciona los derechos de soberanía de nuestro país sobre el archipiélago Spratly en el Mar Oeste de Filipinas. Es una deferencia de la administración Duterte a las reclamaciones del gobierno chino sobre todo este mar, a cambio de préstamos para su programa ¡Construir! ¡Construir! ¡Construir!
Lo que está detrás de la Cha-cha y el federalismo
Parafraseando a mi locutor de radio favorito: «¿Cuál es el significado de todo esto?»
Todos los regímenes anteriores después de Cory Aquino, con la excepción de su hijo Noynoy, han intentado la reforma constitucional. Fidel «FVR» Ramos intentó hacerlo, Joseph «Erap» Estrada la inició sin éxito, y Gloria Macapagal Arroyo «GMA» la impulso abiertamente. Todos estos intentos fallidos de la Cha-cha siempre ha implicado extender la duración del mandato presidencial. «Seis años no es suficiente», ha sido el grito de guerra de la Cha-cha.
La Cha-cha también se asocia con una mayor «liberalización» de la economía mediante la eliminación de todas las «disposiciones proteccionistas» de la Constitución de 1987. El ex presidente Erap Estrada defendió con firmeza durante su mandato que la economía filipina debía sumarse a la «globalización».
La propuesta de la Cha-cha de Duterte no es diferente. El tema del federalismo, que surgió en época de GMA, ha vuelto con venganza. Ahora se ha convertido en la panacea para todo lo que perturba al país. Identifica al enemigo como la «Manila imperial» y el «Dilawan» que quieren perpetuar el desequilibrado desarrollo del país.
Pero la Cha-cha de Duterte no trata de promover el desarrollo regional, ni un mayor bienestar y beneficios para los pobres. Y está muy lejos de redistribuir la riqueza para combatir la pobreza. Por un lado, se trata de abrir la economía a los dictados e intereses del gran capital global. El proyecto de constitución de la Concom encargado por el Presidente Duterte al Comité Puno da fe de su intento de acabar con las disposiciones proteccionistas que quedan en la Constitución de 1987.
Por otra parte, la agenda del federalismo de Duterte es similar a los intentos de administraciones anteriores para extender el mandato presidencial. Bajo toda la propaganda sobre el federalismo se oculta la intención de consolidar y fortalecer el poder sectario y caciquil de Duterte en el gobierno. La constitución abre la puerta a una forma parcial de dictadura, por lo menos, a través de la denominada Comisión Federal de Transición.
Para consolidar su régimen caciquil, Duterte promete un desarrollo regional que suena muy bien a sus aliados en las regiones, aunque en términos reales, sólo unos pocos elegidos – su propio clan y aliados políticos – se beneficiarán de la distribución regional de competencias.
El federalismo de Duterte será una pesadilla para las administraciones locales, que pueden perder competencias ante los gobiernos regionales. La administración juega de boquilla a promover, ampliar y fortalecer la participación ciudadana y la gobernabilidad democrática, pero está dispuesta a desmantelar la estructura más democrática del «barangay», como han propuesto sus aliados en el Congreso, siempre y cuando se mantengan las alianzas regionales.
La consolidación del poder de Duterte busca destruir la base política de su principal rival: el antiguo partido en el poder, el Partido Liberal, que él y sus seguidores llaman despectivamente el «Dilawan». El Dilawan incluye a los sectores de la oligarquía caciquil liberal en el ámbito local, que Duterte y sus aliados quieren reemplazar con sus propios oligarcas y seguidores locales. Hay que señalar que la forma de gobernar de Duterte, sin escrúpulos y gangsteril atrae a los caciques y señores de la guerra políticos, especialmente a nivel local. Se trata de políticos con ejércitos privados y escuadrones de la muerte, que actúan para perpetuarse en el poder.
El federalismo de Duterte es un paso atrás a la época feudal, cuando los señores de la guerra se dividían el país en reinos de taifa bajo su dominio, pero manteniendo su lealtad al señor principal. La palabra tagala para señor es «poon». No es extraño que el Presidente Duterte sea ridiculizado en los medios de comunicación social como eso: Poong Duterte.
Notas:
[1] Benjamin R. Punongbayan, «Taxation under the draft ConCom constitution,» July 18, 2018, http://www.bworldonline.com/taxation-under-the-draft-concom-constitution/
[2] https://www.rappler.com/thought-leaders/209588-reasons-duterte-bayanihan…
[3] Sec. 6, el artículo X, Constitución de 1987: «Los gobiernos locales deben tener una justa distribución, según lo determinado por la ley, de los impuestos nacionales que se transferirán automáticamente.
[4] Estos incluyen la recaudación nacional de impuestos como el IVA, los impuestos sobre el consumo, DST recogidos por BIR y BOC; aranceles y derechos de aduana; 50% de la recaudación del IVA en ARMM; 30% de la recaudación nacional en RAMM; 60% de los impuestos nacionales recogidos de la explotación y el desarrollo de la riqueza nacional; 85% los impuestos especiales de fabricación de cigarrillos de Virginia y otros productos de tabaco; 50% de los impuestos nacionales recogidos bajo las Secciones 106 (IVA en bienes / propiedades) de la NIRC como adelanto del aumento en la recaudación del año anterior; 5% de los impuestos del 25% de los aranceles en favor del gobierno nacional; etcétera.
[5] http://pcij.org/stories/stats-on-the-state-of-the-regions-who-will-rule-…
[6] https://www.rappler.com/newsbreak/rich-media/209542-interview-retired-sc…
Sonny Melencio veterano activista socialista filipino, es presidente del partido político nacional Partido Lakas ng Masa (PLM), miembro del comité de dirección de la coalición Laban ng Masa, y un sobreviviente del período de ley marcial bajo Ferdinand Marcos, así como autor del libro Full Quarter Storms: Memoirs and Writings on the Philippine Left.
Fuente: http://links.org.au/philippines-duterte-cha-cha-federalism
Traducción: Alonso Ribera
Fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/filipinas-critica-de-la-reforma-constitucional-federal-de-duterte