I Las catástrofes naturales, tales como los movimientos de placas tectónicas, muchas veces sacan a la luz sismos en el ámbito de la política. El reciente terremoto en Italia -un seísmo de magnitud 6,2- puso de manifiesto que las construcciones no contaban con la licencia y las garantías estructurales adecuadas. Según la oficina estadística del […]
I
Las catástrofes naturales, tales como los movimientos de placas tectónicas, muchas veces sacan a la luz sismos en el ámbito de la política. El reciente terremoto en Italia -un seísmo de magnitud 6,2- puso de manifiesto que las construcciones no contaban con la licencia y las garantías estructurales adecuadas. Según la oficina estadística del gobierno, la construcción ilegal en dicho país llega al 18%.
Tras el terremoto, el actual primer ministro italiano, apeló al concepto de la «casa Italia», buscando dejar de lado las diferencias partidarias. Al mismo tiempo que gestiona la catástrofe, Renzi ha puesto en marcha un referéndum de reforma constitucional, que supone modificar el Senado. Se trata de una de las reformas más cruciales para el socialdemócrata, quien busca acabar con el bicameralismo perfecto, retirando al Senado de la función legislativa. La oposición ha presentado el referéndum como un plebiscito sobre su gestión, al que ha llegado sin previas elecciones -como sustituto de Enrico Letta. en febrero de 2014- y ha vinculado su continuidad en la política a su resultado, por lo cual la gestión en la reparación de los daños ocasionados por el terremoto resulta crucial para la estabilidad política del Ejecutivo.
Su predecesor, Silvio Berlusconi, lo hizo bastante bien. Respondió a la catástrofe de 2009 que acabó con la vida de 300 personas y dejó a otras 55.000 sin hogar, ordenando la construcción de nuevas ciudades en miniatura, y luego trasladó la reunión del G8 de ese año a L’Aquila, epicentro del terremoto. El hecho de ser la ciudad sede del G8, apuró los trámites, al fijar un plazo y allanar los trámites burocráticos. Sin embargo, la mala calidad de las construcciones hace que en la actualidad se encuentren en procedimientos legales. Solo en los últimos años se han empezado las obras para reconstruir el devastado centro de la ciudad de L’Aquila.
A pesar de que se establecieron nuevas normas antisísmicas para las construcciones y un sistema de seguridad para proteger su estructura, los edificios antiguos -la gran mayoría en Italia – han quedado excluidos de estas nuevas medidas y por ende son los más proclives a derrumbarse o sufrir daños en su estructura.
II
En febrero de 2010, un terremoto de 8,8 grados en escala Ritcher azotó la zona central de Chile con un saldo de 525 muertos, ocasionando pérdidas millonarias equivalentes al 18 % del Producto Bruto Interno. La reconstrucción avanzó con lentitud. El presidente Piñera, recientemente asumido, implementó un Plan de Reconstrucción donde se incluyeron diversas fuentes de financiamiento, más y mayor recaudación tributaria, venta de activos prescindibles, endeudamiento interno y externo, y uso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).
Las familias con viviendas dañadas ascendían a 397.162. El programa de reconstrucción y reparación de viviendas otorgó 195.950 subsidios, 201.212 viviendas quedaron por fuera de la cobertura estatal1.
Pese a estar prohibida por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo la utilización de adobe en la construcción de viviendas sociales, el 70% de las viviendas destruidas eran de ese material2. El terremoto develó, además, los negocios inmobiliarios entre los empresarios y el entonces presidente, Sebastián Piñera, con participación en empresas cuyos edificios fueron dañados, y en algunos casos, tuvieron que ser demolidos. Los criterios de asignación de fondos del plan de reconstrucción «Manos a la obra» fueron poco transparentes ya que no existió licitación y los primeros 8 mil millones de dólares se repartieron entre tres cadenas de materiales de construcción.
Ciertos errores administrativos con respecto a las donaciones originaron que, si bien el gobierno chileno esperaba recaudar cerca de 150 millones de dólares, solo recibiera un 10% de dicha suma. Mientras que los 300 millones de dólares provenientes de la Ley Reservada del Cobre que debían usarse en la reconstrucción, fueron invertidos en el mercado de capitales.
III
En Perú, los damnificados por el terremoto ocurrido entre el 13 y el 14 de agosto en Arequipa-el cual tuvo una magnitud de 5,3 grados en la escala de Richter-se elevó a casi 6.000 personas según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).
Arequipa fue la ciudad elegida para sellar el ciclo de debates entre los candidatos al balotaje de cara a las elecciones presidenciales de éste año. También constituyó un bastión electoral en la zona sur para Pedro Kuczynski (PPK) , quien manifestó sus condolencias a las víctimas vía Twitter, donde afirmó en menos de 140 caracteres: «Estamos llevando ayuda a Caylloma y sus distritos afectados por el sismo. VP Vizcarra ya está en la zona y Mtro. de Defensa lleva ayuda».
De los tres helicópteros enviados por el Ministro Mariano González, sólo uno estuvo en la ciudad por la noche, mientras que los dos restantes lo harían durante la mañana del lunes 15. Quien se acercó a la zona afectada representando al Ejecutivo, fue el vicepresidente Martín Vizcarra.
Las estadísticas señalan que el 60 % de las viviendas en Perú no han sido construidas en base a estándares de construcción adecuados, ya que estas viviendas han sido «autoconstruidas».
En una encuesta realizada en octubre de 2015, solo el 15 % de los encuestados afirmó tener un alto nivel de confianza en que su casa resistiría un terremoto. A ello se suma que la sismorresistencia de los edificios públicos es casi nula. Solo en el caso de Lima el 90% de las unidades educativas tienen serias deficiencias en su diseño lo que haría que queden inutilizables tras un sismo de regular intensidad. La normativa de construcción data de 1997, pero las construcciones educativas y de salud fueron realizadas tiempo antes, cuando estaba vigente la norma de 1977.
IV
Ecuador este año ha sufrido las consecuencias del terremoto más fuerte desde 1949 -7, 8 en la Escala de Richter-, con 6.998 edificaciones destruidas y otras 2.740 afectadas. Se registraron 659 fallecidos y 113 personas fueron rescatadas con vida. Al mes de junio durante la primera fase de levantamiento del Registro Único de Damnificados 5.800 familias permanecían en albergues y refugios.
El primer decreto firmado por el presidente Rafael Correa luego de la catástrofe, declaró el estado de excepción en las provincias afectadas y facilitó los fondos necesarios para hacer frente a la emergencia, sin hacer uso del dinero destinado a salud y educación.
Para la reconstrucción se ha combinado el crédito internacional a largo plazo y reformas tributarias con medidas transitorias vigentes por un año como un aumento de 2 puntos del IVA desde el 12% al 14%, a priori regresivo, a pesar de que sigue constituyendo una de las tasas más bajas del mundo. Lejos de mostrarse ortodoxo, el gobierno ecuatoriano ha planteado incluso la posibilidad de vender parte de los activos del erario público para financiar la reconstrucción sin comprometer su independencia económica a futuro.
A pesar de la existencia de la regulación correspondiente, la catástrofe pone sobre el tapete la falta de control en las construcciones por parte de los gobiernos municipales y la pugna entre los regionalismos y el gobierno central. Acontece que las regulaciones del Estado aún tienen resistencias para aplicarse en los territorios, especialmente en regiones contrarias al partido de gobierno.
V
Haití constituye el hecho más emblemático de devastación. En enero de 2010 un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter arrasó con el país más pobre del continente americano. Los efectos del sismo superaron a todos los registrados desde 1900.
De acuerdo con un informe encargado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el número de muertos oscilaba entre 46.000 y 85.000 personas. Rápidamente sobrevino un nuevo reto: el cólera. En noviembre de 2010, el gobierno haitiano contabilizaba 16.799 personas en tratamiento o que presentaban los síntomas de dicha enfermedad. Otra consecuencia devastadora consistió en la falta de agua potable.
La infraestructura del gobierno central y los gobiernos locales quedó completamente colapsada: el 60 % de la infraestructura gubernamental desapareció y el 25% de los funcionarios residentes en Puerto Príncipe fallecieron. Las condiciones socioeconómicas de extrema pobreza, los asentamientos urbanos precarios, la degradación ambiental, la debilidad del Estado y las presiones internacionales fueron los protagonistas del panorama desolador.
La reconstrucción de Haití quedó en manos de la ayuda internacional. El 76,7% del valor de los contratos concedidos por la Unión Europea en sus proyectos de reconstrucción en Haití durante 2010 y 2011 fueron entregados a empresas europeas3.
En una investigación realizada por ProPublica.com se conoció que a fines de 2011 la Cruz Roja lanzó un proyecto para construir hogares permanentes para las personas damnificadas. Sin embargo, pese a haber recibido aproximadamente 500 millones de dólares, solo se construyeron 6 casas en todo Haití.
VI
La ecuación entre riesgos geológicos y política no es sencilla. Según el Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, las desigualdades entre países pobres y ricos se manifiestan con furia ante las catástrofes naturales4.Sin embargo, el impacto de la noticia y la presión internacional pueden derivar en medidas de excepción por parte de los organismos internacionales de crédito. En el caso de Haití, su deuda fue condonada por el Fondo Monetario Internacional – 268 millones de dólares- a la vez que se benefició de un préstamo de 60 millones de dólares para contribuir a los planes de reconstrucción. Dicho empréstito a tres años tuvo una tasa de interés nula hasta el 2011 y a partir de allí se elevó alrededor del 0.5 por ciento anual. No obstante, se trata de una medida extrema ante un «deudor incobrable» que no ha vuelto a repetirse.
En términos de responsabilidad social empresarial, los terremotos dejan expuesto el rentable business de la construcción, y evidencian la ausencia de parámetros necesarios para la seguridad de la población en zonas geográficamente comprometidas. A pesar del potencial riesgo, las leyes son generalmente laxas en lo referente a construcciones antisísmicas. Además de que no se realizan los controles necesarios para verificar la adecuación de la construcción a las normas establecidas. A ello se agrega los procesos acelerados de urbanización informal en las mega ciudades globales.
Por otro lado, la corrupción y el manejo discrecional de los fondos por parte de los organismos internacionales, en ausencia de un Estado central capaz de liderar la emergencia y reconstrucción como ha sido el caso de Haití, dejan sin ayuda a centenares de personas que lo han perdido todo. Además, en tanto comienza a matizarse con el paso de los días la novedad de la noticia, los medios de comunicación tienden a olvidarse de lo acontecido, invisibilizando el desastre en poblaciones rurales y zonas periféricas o de difícil acceso.
En el caso de Ecuador, la catástrofe sirvió para que los sectores de oposición al Gobierno nacional actualizaran sus críticas respecto al excesivo gasto público y las fallas en la gestión pública. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. De acuerdo a la información presentada por el presidente Correa en su enlace sabatino en comparación con otras catástrofes naturales, como por ejemplo el caso de Katrina en Estados Unidos donde el restablecimiento del servicio eléctrico se dio a partir de la segunda semana, en Ecuador a los 8 días del terremoto el 92 % del servicio ya se había recuperado. Tampoco se reportaron epidemias posteriores al evento sísmico ni incrementos de la actividad delictiva, como si fue el caso de Haití.
Ello más que tratarse de un milagro o un descubrimiento fortuito, es consecuencia de una decisión política que tras 10 años de gobierno puede exhibir los logros en materia de infraestructura vial, educativa y de salud.
Sin embargo, ello no desconoce la importancia que desempeña la labor preventiva y la necesaria articulación entre el Estado, la sociedad civil y otras dependencias estatales. Los ejemplos en este artículo muestran que muchas veces, pese a existir las normativas de construcción anti sísmicas, tales reglas son vulneradas por las empresas constructoras en connivencia con los gobiernos locales.
Los Estados frente a la tragedia tienen dos opciones: o bien resuelven las contradicciones desde el pragmatismo económico por sobre las razones éticas y morales -en términos de vida y muerte- con el posible costo de eclosionar su legitimidad política, o logran -de manera más o menos eficiente- la triangulación de un compromiso que incluya a la sociedad civil, una responsabilidad social empresarial que permita un desarrollo sustentable -que aunque utópica pueda ser regulada de forma estatal- y una mayor articulación entre las dependencias gubernamentales. Sin duda, las fuerzas de la naturaleza patean el tablero del imaginario social, dejando expuesto el cariz netamente ideológico de la política, sus fortalezas y limitaciones en tiempos postmodernos.
Notas:
1 http://ciperchile.cl/2010/08/26/a-seis-meses-del-terremoto-los-cambios-a-las-normas-de-la-construccion-que-impulsa-la-ministra-matte/
2 http://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2015/02/emergencia-y-reconstruccion-el-antes-y-el-despues-del-terremoto-y-tsunami-del-27f.pdf
3 http://www.eldiario.es/desalambre/Haiti-despues-terremoto-espejismo-reconstruccion_0_216628702.html
4 http://nuso.org/articulo/terremoto-en-haiti-las-causas-persistentes-de-un-desastre-que-no-ha-terminado/
Este artículo se encuentra publicado en http://www.celag.org/cuando-pase-el-temblor-terremotos-y-politica/
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